Qué propone
La Ley 175-2026 crea el 'Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las Escuelas de Puerto Rico'. Establece 12 códigos específicos (ROJO, GRIS, VERDE, etc.) para diversas emergencias, define sus activadores y pictogramas, y exige su implementación en todos los planteles escolares. La medida obliga al Departamento de Educación a instalar sistemas de sonido para comunicar estos códigos, colocar carteles informativos y asegurar capacitación y simulacros semestrales para estudiantes y personal. Las agencias correspondientes tienen 180 días para adoptar que atempere sus manuales a esta ley.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida aborda la seguridad en las escuelas, un tema que ha cobrado urgencia histórica tras los terremotos de 2020 que expusieron la vulnerabilidad estructural de los planteles y la falta de mantenimiento. La creación de un sistema uniforme de códigos de emergencia busca mitigar riesgos y preparar a la comunidad escolar ante futuras crisis, respondiendo a una necesidad evidenciada por desastres naturales y la preocupación por la seguridad de los estudiantes.
En qué va
La Ley 175-2026 fue el 4 de junio de 2026 y por el Senado el 25 de junio de 2026, siendo firmada por la Gobernadora el 11 de agosto de 2026.
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Última acción · 11 de agosto de 2026
Ley 175-2026
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para disponer que el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico establezca un protocolo de clasificación de niveles de seguridad escolar en los planteles con garantías mínimas para reducir riesgos y vulnerabilidades.
Esta Ley ordena al Departamento de Educación (DE) a crear e implementar un protocolo para clasificar los niveles de seguridad en todas las escuelas públicas y privadas certificadas, estableciendo criterios de evaluación y medidas de respuesta. El DE tiene 270 días para desarrollar e implementar dicho protocolo, que deberá considerar factores criminales, estructurales y ambientales, e incluir la recopilación de informes de incidentes por parte de los directores escolares. La medida busca garantizar entornos de aprendizaje más seguros y resilientes.
Ley de Mochilas Transparentes para Escuelas Seguras de Puerto Rico.
Esta medida, la Ley de Mochilas Transparentes para Escuelas Seguras de Puerto Rico, establece como política pública la protección de los estudiantes y la prevención de objetos peligrosos en planteles escolares. Crea el mandato para que todo estudiante matriculado en escuelas públicas del Departamento de Educación (DE) utilice obligatoriamente mochilas, bultos o bolsos escolares transparentes. El DE tiene 180 días desde la aprobación de la ley para adoptar la reglamentación necesaria, incluyendo excepciones, y deberá proveer espacios seguros para el resguardo de artículos personales e íntimos de los estudiantes.
Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 187-2024 conocida como la "Ley de Internados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para incluir un núnimo de dos (2) estudiantes dotados en sus requisitos; y para oh·os fines relacionados.
Esta medida, que se convirtió en la Ley 184-2025, enmienda el Artículo 7 de la Ley 187-2024 (Ley de Internados del Gobierno). Añade como requisito obligatorio que los programas de internado gubernamental incluyan un mínimo de dos (2) estudiantes dotados, definidos según la Ley 217-2018 (CI igual o mayor de 130, con capacidades excepcionales). Afecta directamente a las agencias que ofrecen internados y a los estudiantes que buscan participar en ellos, garantizando un cupo para este grupo específico.
Para añadir un nuevo Artículo 9.11 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer para que los secretarios de los departamentos de Educación; Corrección y Rehabilitación; de Justicia; y de Seguridad Pública, implanten, permanentemente, el denominado “Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez”, originalmente creado en virtud del Acuerdo Interagencial Número 2023-000022, el cual busca garantizar el bienestar, desarrollo y seguridad de la comunidad escolar y de la comunidad en general, mediante el ofrecimiento de charlas educativas, talleres de prevención a estudiantes y a otro personal escolar, y a través de simulacros dirigidos a atender situaciones en las que haya un tirador activo en las escuelas públicas; ampliar la cantidad de agencias gubernamentales involucradas en el referido “Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez”; derogar la Resolución Conjunta Núm. 38 de 19 de julio de 2019; y para otros fines relacionados.
Esta medida añade un nuevo Artículo 9.11 a la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para hacer permanente el 'Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez'. Este proyecto, originalmente creado por acuerdo interagencial, será implementado por los Secretarios de Educación, Corrección y Rehabilitación, Justicia, y Seguridad Pública, junto a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario. Busca garantizar el bienestar, desarrollo y seguridad de la comunidad escolar y general mediante charlas, talleres de prevención y simulacros, incluyendo aquellos para situaciones de tirador activo. La medida también deroga la Resolución Conjunta Núm. 38 de 2019 y establece un reglamento conjunto y reuniones mensuales entre agencias. El proyecto debe comenzar a ofrecerse a los estudiantes a partir del 30 de noviembre de 2025.
Para enmendar los incisos (35) y (63) de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación al Secretario de Educación de diseñar e implantar un protocolo dirigido al manejo de situaciones de violencia doméstica, incluyendo la violencia en el noviazgo; y para fines relacionados.
La medida propone enmendar los incisos (35) y (63) de la Ley 85-2018, 'Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico', para obligar al Secretario de Educación a diseñar e implementar un protocolo específico para el manejo de situaciones de violencia doméstica, incluyendo la violencia en el noviazgo, dentro del sistema educativo. Afecta directamente al Departamento de Educación, su personal, y a los estudiantes que puedan verse involucrados en dichas situaciones.
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