Para enmendar las Secciones 1010.01, 1010.05, 1021.02, 1022.04, 1022.07, 1034.04, 1035.08, 1040.02, 1061.03, 1061.04, 1061.16, 1061.17, 1061.25, 1063.05, 1063.15, 1101.01, 4010.01, 6041.10, 6051.21, 6055.03, 6055.06, y 6080.14 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; enmendar los Artículos 15.01, 15.03 y 17.01 de la Ley 164-2009, según enmendada, conocida como la “Ley General de Corporaciones para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 7.135 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico de 2011”; enmendar las Secciones 1020.08, 2082.02, 2082.03, 2082.04, 2082.05, 2083.01, 6011.05, 6020.10, y 6070.66 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; enmendar la Sección 2 de la Ley 132-2010, según enmendada, conocida como la “Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles”, enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales"; reducir el cumplimiento contributivo en Puerto Rico estableciendo el marco conceptual para un Acuerdo Colaborativo entre el Departamento de Hacienda y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el Propósito de Consolidar la Presentación de las Planillas Presentadas por los Patronos sobre los Impuestos de Nómina relacionados a los Salarios Pagados a los Empleados; mejorar la fiscalización facilitando se transfiera información de algunas agencias del Gobierno con el Departamento de Hacienda referente a propiedades de personas; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La medida delega amplias facultades al Departamento de Hacienda y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para establecer un 'Acuerdo Colaborativo' sin detallar los mecanismos específicos de intercambio de información, los protocolos de seguridad de datos, ni los plazos para su implementación. Esto podría generar discrecionalidad excesiva en la definición de los procesos y en la selección de las agencias participantes, sin una supervisión legislativa clara.
• •La disposición que permite la transferencia de información sobre propiedades de personas entre agencias gubernamentales al Departamento de Hacienda, si bien busca mejorar la fiscalización, presenta un riesgo significativo de privacidad y seguridad de datos. El texto no especifica las salvaguardas, los tipos de propiedades a ser compartidas, ni los procedimientos para garantizar que esta información no sea utilizada indebidamente o expuesta, creando una potencial laguna en la protección de datos personales.
• •Al enmendar múltiples secciones de leyes fiscales y corporativas sin detallar el alcance específico de cada cambio en el cuerpo de la ley (más allá de la exposición de motivos), la medida crea complejidad y dificulta la comprensión del impacto práctico. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas o a la aplicación inadvertida de nuevas obligaciones o exenciones, contradiciendo el objetivo declarado de simplificación.
• •La medida no establece mecanismos claros de auditoría o fiscalización sobre el propio Acuerdo Colaborativo ni sobre el proceso de transferencia de información entre agencias. La ausencia de penalidades o procesos de revisión independientes para asegurar la correcta implementación y el uso adecuado de la información compartida deja una brecha en la rendición de cuentas institucional y la protección contra posibles abusos o errores.

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