Para añadir un nuevo inciso (m) a la Sección 6 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”, a los fines de ordenar a la antes mencionada dependencia gubernamental, establecer adiestramientos, cursos y talleres dirigidos a prevenir conducta constitutiva de violencia doméstica; se concientice sobre el efecto adverso de dicha conducta sobre la familia y la sociedad; y se preste especial atención al adecuado manejo de situaciones de crisis e ira; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (g) del Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54-1989, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de hacer obligatoria la imposición de talleres o programas de educación y reeducación para personas agresoras desde la primera orden de protección emitida; y para otros fines relacionados.

La medida PS 866 propone enmendar el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54-1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. El propósito es hacer obligatoria la imposición de talleres o programas de educación y reeducación para personas agresoras desde la primera orden de protección emitida, eliminando la discreción judicial actual. Esta medida afectaría directamente a los tribunales, al personal judicial encargado de emitir órdenes de protección, a las personas que reciben dichas órdenes y a las entidades que proveen los programas de reeducación.

Para establecer y reglamentar un sistema de respuesta de llamadas de emergencias de potenciales agresores en busca de ayuda por situaciones de violencia doméstica, el cual se conocerá como “Línea CALMA”, adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; se enmienda la Sección 6, en sus incisos (f), (i) y (j) de la Ley Núm. 67-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”; se enmienda el Artículo 9, en sus incisos (e) y (g) de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”; se añade un nuevo subinciso (6) al inciso (j) del Artículo 10, de la Ley 20-2001, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 1150 propone la creación de la "Línea CALMA", un sistema de respuesta telefónica para potenciales agresores que buscan ayuda para manejar situaciones de violencia doméstica. La línea estará adscrita a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) encargada de su fiscalización y monitoreo. La implementación se realizará en tres fases, iniciando con la orientación sobre la Línea PAS existente y culminando con una línea exclusiva de tres dígitos. Afecta directamente a potenciales agresores que deseen buscar ayuda, así como a las agencias públicas designadas para su operación y supervisión.

Para enmendar el inciso (i) de la Sección 3, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)”, a los fines de incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico a las intercesoras o intercesores legales, según definidos en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, así como a sus cónyuges e hijos; fijar su aportación; autorizar a la ASES a promulgar los reglamentos pertinentes; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley Núm. 72-1993, conocida como la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), para expandir la elegibilidad al Plan de Salud del Gobierno. Específicamente, busca incluir como beneficiarios a las intercesoras o intercesores legales definidos en la Ley Núm. 54-1989 (Ley de Violencia Doméstica), así como a sus cónyuges e hijos. Se autoriza a ASES a fijar la aportación de estos nuevos beneficiarios y a promulgar los reglamentos necesarios para su implementación.