PS 8

Para enmendar las Secciones 1010.01, 1010.05, 1021.02, 1022.04, 1022.07, 1034.04, 1035.08, 1040.02, 1061.03, 1061.04, 1061.16, 1061.17, 1061.25, 1063.05…

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Para enmendar las Secciones 1010.01, 1010.05, 1021.02, 1022.04, 1022.07, 1034.04, 1035.08, 1040.02, 1061.03, 1061.04, 1061.16, 1061.17, 1061.25, 1063.05, 1063.15, 1101.01, 4010.01, 6041.10, 6051.21, 6055.03, 6055.06, y 6080.14 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; enmendar los Artículos 15.01, 15.03 y 17.01 de la Ley 164-2009, según enmendada, conocida como la “Ley General de Corporaciones para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 7.135 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico de 2011”; enmendar las Secciones 1020.08, 2082.02, 2082.03, 2082.04, 2082.05, 2083.01, 6011.05, 6020.10, y 6070.66 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; enmendar la Sección 2 de la Ley 132-2010, según enmendada, conocida como la “Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles”, enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales"; reducir el cumplimiento contributivo en Puerto Rico estableciendo el marco conceptual para un Acuerdo Colaborativo entre el Departamento de Hacienda y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el Propósito de Consolidar la Presentación de las Planillas Presentadas por los Patronos sobre los Impuestos de Nómina relacionados a los Salarios Pagados a los Empleados; mejorar la fiscalización facilitando se transfiera información de algunas agencias del Gobierno con el Departamento de Hacienda referente a propiedades de personas; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

varias disposiciones del Código de Rentas Internas y otras leyes contributivas: permite a ciertas compañías de responsabilidad limitada elegir el tratamiento de entidad ignorada aunque su único dueño no sea residente, y eleva de $3 millones a $10 millones el promedio de ingresos brutos que permite a un negocio usar el método de recibido y pagado para años contributivos iniciados después del 31 de diciembre de 2024. Requiere que bancos y otros proveedores de servicios financieros informen cargos cobrados a clientes comerciales, y condiciona a esa información ciertas deducciones bajo la contribución alternativa mínima. Ordena consolidar en un formulario por periodo las declaraciones patronales de nómina mediante SURI, con un acuerdo entre Hacienda y Trabajo efectivo no más tarde del 1 de enero de 2026; además, permite que municipios acuerden con Hacienda administrar por SURI el impuesto municipal sobre ventas y uso, y dispone transferencias de datos sobre vehículos, embarcaciones y alquileres a corto plazo. Extiende hasta el 31 de diciembre de 2040 la para ingresos de alquiler residencial, concede diez años adicionales de beneficios contributivos a ciertas unidades hospitalarias y amplía exenciones para agricultores bona fide con certificación, sujeto a requisitos del texto. La dispensa de informes anuales corporativos desde 2025 que aparece en los artículos 15.01 y 15.03 ya figura en esos artículos incluidos, así que no es un cambio nuevo de este proyecto.

Pros

•Para negocios con promedio de ingresos brutos anuales de hasta $10 millones, el uso del método de recibido y pagado puede evitar llevar la contabilidad contributiva por acumulación, una opción que el texto limita a negocios con ingresos de hasta $3 millones para los años contributivos de 2019 a 2024.
•Permite que agricultores bona fide con certificación, además de quienes tengan decreto, accedan a de contribución sobre la propiedad, patentes municipales y ciertos arbitrios e impuestos sobre ventas y uso. La certificación requiere cumplir el criterio de 51% de ingresos o de valor de producción o inversión, y la exención de propiedad aplica si al menos 35% de esta se usa en las actividades cubiertas.
•Concede diez años adicionales de beneficios contributivos a unidades hospitalarias acogidas a la ley al 1 de enero de 2025, una vez expire su . La Asociación de Hospitales apoyó la extensión y argumentó que ayuda a sostener la infraestructura y los servicios hospitalarios.
•Ordena consolidar en un formulario por periodo las declaraciones de nómina que patronos presentan ante Hacienda y Trabajo, utilizando SURI. Si se implementa como dispone el texto, los patronos podrían hacer esas presentaciones mediante un solo sistema y formulario por periodo.

Contras

•El artículo 40 permite compartir con Hacienda nombres, direcciones y números de seguro social o patronal asociados a vehículos, embarcaciones y alquileres residenciales de corto plazo, además de cualquier otra información que las agencias acuerden. Aunque exige confidencialidad, ese artículo no delimita el uso de los datos ni fija controles de acceso, conservación o seguridad, lo que aumenta el riesgo de exposición de información personal.
•El programa de divulgación voluntaria impediría que Hacienda refiera al Departamento de Justicia para procesamiento criminal al contribuyente que formalice un acuerdo de pago, respecto de los periodos y tipos contributivos divulgados. El texto de este inciso no exige expresamente completar el plan de pago para conservar esa protección, por lo que podría reducir la capacidad de referir casos aunque el contribuyente no termine de pagar.
•La extensión de la sobre ingresos de alquiler hasta 2040 tiene un efecto fiscal que el informe no deja claramente conciliado: la OPAL citó una estimación de Hacienda de $31.4 millones para el año fiscal 2026, mientras que las comisiones afirmaron que desde 2001 el Gobierno no recibe pagos por esa exención. La diferencia dificulta evaluar con claridad el costo fiscal de la extensión.
•Al 21 de octubre de 2026 ya pasaron las fechas que el texto fija para que el acuerdo de nómina sea efectivo, el 1 de enero de 2026, y para solicitar la extensión ininterrumpida de beneficios hospitalarios expirados antes de 2025, el 31 de enero de 2026. Si el proyecto se aprobara después, no establece fechas sustitutas ni cómo atender esos casos.

Intereses en juego

Beneficia a:: Negocios con ingresos promedio de hasta $10 millones que puedan usar el método de recibido y pagado; agricultores bona fide que cumplan los requisitos de certificación y uso; hospitales elegibles; patronos que presentarían sus planillas de nómina en un solo formulario por periodo; y propietarios beneficiados por la de alquiler residencial hasta 2040.
Preocupa a:: Personas cuyos datos contributivos y de propiedad se transferirían a Hacienda, y contribuyentes que recurran determinaciones del DDEC, pues las vistas de revisión administrativa se realizarían ante Hacienda. También puede preocupar a quienes fiscalizan el uso de fondos públicos la falta de una estimación fiscal reconciliada para la extensión de la de alquiler.
Quién paga o decide:: El texto no asigna una partida presupuestaria específica para adaptar los sistemas y procesos; las agencias compartirían la información sin costo entre ellas, y bancos y procesadores tendrían que preparar declaraciones informativas. Los secretarios de Hacienda y Trabajo suscribirían el acuerdo de nómina; Hacienda establecería los mecanismos de SURI y los municipios decidirían voluntariamente si acuerdan usarlo. El Secretario de Agricultura expediría las certificaciones y el Secretario del DDEC podría imponer multas de hasta $10,000 por ciertos informes tardíos o no .

En qué va

El Senado aprobó el proyecto con el 3 de abril de 2025 y lo remitió a la Cámara. El 10 de abril de 2025 tuvo primera lectura en la Cámara y fue referido a comisión.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 10 de abril de 2025

Referido a Comisión(es)

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 22 (79%)En contra: 2 (7%)Ausente: 4 (14%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

3 de abril de 2025

22 A favor2 En contra4 Ausente

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Qué propone

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•Para negocios con promedio de ingresos brutos anuales de hasta $10 millones, el uso del método de recibido y pagado puede evitar llevar la contabilidad contributiva por acumulación, una opción que el texto limita a negocios con ingresos de hasta $3 millones para los años contributivos de 2019 a 2024.
•Permite que agricultores bona fide con certificación, además de quienes tengan decreto, accedan a de contribución sobre la propiedad, patentes municipales y ciertos arbitrios e impuestos sobre ventas y uso. La certificación requiere cumplir el criterio de 51% de ingresos o de valor de producción o inversión, y la exención de propiedad aplica si al menos 35% de esta se usa en las actividades cubiertas.
•Concede diez años adicionales de beneficios contributivos a unidades hospitalarias acogidas a la ley al 1 de enero de 2025, una vez expire su . La Asociación de Hospitales apoyó la extensión y argumentó que ayuda a sostener la infraestructura y los servicios hospitalarios.
•Ordena consolidar en un formulario por periodo las declaraciones de nómina que patronos presentan ante Hacienda y Trabajo, utilizando SURI. Si se implementa como dispone el texto, los patronos podrían hacer esas presentaciones mediante un solo sistema y formulario por periodo.

Contras

•El artículo 40 permite compartir con Hacienda nombres, direcciones y números de seguro social o patronal asociados a vehículos, embarcaciones y alquileres residenciales de corto plazo, además de cualquier otra información que las agencias acuerden. Aunque exige confidencialidad, ese artículo no delimita el uso de los datos ni fija controles de acceso, conservación o seguridad, lo que aumenta el riesgo de exposición de información personal.
•El programa de divulgación voluntaria impediría que Hacienda refiera al Departamento de Justicia para procesamiento criminal al contribuyente que formalice un acuerdo de pago, respecto de los periodos y tipos contributivos divulgados. El texto de este inciso no exige expresamente completar el plan de pago para conservar esa protección, por lo que podría reducir la capacidad de referir casos aunque el contribuyente no termine de pagar.
•La extensión de la sobre ingresos de alquiler hasta 2040 tiene un efecto fiscal que el informe no deja claramente conciliado: la OPAL citó una estimación de Hacienda de $31.4 millones para el año fiscal 2026, mientras que las comisiones afirmaron que desde 2001 el Gobierno no recibe pagos por esa exención. La diferencia dificulta evaluar con claridad el costo fiscal de la extensión.
•Al 21 de octubre de 2026 ya pasaron las fechas que el texto fija para que el acuerdo de nómina sea efectivo, el 1 de enero de 2026, y para solicitar la extensión ininterrumpida de beneficios hospitalarios expirados antes de 2025, el 31 de enero de 2026. Si el proyecto se aprobara después, no establece fechas sustitutas ni cómo atender esos casos.

Intereses en juego

Beneficia a:: Negocios con ingresos promedio de hasta $10 millones que puedan usar el método de recibido y pagado; agricultores bona fide que cumplan los requisitos de certificación y uso; hospitales elegibles; patronos que presentarían sus planillas de nómina en un solo formulario por periodo; y propietarios beneficiados por la de alquiler residencial hasta 2040.
Preocupa a:: Personas cuyos datos contributivos y de propiedad se transferirían a Hacienda, y contribuyentes que recurran determinaciones del DDEC, pues las vistas de revisión administrativa se realizarían ante Hacienda. También puede preocupar a quienes fiscalizan el uso de fondos públicos la falta de una estimación fiscal reconciliada para la extensión de la de alquiler.
Quién paga o decide:: El texto no asigna una partida presupuestaria específica para adaptar los sistemas y procesos; las agencias compartirían la información sin costo entre ellas, y bancos y procesadores tendrían que preparar declaraciones informativas. Los secretarios de Hacienda y Trabajo suscribirían el acuerdo de nómina; Hacienda establecería los mecanismos de SURI y los municipios decidirían voluntariamente si acuerdan usarlo. El Secretario de Agricultura expediría las certificaciones y el Secretario del DDEC podría imponer multas de hasta $10,000 por ciertos informes tardíos o no .

En qué va

El Senado aprobó el proyecto con el 3 de abril de 2025 y lo remitió a la Cámara. El 10 de abril de 2025 tuvo primera lectura en la Cámara y fue referido a comisión.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.