Para enmendar la Regla 510 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, a los fines de actualizar la referencia interna sobre renuncia a privilegios; añadir una nueva Regla 517, para reconocer estatutariamente el privilegio cualificado de la persona que ejerce la libertad de prensa respecto a sus fuentes e información confidencial, conforme a la protección constitucional de la libertad de expresión y de prensa; reenumerar las actuales Reglas 517 y 518 como Reglas 518 y 519, respectivamente; disponer normas sobre el alcance, aplicación, renuncia e interpretación de dicho privilegio; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para la Protección de Fuentes Periodísticas” a los fines de que los periodistas o reporteros en Puerto Rico no sean obligados a revelar la identidad de cualquiera de sus fuentes de información confidenciales ni sean sancionados por negarse a revelarlas, establecer penalidades y causas de acción en protección al periodista, medio de comunicación o fuente; y para otros fines.

El P. del S. 304 buscaba establecer la "Ley para la Protección de Fuentes Periodísticas" en Puerto Rico. La medida proponía prohibir que cualquier persona, agencia, instrumentalidad, rama de gobierno o funcionario público obligara a periodistas, reporteros o medios de comunicación a revelar la identidad de sus fuentes confidenciales, o a proveer cualquier otra información relacionada. También buscaba establecer penalidades y causas de acción para proteger a periodistas, medios y fuentes.

Para añadir una Regla 507-1 en las Reglas de Evidencia de 2009, según enmendadas, a los fines de reconocer el privilegio de confidencialidad en las labores de los trabajadores sociales; y para otros fines relacionados.

La medida propone añadir la Regla 507-1 a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico para establecer un privilegio de confidencialidad para las comunicaciones entre trabajadores sociales y sus clientes o víctimas. Busca proteger la información obtenida durante intervenciones profesionales, tratamiento, orientación o asistencia, afectando directamente a los trabajadores sociales licenciados y a las personas que reciben sus servicios, especialmente en contextos judiciales y de protección social.

Para enmendar el sub-inciso 1 del inciso C la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a los fines de establecer que los borradores de los informes preparados por las personas peritas, así como las comunicaciones entre el abogado y la persona perita están protegidas por la doctrina del producto del trabajo (work product) del abogado.

Esta medida enmienda la Regla 23.1(c)(1) de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Establece que los borradores de informes preparados por personas peritas y las comunicaciones entre abogados y peritos estarán protegidos por la doctrina del producto del trabajo del abogado (work product). Esto aplica a todos los litigios en Puerto Rico, afectando directamente a las partes, sus abogados y los peritos que contratan.