“Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico”, con el fin de ampliar las facultades prestatarias del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para incluir facultad de entrar en negocios comerciales; y para otros fines relacionados.”

Contras

• •La medida no demuestra, mediante evidencia empírica o análisis técnico, la existencia de una deficiencia estructural en el acceso a crédito hipotecario o de consumo que justifique la incursión del BDE en estos renglones, ya que estos mercados se encuentran atendidos por la banca privada, cooperativas e instituciones especializadas.
• •La propuesta carece de un análisis de impacto fiscal conforme a los parámetros de la Ley PROMESA y una evaluación integral de los riesgos crediticios, operacionales y de capital que implicaría la expansión de la cartera del BDE; un deterioro en su cartera podría traducirse en riesgos fiscales para el Estado, dado que el Banco no capta depósitos del público, no cuenta con seguro de la FDIC y depende de fondos públicos y federales.
• •El BDE no cuenta con la infraestructura tecnológica, operacional ni el andamiaje de cumplimiento (manejo de riesgo, protección al consumidor, prevención de lavado de dinero, supervisión prudencial) necesarios para operar productos de banca al detal, lo que podría comprometer la estabilidad y solidez de la institución sin salvaguardas claras.