Para crear la “Ley de Integración de Respeto a la Vida en Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco normativo permanente de coordinación interagencial que permita identificar, articular, integrar y maximizar el uso de programas, iniciativas y servicios ya existentes en las agencias del Gobierno de Puerto Rico dirigidos a promover el respeto a la vida, la ética, la prevención de la violencia y la sana convivencia comunitaria, sin crear nuevas estructuras administrativas ni incurrir en gastos públicos adicionales, y para otros fines relacionados.

Para crear la "Ley de Reflexión y Meditación en las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico; establecer la política pública; disposiciones administrativas; y para otros fines relacionados.

La Ley 56-2026 crea la "Ley de Reflexión y Meditación en las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico". Establece que los empleados públicos tienen derecho a utilizar hasta cinco (5) minutos al inicio de su jornada laboral para reflexionar o meditar sobre su rol como servidor público, fomentando valores como el respeto, la honradez, la decencia y la transparencia. Este tiempo se considera parte de la jornada laboral y es de participación totalmente voluntaria, sin que la no participación implique penalidad. Las agencias deberán desarrollar protocolos para asegurar que el tiempo no se utilice para fines religiosos, políticos partidistas o ajenos al servicio público, y que no interrumpa las labores o la prestación de servicios.

“Para crear la “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”, a los fines de requerir que las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico que informen a los ciudadanos cuando estén interactuando con sistemas automatizados o inteligencia artificial y garantizar el derecho a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos; y para otros fines relacionados.”

La medida crea la "Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por IA". Requiere que las agencias, corporaciones públicas y contratistas del Gobierno de Puerto Rico informen claramente a los ciudadanos cuando interactúen con sistemas automatizados o inteligencia artificial, antes de que comience la interacción. Además, garantiza el derecho de toda persona a solicitar la intervención de un ser humano en cualquier gestión, consulta o servicio ofrecido por estos sistemas, asegurando una opción accesible para escalar la interacción. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), tendrán 120 días para establecer el reglamento de implementación.