“Para añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 2.110 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer como nuevo requisito de contratación en las agencias, corporaciones, departamentos e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico la obligación de retener en el origen y remitir a los gobiernos locales el monto total correspondiente al pago de arbitrios de construcción relacionado con cualquier programación, gerencia, diseño, inspección y/o ejecución de obras de construcción que se contraten; y para otros fines relacionados.”

Para añadir un inciso (k) al Artículo 33 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer requisitos de capacidad financiera mínima para licitadores en procesos de evaluación y adjudicación de propuestas relacionadas con la reconstrucción del País, sufragadas total o parcialmente con fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); disponer un mecanismo excepcional para la atención de trabajos o daños ocultos no previsibles que, de no atenderse, provocarían la paralización total de las obras; establecer salvaguardas, certificaciones y procesos de validación por parte de la entidad contratante; extender su aplicabilidad a agencias, corporaciones públicas, municipios y otras entidades cobijadas por el ordenamiento de subastas y contratación pública; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 1073 propone añadir un inciso (k) al Artículo 33 de la Ley 73-2019 (Ley de Centralización de Compras). Establece que licitadores en proyectos de reconstrucción financiados total o parcialmente con fondos FEMA deben demostrar una capacidad financiera mínima adicional del 20% del monto de la propuesta para cubrir trabajos o daños ocultos imprevistos. También crea un mecanismo excepcional para atender y pagar dichos trabajos, con salvaguardas y certificaciones, y extiende esta exigencia a agencias, corporaciones públicas y municipios.

Para enmendar el Artículo 2.099 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer el deber de las agencias, corporaciones, departamentos e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico de expedir a los municipios, de forma automática, las certificaciones de deuda que son requeridas para la elaboración de los presupuestos municipales; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 2.099 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para obligar a las agencias, corporaciones, departamentos e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a expedir de forma automática las certificaciones de deuda que los municipios necesitan para elaborar sus presupuestos anuales. El objetivo es agilizar este proceso para los municipios.

Para enmendar los Artículos 2.112; 2.030; 2.035 y el 3.058 de la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico, para disponer el estricto cumplimiento con el inciso (d) del Artículo 2.035 del Código Municipal de Puerto Rico en la otorgación de todo contrato para el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos, la prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos y los contratos de arrendamiento de propiedad municipal, mueble e inmueble, que incidan en los contratos para el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos o los contratos para proveer espacio a entidades públicas o a personas o entidades privadas en predios, solares, aceras u otra propiedad municipal para la ubicación provisional o permanente de recipientes, equipos, estructuras o instalaciones de cualquier naturaleza o propósito, que permita la recolección de desperdicios sólidos y materiales reciclables; y la prestación de servicios de manejo de desperdicios sólidos; para establecer por vía de excepción a lo anterior los contratos otorgados por razón de los efectos de una emergencia debidamente declarada por las autoridades competentes; y para otros fines relacionados.

La medida busca enmendar varios artículos del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), específicamente los Artículos 2.112, 2.030, 2.035 y 3.058. Su objetivo principal es exigir el cumplimiento estricto del inciso (d) del Artículo 2.035 para la contratación de servicios y el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos, así como arrendamientos de propiedad municipal relacionados. Se establece una excepción para contratos de emergencia debidamente declaradas. La enmienda parece orientada a reemplazar la contratación directa, que actualmente es común para estos servicios, por procesos de subasta pública o licitación.