Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 12 del 10 de diciembre de 1975, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Autorización al DTOP para Disponer o Arrendar Terrenos o Edificios que Dejaren de Ser de Utilidad Pública”, a los fines de ampliar derechos preferentes para la adquisición de propiedades del Gobierno de Puerto Rico con el objetivo de reconocer el derecho de adquisición preferente a los usufructuarios y arrendadores, así como sus herederos o causahabientes al momento de disponer de bienes inmuebles gubernamentales que dejaron de tener utilidad pública; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Usufructuarios y arrendatarios de propiedades gubernamentales que hayan invertido en mejoras, así como sus herederos y causahabientes, y potencialmente dueños de predios colindantes en ciertos escenarios.

Preocupa a:

El Gobierno de Puerto Rico podría enfrentar desafíos en la valoración de propiedades y en la resolución de disputas sobre las mejoras realizadas por los ocupantes. También podría haber preocupaciones sobre la planificación territorial si los terrenos enajenados parcialmente no cumplen con requisitos de zonificación.

Quién paga o decide:

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a través de su Secretario, es el custodio de las propiedades y quien resuelve sobre su disposición. Los costos de operación y los procesos de enajenación recaen sobre el DTOP, y la financiación de las mejoras recae sobre los usufructuarios/arrendatarios.