“Para ordenar al Departamento de Educación a implementar un Programa Integral de Mejora de la Lectura y Escritura en las escuelas públicas de Puerto Rico, establecer estándares de formación docente, fortalecer el liderazgo escolar y garantizar que todos los estudiantes alcancen competencia lectora al finalizar tercer grado; y para otros fines relacionados.”

Para ordenar al Departamento de Educación restablecer, en un término de tres (3) meses, la oficina de la Facilitadora Docente de Educación Especial en Vieques; nombrar psicólogas escolares para todas las escuelas públicas sitas en Vieques en un término de tres (3) meses; comenzar a ofrecer al estudiantado de Vieques registrado en el Programa de Educación Especial, sin dilación, servicios relacionados de terapia psicológica, según sea requerido por el Programa Educativo Individualizado (PEI) de cada estudiante, observando los requisitos éticos y derechos de confidencialidad pertinentes; garantizar, sin dilación, los servicios relacionados de terapia del habla y lenguaje y de terapia ocupacional en la frecuencia y cantidad estipulada en el PEI a todo el estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial ubicado en Vieques; comenzar a ofrecer los servicios de Educación Física Adaptada al estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial ubicado en Vieques que así lo requiera; garantizar, sin dilación, el establecimiento de espacios idóneos para ofrecer los servicios relacionados de terapia en todas las escuelas de Vieques; identificar medidas concretas para atender el estado térmico de las escuelas públicas en Vieques; y gestionar, en un término de un (1) mes, la provisión de estacionamientos en las instalaciones del puerto de Ceiba para las maestras que viajan a Vieques diariamente desde la Isla Grande de Puerto Rico; con el propósito de que se dé oportuno cumplimiento a las fuentes de derecho que gobiernan la Educación Especial, incluyendo la sentencia por estipulación del caso Rosa Lydia Vélez y otros v. Awilda Aponte Roque y otros, en su aplicación al estudiantado de la isla municipio de Vieques.

La Resolución Conjunta del Senado 75 (RCS 75) buscaba ordenar al Departamento de Educación (DEPR) restablecer la oficina de la Facilitadora Docente de Educación Especial en Vieques, nombrar psicólogas escolares, garantizar servicios de terapia psicológica, del habla y lenguaje, terapia ocupacional, y Educación Física Adaptada para estudiantes de Educación Especial en Vieques, mejorar espacios para terapias, atender el estado térmico de las escuelas y gestionar estacionamientos en Ceiba para maestras que viajan a Vieques. La medida, en su forma enmendada, proponía que la facilitadora visitara Vieques semanalmente y buscaba dar cumplimiento a la sentencia del caso Rosa Lydia Vélez.

Para ordenar al Departamento de Educación, en colaboración con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos de la Universidad de Puerto Rico, crear un sistema de certificaciones de adiestramiento y capacitación sobre asuntos relacionados a la concientización y sensibilización sobre las diferentes discapacidades para el personal docente; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación, en colaboración con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos de la Universidad de Puerto Rico (OSEI-UPR), a crear un sistema de certificaciones de adiestramiento y capacitación sobre concientización y sensibilización sobre discapacidades para el personal docente. El Departamento de Educación tendrá 90 días para coordinar con la OSEI-UPR y recopilar insumos, y un plazo adicional de 60 días para desarrollar e implementar la certificación.

Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico producir, dentro de un término de un (1) año, un informe sobre el estado térmico en las escuelas públicas.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Educación de Puerto Rico a elaborar y presentar un informe detallado sobre las condiciones térmicas en las escuelas públicas. El informe deberá ser producido dentro de un plazo de un (1) año a partir de la aprobación de la medida, y debe documentar temperaturas, evaluar soluciones de aislamiento y energías renovables, analizar la infraestructura eléctrica y proponer métricas térmicas para futuros diseños y rehabilitaciones escolares.