Para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico, mediante esfuerzos multiagenciales concertados, disminuir la desigualdad de posibilidades…

Contras

• •La medida no detalla mecanismos de fiscalización ni auditoría específicos para asegurar que los fondos recibidos de diversas fuentes se utilicen de manera eficiente y transparente para la instalación y mantenimiento del servicio WIFI en los residenciales públicos.
• •La ley base (Ley 66-1989) en su Artículo 8, que es enmendado, ya faculta a la AVP a realizar obras de modernización y mejoramiento de la planta física, y a contratar con municipios o entidades privadas. La medida actualiza este mandato para incluir tecnología, pero no añade salvaguardas o requisitos específicos sobre la calidad del servicio, la velocidad de conexión o la cobertura dentro de los residenciales, dejando estos detalles a la discreción del Administrador.
• •La Administración de Vivienda Pública (AVP) expresó reservas sobre la ausencia de una asignación recurrente de fondos, y si bien la medida habilita la recepción de fondos de diversas fuentes, la falta de una asignación presupuestaria específica y recurrente podría limitar la sostenibilidad y escalabilidad del programa a largo plazo, dependiendo de la disponibilidad de donativos o colaboraciones.