Para crear la “Ley de Transición y Reitegración Laboral de Policías Estatales Retirados de Puerto Rico”; establecer el Programa de Transición y Reintegración…

Contras

• •La ley no cuantifica la partida inicial ni estima los costos de operación, aunque exige reclutar personal y ofrecer servicios. La partida asignada a la Policía se limita al diseño, la planificación y la evaluación, sin definir cómo se cubrirán los costos recurrentes; la AAFAF había expresado reservas por la falta de estimados fiscales y de una cuantía específica, y ese vacío sigue en el texto final.
• •El plazo de implementación corre seis meses desde la aprobación, pero la ley fija su vigencia para el presupuesto de 2027-2028. No aclara si la Policía debe reclutar personal, firmar convenios e iniciar la orientación antes de que esté disponible la partida prevista, lo que deja incierta la secuencia de obligaciones y fondos.
• •El comité incluye un miembro retirado de la Policía, pero la ley no dice quién lo selecciona, cómo se selecciona ni cuánto dura su nombramiento. Esa omisión puede dejar sin una vía transparente la representación de las personas a quienes el programa debe servir.
• •La Policía administra el programa y su Superintendente preside el comité encargado de monitorearlo. Aunque el comité es interagencial y debe informar a la Asamblea Legislativa, la ley no establece una evaluación o auditoría independiente, por lo que la supervisión de la agencia que ejecuta el programa puede carecer de independencia suficiente.