Para establecer la “Ley de Comités de Revisión de Ejecutoria Profesional y de Calidad en Instituciones Médico-Hospitalarias”, a los fines de declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico que los reportes y procedimientos llevados a cabo por los comités de calidad y la facultad médica, establecidos con el propósito de evaluación y mejoramiento de la calidad del cuidado ofrecido por entidades de cuidado de salud, no son objeto de descubrimiento de prueba; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 136-2006, según enmendada, conocida como la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, a los fines de otorgar mayor protección a los hospitales que ofrezcan programas de internado, ya sea aprobados por las autoridades competentes de los Estados Unidos o de Puerto Rico; así como para mitigar el éxodo masivo de médicos hacia otras jurisdicciones y salvaguardar la salud pública de la ciudadanía, entre otros fines.”

La medida propone enmendar el Artículo 7 de la Ley 136-2006 para extender la limitación de responsabilidad civil a $75,000 por persona y $150,000 por múltiples reclamaciones o causas de acción. Esta protección se aplicaría a los Centros Médicos Académicos Regionales y sus miembros de facultad por procedimientos médicos realizados en funciones académicas y docentes. Además, se extiende la inmunidad a estudiantes, médicos residentes, internos y personal en entrenamiento postgraduado de instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas, actuando como eximente de responsabilidad por actos de impericia médica en el contexto de contratos con el Departamento de Salud, UPR o programas acreditados.

Para crear la “Ley de Transparencia de Precios de Servicios Hospitalarios de Puerto Rico”; establecer como política pública la divulgación obligatoria, accesible y estandarizada de los precios de servicios hospitalarios; otorgar autoridad al Departamento de Salud de Puerto Rico para adoptar reglamentos e imponer sanciones administrativas a los hospitales que incumplan; reconocer el derecho de acción privada a los pacientes afectados; y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley de Transparencia de Precios de Servicios Hospitalarios de Puerto Rico", estableciendo como política pública la divulgación obligatoria, accesible y estandarizada de los precios de servicios hospitalarios. Otorga al Departamento de Salud (DS) la autoridad para reglamentar y sancionar a hospitales incumplidores, y reconoce un derecho de acción privada para pacientes afectados. La ley busca que los hospitales publiquen información de precios de manera clara para que los pacientes puedan tomar decisiones informadas y comparar costos.

Para enmendar la Sección 16 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”, a los fines a los fines de robustecer el proceso de licenciamiento de las instituciones proveedoras de servicios de salud mental y contra la adicción, y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto del Senado 995, propone enmendar la Sección 16 de la Ley 67-1993, conocida como la Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Su objetivo declarado es fortalecer el proceso de licenciamiento de las instituciones que proveen estos servicios. Afecta directamente a las entidades que operan centros de salud mental y tratamiento de adicciones en Puerto Rico, así como a los ciudadanos que reciben estos servicios.