Salud

Para enmendar los Artículos 1, 2, y 3 de la Ley Núm. 212-2008, a los fines de añadir la definición de “co-morbilidad”; atemperar las disposiciones de la Ley 212-2008 a la Declaración Conjunta 2022 de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica (“ASMBS” por sus siglas en inglés) y Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (“IFSO” por sus siglas en inglés) relacionadas con las recomendaciones clínicas y cubierta de beneficios para que un individuo pueda cualificar para tratamiento de su condición de obesidad mórbida y el síndrome metabólico a través de un procedimiento de cirugía bariátrica según se establece en dicha legislación, que no sean incompatibles con los parámetros establecidos por el gobierno federal para el Programa Medicaid; disponer que el paciente no necesitará de un referido médico por parte de su médico primario para poder acceder al médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica; establecer que las póliza de seguros cobijadas al amparo de esta Ley tendrán requisitos uniformes; prohibir que las organizaciones de seguros de salud o demás entidades mencionadas en esta Ley impongan consultas previas con profesionales de la salud que no sean los recomendados por el médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica al momento de solicitar dicha preautorización, como prerequisito para brindar al paciente asegurado la preautorización establecida al amparo de esta Ley; establecer que el médico especialista en medicina bariátrica o en cirugía bariátrica determinará aquellos

Enmienda los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 212-2008. Amplía la definición para incluir a personas con BMI de 30 a 34.9 y una co-morbilidad que agrave sustancialmente su riesgo; reconoce más procedimientos, y permite cubrir el balón intragástrico en planes privados si tiene aprobación de la FDA, mientras que en el Plan de Salud Gubernamental depende de la cubierta de Medicaid. Elimina el límite vigente de un procedimiento de por vida y el período de espera de hasta 12 meses que podían exigir los planes; permite intervenciones adicionales bajo criterios de necesidad médica y circunstancias excepcionales, y encomienda al Secretario de Salud reglamentar el tiempo para realizar el procedimiento. También prohíbe a los planes privados imponer criterios clínicos más restrictivos que los de la ley y exige que las denegaciones por necesidad médica expliquen el criterio y la evidencia utilizados; el Plan de Salud Gubernamental puede establecer requisitos diferentes.