Para disponer que el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico establezca un protocolo de clasificación de niveles de seguridad escolar en los…

Contras

• •El Departamento de Educación argumenta que la medida no es necesaria, ya que la agencia ha implementado amplias estrategias de seguridad desde 2018, incluyendo sistemas de vigilancia, adiestramientos y protocolos, que según ellos han reducido incidentes en un 93%. Esto sugiere una posible duplicidad de esfuerzos o falta de reconocimiento de iniciativas existentes.
• •La medida impone una obligación al DEPR sin asignar fondos específicos para su desarrollo e implementación, indicando que el Departamento deberá identificar, gestionar y reasignar fondos existentes. Esto podría generar conflictos presupuestarios o desviar recursos de otros programas esenciales, como advierte la propia agencia.
• •Aunque la medida busca estandarizar criterios, la Policía de Puerto Rico señaló que la creación e implantación de programas de capacitación requieren respaldo legal específico (órdenes generales, reglamentos), y que al momento no existe una disposición legal particular que establezca un adiestramiento obligatorio bajo la Ley 8-2024, lo que podría generar incertidumbre en la aplicación de protocolos de seguridad relacionados con tiradores activos.
• •Existe el riesgo de que la clasificación de niveles de seguridad pueda ser utilizada de manera inapropiada para estigmatizar planteles o justificar cierres, a pesar de que la Asociación de Maestros recomienda explícitamente que no se use para tales fines. La falta de mecanismos de supervisión claros sobre cómo se aplicará esta clasificación podría generar controversias.