Para crear el “Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico”, a fin de incorporar códigos de emergencia para las escuelas del país; establecer la obligación de ofrecer capacitación, realizar simulacros y ejercicios para su efectividad; y disponer reglamentación.

Para ordenar al Departamento de Educación que realice un ciclo de adiestramientos con los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, sobre los protocolos que atienden situaciones de tirador activo en las escuelas públicas y sobre tiroteos en los predios cercanos a los planteles escolares, así como ordenar revisar dichos protocolos para que incluyan la notificación, participación e información a los padres, madres o encargados.

Esta Resolución Conjunta de la Cámara ordena al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) a realizar un ciclo de adiestramientos para padres, madres o encargados sobre protocolos para situaciones de tirador activo y tiroteos cercanos a escuelas. Además, ordena al DEPR a revisar dichos protocolos para incluir la notificación, participación e información a los padres, madres o encargados. Afecta directamente a los padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público de enseñanza y al DEPR como entidad implementadora.

Para enmendar la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, en su Artículo 1.02 (d) para añadir un subinciso (11); enmendar su Artículo 2.04 (b), subincisos 15 y 42; enmendar el Artículo 2.12 (q)(4); enmendar su Artículo 6.05 (m); enmendar el Artículo 9.02, para añadir un nuevo inciso (h); y, enmendar el Artículo 11.01, para añadir un inciso (h), a los fines de establecer como parte de la política pública del sistema educativo la inclusión de los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, en los protocolos que atienden situaciones donde se coloca en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes de las escuelas públicas, y establecer el deber continuo de mantenerlos informados; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 119 enmienda la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para establecer como política pública la inclusión obligatoria de padres, madres o encargados en los protocolos de seguridad escolar. Esto incluye el deber continuo de mantenerlos informados sobre situaciones que pongan en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes en las escuelas públicas. Afecta directamente al Departamento de Educación, directores escolares, consejos escolares y a las familias del sistema público de enseñanza.

Para añadir un nuevo Artículo 9.11 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer para que los secretarios de los departamentos de Educación; Corrección y Rehabilitación; de Justicia; y de Seguridad Pública, implanten, permanentemente, el denominado “Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez”, originalmente creado en virtud del Acuerdo Interagencial Número 2023-000022, el cual busca garantizar el bienestar, desarrollo y seguridad de la comunidad escolar y de la comunidad en general, mediante el ofrecimiento de charlas educativas, talleres de prevención a estudiantes y a otro personal escolar, y a través de simulacros dirigidos a atender situaciones en las que haya un tirador activo en las escuelas públicas; ampliar la cantidad de agencias gubernamentales involucradas en el referido “Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez”; derogar la Resolución Conjunta Núm. 38 de 19 de julio de 2019; y para otros fines relacionados.

La medida P. de la C. 900 propone añadir un nuevo Artículo 9.11 a la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para hacer permanente el "Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez". Este proyecto, originalmente establecido por acuerdo interagencial, será implementado por los Secretarios de Educación, Corrección y Rehabilitación, Justicia y Seguridad Pública. Busca garantizar el bienestar, desarrollo y seguridad de la comunidad escolar y general mediante charlas, talleres de prevención y simulacros para situaciones de tirador activo, ampliando la participación de agencias gubernamentales y derogando la Resolución Conjunta Núm. 38 de 2019.