Para enmendar el inciso (E) del Artículo 39 de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, a los fines de disponer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico determinará, conforme su discreción y planes estratégicos de auditoría, la frecuencia con la cual examinará las operaciones de dicha Junta, en un término no mayor de tres (3) años.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 209-2003, según enmendada, conocida como ‘’Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico’’ con el fin de disponer que la Oficina del Contralor extienda a tres (3) años el término de las auditorías de las cuentas y operaciones del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 3 de la Ley 209-2003, conocida como la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Propone extender el plazo para las auditorías de las cuentas y operaciones del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a tres (3) años, a cargo de la Oficina del Contralor. Esto afectaría directamente la frecuencia y el alcance temporal de las revisiones fiscales y operacionales del Instituto.

Para enmendar el Artículo 22 de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, a los fines de facilitar el licenciamiento provisional de médicos; y para otros fines relacionados.

La medida PS 803 propone enmendar el Artículo 22 de la Ley 139-2008 para agilizar el otorgamiento de licencias provisionales a médicos y osteópatas. Busca facilitar la llegada de profesionales de otros estados de EE.UU. o de reputación internacional, permitiendo su ejercicio en Puerto Rico bajo ciertas condiciones, incluyendo ayuda de emergencia y servicios voluntarios. Se establece un plazo de 30 días para la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para resolver estas solicitudes, con una intervención del Secretario de Salud en caso de denegación o falta de respuesta.

Para enmendar el Artículo 81 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de extender el término mínimo para la realización de auditorías fiscales y operacionales por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico de dos (2) a tres (3) años, y para otros fines relacionados.

Esta medida buscaba enmendar el Artículo 81 de la Ley 73-2019 (Ley de Centralización de Compras) para extender el plazo mínimo para las auditorías fiscales y operacionales de la Administración de Servicios Generales (ASG) por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), de cada dos (2) años a cada tres (3) años. El objetivo declarado era armonizar los mandatos legales de auditoría con la planificación estratégica y la realidad operacional de la OCPR, que enfrenta retos de recursos humanos.