Para crear la Ley del Registro de Cabilderos y de Entidades que Realizan Gestiones Relacionadas al Cabildeo y sus Representantes del Gobierno de Puerto Rico, a fin de establecer la política pública sobre el ejercicio de funciones de cabildeo ante el Estado, reglamentar esta profesión, establecer penalidades, y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para el Establecimiento de un Marco Regulatorio Estricto del Cabildeo en Puerto Rico”, a los fines de imponer requisitos rigurosos para el ejercicio del cabildeo, establecer normas éticas reforzadas, prevenir conflictos de interés y la influencia indebida en la gestión gubernamental, incluyendo su extensión al cónyuge de exfuncionarios públicos, y establecer un régimen sancionador agravado; y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley para el Establecimiento de un Marco Regulatorio Estricto del Cabildeo en Puerto Rico". Impone requisitos rigurosos para ejercer el cabildeo, incluyendo registro obligatorio ante el Departamento de Justicia, normas éticas reforzadas, y un período de enfriamiento de cuatro (4) años para exfuncionarios públicos. La ley también extiende estas prohibiciones al cónyuge de dichos exfuncionarios y establece un régimen sancionador con multas de $100,000, inhabilitación permanente y posible responsabilidad penal. Afecta directamente a quienes ejercen o desean ejercer actividades de cabildeo, así como a exfuncionarios públicos y sus cónyuges.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1979, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”, a los fines de establecer cierta información mínima a ser incluida en el informe anual presentado por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico ante el Gobernador de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington; disponer para la creación de un registro de cabilderos; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Ley Núm. 77 de 1979) para requerir que su Director someta un informe anual detallado a las comisiones legislativas de Asuntos Federales. Este informe deberá incluir información sobre recursos fiscales y humanos por oficina regional, servicios prestados y población atendida, y los funcionarios deberán juramentar su veracidad. Adicionalmente, se creará un registro de cabilderos contratados por la Administración, especificando fondos asignados, propósito y detalles de los contratos, incluyendo aquellos que gestionan ante el Congreso o agencias federales.

Para crear el “Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2025”; establecer la normas éticas para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos del Gobierno; enmendar los Artículos 191 y 280, añadir un nuevo Artículo 250 derogar los actuales Artículos 250 al 267 y reenumerar los Artículos 268 al 309 como los Artículos 251 al 292 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; derogar la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; derogar la Ley 99 de 5 de mayo de 1941, según enmendada; y para otros fines.

La medida propone crear el “Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2025”, un marco legal integral para regular la conducta ética en la administración pública. Busca enmendar el Código Penal (Ley 146-2012), derogar la Ley 2-2018 (Código Anticorrupción) y la Ley 99 de 1941 (Nepotismo). Extiende normas éticas a contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos, e incorpora disposiciones sobre restitución, multas y mecanismos de cobro, además de educación ciudadana y protección a denunciantes. Afecta a servidores públicos, contratistas, suplidores, solicitantes de incentivos y a la ciudadanía en general.