PS 16

Para añadir el inciso (s) al Artículo 3 de la Ley Núm. 22-1985, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico,” a los…

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Para añadir el inciso (s) al Artículo 3 de la Ley Núm. 22-1985, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico,” a los fines de ampliar y fortalecer los servicios que el Banco de Desarrollo Económico brinda a los individuos y corporaciones en general, mediante el establecimiento de cuentas de depósito en el referido banco, servicios y apoyo bancario para industrias emergentes, y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

el Artículo 3 de la Ley Núm. 22-1985 al añadir el inciso (s), que autoriza al Banco de Desarrollo Económico (BDE) a recibir depósitos en cuentas de ahorro y comerciales, sujeto al marco legal aplicable y a las políticas que establezca. Cualquier persona que pruebe domicilio en Puerto Rico podría abrir una cuenta de ahorro; no tendría tarjeta de débito o crédito ni banca por internet, salvo para consultar el balance, y solo podría transferir dinero a otras instituciones bancarias o cooperativas. El BDE podría ofrecer cuentas comerciales a corporaciones certificadas para negocios lícitos regulados, incluidas industrias emergentes, y a otras empresas que ya atiende; también podría abrir cuentas para el Gobierno y sus empleados, incluso para nómina y bonificaciones. La Junta de Directores establecería los pasos de implementación mediante resoluciones, circulares, memorandos o políticas; la ley dispone que entraría en vigor inmediatamente e incluye una cláusula de supremacía sobre normas incompatibles.

Pros

•La ley autorizaba al BDE a recibir ciertos depósitos a plazo de entidades gubernamentales y financieras, pero no contemplaba cuentas de ahorro para individuos. El cambio permitiría a residentes de Puerto Rico, incluidos empleados públicos, guardar ahorros en el BDE y recibir allí depósitos de nómina o bonificaciones; la cuenta tendría las limitaciones de uso que establece el inciso.
•La autorización de cuentas comerciales alcanza a empresas de industrias emergentes que cumplan los requisitos legales y a otras empresas que ya atiende el BDE, ampliando el acceso a depósitos más allá de los depósitos a plazo que permite hoy la ley base. El BDE señaló que estas cuentas podrían facilitar el pago electrónico de sus financiamientos y aumentar los fondos disponibles para reinvertir.

Contras

•El proyecto no condiciona la apertura de cuentas a que los depósitos estén asegurados ni fija cómo se protegerán antes de aceptar dinero. El BDE indicó que tendría que prepararse para obtener garantía de depósitos, por ejemplo mediante FDIC o COSSEC, además de contratar personal y ampliar su bóveda. La ley base sí da prioridad a los saldos de depositantes en una sindicatura, pero esa prioridad no equivale a un seguro de depósitos.
•La autorización incluye negocios de cannabis medicinal, y la cláusula local de supremacía no puede desplazar obligaciones federales. En su informe, el BDE advirtió que atender esas cuentas exigiría controles y documentación más estrictos, y que mantener el cumplimiento federal era importante para continuar recibiendo fondos de programas federales. El proyecto no detalla cómo se manejaría ese riesgo de cumplimiento.
•El inciso deja a la Junta de Directores definir todos los pasos mediante políticas, memorandos u otros instrumentos, sin fijar en la ley criterios mínimos para las cuentas ni un calendario de implementación. Aunque la ley base mantiene el examen del Secretario de Hacienda y una auditoría anual, no establece requisitos específicos para estas nuevas cuentas, como sus términos o condiciones de apertura.

Intereses en juego

Beneficia a:: A residentes de Puerto Rico que quieran cuentas de ahorro en el BDE, incluidos empleados públicos, y a empresas que el Banco ya atiende o que operan en industrias emergentes lícitas y reguladas. El BDE también podría recibir depósitos adicionales.
Preocupa a:: A los depositantes, si la apertura de cuentas no viene acompañada de protección de depósitos, y al BDE, por los costos de preparación y los riesgos de cumplimiento federal al atender ciertos sectores.
Quién paga o decide:: El articulado no asigna fondos ni identifica una fuente para los costos. El BDE tendría que asumir la preparación operativa que describió en su informe; la Junta de Directores decidiría los pasos de implementación. Según la ley base, la Junta incluye cinco miembros ex officio del Gobierno y cuatro representantes del sector privado nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.

En qué va

El Senado aprobó la medida con el 2 de junio de 2025. El 9 de junio pidió que se devolviera para reconsiderarla y la Cámara accedió el 10 de junio; por tanto, ese trámite no equivale a que la medida haya entrado en vigor como ley.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 10 de junio de 2025

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Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 19 (68%)En contra: 6 (21%)Ausente: 3 (11%)

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Votación

Senado · Aprobada

2 de junio de 2025

19 A favor6 En contra3 Ausente

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Recorrido

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Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•La ley autorizaba al BDE a recibir ciertos depósitos a plazo de entidades gubernamentales y financieras, pero no contemplaba cuentas de ahorro para individuos. El cambio permitiría a residentes de Puerto Rico, incluidos empleados públicos, guardar ahorros en el BDE y recibir allí depósitos de nómina o bonificaciones; la cuenta tendría las limitaciones de uso que establece el inciso.
•La autorización de cuentas comerciales alcanza a empresas de industrias emergentes que cumplan los requisitos legales y a otras empresas que ya atiende el BDE, ampliando el acceso a depósitos más allá de los depósitos a plazo que permite hoy la ley base. El BDE señaló que estas cuentas podrían facilitar el pago electrónico de sus financiamientos y aumentar los fondos disponibles para reinvertir.

Contras

•El proyecto no condiciona la apertura de cuentas a que los depósitos estén asegurados ni fija cómo se protegerán antes de aceptar dinero. El BDE indicó que tendría que prepararse para obtener garantía de depósitos, por ejemplo mediante FDIC o COSSEC, además de contratar personal y ampliar su bóveda. La ley base sí da prioridad a los saldos de depositantes en una sindicatura, pero esa prioridad no equivale a un seguro de depósitos.
•La autorización incluye negocios de cannabis medicinal, y la cláusula local de supremacía no puede desplazar obligaciones federales. En su informe, el BDE advirtió que atender esas cuentas exigiría controles y documentación más estrictos, y que mantener el cumplimiento federal era importante para continuar recibiendo fondos de programas federales. El proyecto no detalla cómo se manejaría ese riesgo de cumplimiento.
•El inciso deja a la Junta de Directores definir todos los pasos mediante políticas, memorandos u otros instrumentos, sin fijar en la ley criterios mínimos para las cuentas ni un calendario de implementación. Aunque la ley base mantiene el examen del Secretario de Hacienda y una auditoría anual, no establece requisitos específicos para estas nuevas cuentas, como sus términos o condiciones de apertura.

Intereses en juego

Beneficia a:: A residentes de Puerto Rico que quieran cuentas de ahorro en el BDE, incluidos empleados públicos, y a empresas que el Banco ya atiende o que operan en industrias emergentes lícitas y reguladas. El BDE también podría recibir depósitos adicionales.
Preocupa a:: A los depositantes, si la apertura de cuentas no viene acompañada de protección de depósitos, y al BDE, por los costos de preparación y los riesgos de cumplimiento federal al atender ciertos sectores.
Quién paga o decide:: El articulado no asigna fondos ni identifica una fuente para los costos. El BDE tendría que asumir la preparación operativa que describió en su informe; la Junta de Directores decidiría los pasos de implementación. Según la ley base, la Junta incluye cinco miembros ex officio del Gobierno y cuatro representantes del sector privado nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.

En qué va

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