Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a fin de disponer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico determine la frecuencia con que se realizan las auditorías a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, sin que el termino exceda de tres (3) años y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 81 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de extender el término mínimo para la realización de auditorías fiscales y operacionales por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico de dos (2) a tres (3) años, y para otros fines relacionados.

Esta medida buscaba enmendar el Artículo 81 de la Ley 73-2019 (Ley de Centralización de Compras) para extender el plazo mínimo para las auditorías fiscales y operacionales de la Administración de Servicios Generales (ASG) por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), de cada dos (2) años a cada tres (3) años. El objetivo declarado era armonizar los mandatos legales de auditoría con la planificación estratégica y la realidad operacional de la OCPR, que enfrenta retos de recursos humanos.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 13 de la Ley Núm. 28 de 26 de marzo de 1979, según enmendada, conocida como “Ley del Plan de Operaciones de Puerto Rico para el Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente” a los fines de establecer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico establecerá a su discreción y de acuerdo con sus planes anuales de auditoría, la frecuencia con la que efectúa las auditorías de operaciones y cuentas del Programa.

Esta medida enmienda el Artículo 13(b) de la Ley Núm. 28 de 1979 para cambiar la frecuencia de las auditorías fiscales y operacionales que la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) realiza al Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente. Anteriormente, la ley exigía una auditoría cada dos años; ahora, la OCPR podrá realizarlas a su discreción, en un término no mayor de tres años y conforme a sus planes anuales de auditoría. Esto afecta directamente la fiscalización del manejo de propiedad excedente federal y los fondos asociados.