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Para crear la Ley del Registro de Cabilderos y de Entidades que Realizan Gestiones Relacionadas al Cabildeo y sus Representantes del Gobierno de Puerto Rico, a…

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Para crear la Ley del Registro de Cabilderos y de Entidades que Realizan Gestiones Relacionadas al Cabildeo y sus Representantes del Gobierno de Puerto Rico, a fin de establecer la política pública sobre el ejercicio de funciones de cabildeo ante el Estado, reglamentar esta profesión, establecer penalidades, y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea una ley nueva, sin otra, que exige a las personas y entidades que hacen remunerado registrarse antes de actuar ante las ramas Ejecutiva y Legislativa, y ante las oficinas administrativas de la Rama Judicial, pero no para influir en decisiones de casos. Cada registro cuesta $250 al año y debe identificar clientes, asuntos y personas que cabildean; además, exige divulgar el cliente al iniciar cada contacto y presentar informes públicos dos veces al año, bajo pena de perjurio. Prohíbe a empleados de cualquier rama cabildear y a empleados o contratistas del Gobierno cabildear ante la agencia para la que trabajan o reciben fondos públicos; también establece un periodo de espera de un año para exfuncionarios, que se extiende al primer año del próximo cuatrienio si cesan durante el último año del cuatrienio. Una infracción puede conllevar una prohibición de cabildear de al menos diez años y, si hay condena, multas y hasta tres años de cárcel para personas naturales; las entidades pueden recibir una multa de $25,000.

Pros

•La inscripción previa y la divulgación del cliente al comenzar cada contacto permiten que funcionarios y público sepan quién intenta influir en decisiones gubernamentales. Los informes semestrales, con los asuntos tratados, deben publicarse en línea y los registros deben ofrecer datos descargables en formato abierto.
•La prohibición a empleados de cualquier rama de ejercer como , y a contratistas de cabildear ante la agencia que los emplea o paga, reduce conflictos entre el trabajo público y la representación de intereses privados.
•El periodo de espera de un año para exfuncionarios, ampliado al primer año del cuatrienio siguiente cuando cesan durante el último año del cuatrienio, limita el paso inmediato de puestos gubernamentales a actividades de ; también les prohíbe intervenir en asuntos que consideraron en su cargo.

Contras

•La definición abarca actividades remuneradas de preparación, investigación y trabajo de trasfondo, además de contactos sobre legislación, política pública y contrataciones. Por eso, profesionales y entidades que prestan servicios relacionados podrían quedar sujetos al registro, a informes bajo pena de perjurio y al cargo anual de $250 en cada registro pertinente.
•La ley impone una prohibición de cabildear de al menos diez años por incumplir sus disposiciones, sin distinguir en el texto entre una omisión menor y una infracción grave. También dispone referir a Justicia a quien incumpla para posible procesamiento, con penas que pueden alcanzar tres años de cárcel para personas naturales y multas de $25,000 para entidades.
•La fiscalización ejecutiva queda sujeta a la coordinación y aprobación previa del Gobernador, y la ley prohíbe auditar o investigar a quien haya cumplido cabalmente los requisitos. En conjunto, estas reglas pueden limitar las verificaciones independientes y hacer que la detección de incumplimientos dependa de información previa sobre una posible infracción.

Intereses en juego

Beneficia a:: La ciudadanía y quienes consultan los registros reciben información pública sobre quién cabildea, a quién representa y qué asuntos gestiona. Las personas y entidades que cumplan con la ley también tienen un procedimiento definido para registrarse y ejercer remunerado.
Preocupa a:: , consultoras y entidades que realizan gestiones remuneradas enfrentan registro previo, informes bajo pena de perjurio, cargos anuales y sanciones severas. Las oficinas públicas encargadas de mantener los registros y fiscalizar la ley asumen esas funciones.
Quién paga o decide:: Cada o entidad paga $250 anuales a cada oficina registral pertinente; la ley asigna la operación a las secretarías correspondientes, pero no especifica una partida presupuestaria. El Gobernador debe aprobar previamente los procedimientos de fiscalización de la Rama Ejecutiva; los presidentes de los cuerpos legislativos y el Presidente del Tribunal Supremo intervienen en los procedimientos de sus respectivas ramas.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

Se añadió un término de 60 días para que las secretarías adopten la necesaria para crear y poner en vigor los registros.

En qué va

La Cámara aprobó la medida el 25 de marzo de 2025 y la envió al Senado. El 31 de marzo de 2025 tuvo primera lectura en el Senado y fue referida a comisión.

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Trámite legislativo

Última acción · 31 de marzo de 2025

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Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 53 (100%)

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Votación

Cámara · Aprobada

25 de marzo de 2025

53 A favor

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