Para añadir un nuevo inciso (c) a la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, a los fines de establecer que, en los casos sobre despido injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, cuando se dicte sentencia a favor del obrero y que el patrono venga obligado a pagar la mesada, los intereses a ser devengados se impondrán desde la fecha en que ocurrió el despido; y para otros fines relacionados.

Para prohibir que los patronos impongan cláusulas de arbitraje que interfieran con el derecho de los empleados a tramitar sus reclamaciones laborales de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados.

Esta medida busca prohibir que los patronos en Puerto Rico obliguen a sus empleados a aceptar cláusulas de arbitraje que les impidan presentar sus reclamaciones laborales ante los tribunales, utilizando el procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. Específicamente, declara nulas las cláusulas que prohíban el acceso a los tribunales o que condicionen la continuidad del empleo al consentimiento del empleado a dichas cláusulas. Afecta directamente a todos los empleados y patronos en Puerto Rico.

Para enmendar las Secciones 4, 5 y 15 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las medidas de fiscalización sobre los beneficios concedidos por programas ordinarios de desempleo, programas de emergencia o análogos, así como establecer un debido proceso de ley específico y puntual sobre la autoridad que tiene el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para notificar tanto al Departamento de Hacienda de Puerto Rico como al Servicio de Rentas Internas Federal sobre alguna deuda que surja por motivos de recobro de beneficios concedidos; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda las Secciones 4, 5 y 15 de la Ley Núm. 74 de 1956, conocida como Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. Amplía el plazo que tiene el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para fiscalizar y recuperar beneficios de desempleo concedidos indebidamente, incluyendo programas de emergencia. Establece un debido proceso específico para notificar deudas al Departamento de Hacienda y al Servicio de Rentas Internas Federal, afectando a reclamantes que hayan recibido fondos de forma fraudulenta o por error.

Para enmendar las Secciones 1 y 3 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”, a los fines de aclarar la intención legislativa y política pública que rige el procedimiento sumario ante los Tribunales de Puerto Rico; aclarar y establecer que solamente podrán presentarse bajo este procedimiento las reclamaciones de salarios dejados de devengar, licencias adeudadas, bono de navidad, tiempo extra o cualquier otra compensación salarial adeudada al empleado, reclamaciones de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada; excluir del proceso sumario las reclamaciones de discrimen, represalia, daños, hostigamiento sexual, acoso laboral y cualquier otra reclamación laboral que no esté incluida en el listado previamente establecido; establecer las circunstancias en las que se puede conceder una prórroga; y establecer los procedimientos ante la presentación de una moción de desestimación.

El Proyecto de la Cámara 494 buscaba enmendar la Ley Núm. 2 de 1961, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. La medida pretendía limitar las reclamaciones elegibles para el procedimiento sumario a salarios adeudados, licencias, bono de navidad, tiempo extra y despido injustificado bajo la Ley 80. Excluiría reclamaciones de discrimen, represalia, daños, hostigamiento sexual o acoso laboral. También buscaba establecer reglas sobre prórrogas y mociones de desestimación.