PC 860

Para añadir un inciso j al Artículo 4 de la Ley Núm. 95 de 1963, según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos”, a los…

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Para añadir un inciso j al Artículo 4 de la Ley Núm. 95 de 1963, según enmendada, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos”, a los fines de disponer que, cuando un empleado tenga cubierta médica familiar mediante el plan de su cónyuge o de un familiar, no perderá el derecho a recibir la aportación patronal, sino que podrá recibirla como estipendio o subsidio para sufragar gastos médicos no cubiertos por dicho plan; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La medida la Ley Núm. 95 de 1963, conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos”, para añadir un inciso (j) al Artículo 4. Dispone que cuando un empleado público tenga cubierta médica familiar a través de su cónyuge o familiar, no perderá el derecho a la aportación patronal. En su lugar, podrá recibirla como un estipendio o subsidio mediante reembolso para sufragar gastos médicos no cubiertos por dicho plan familiar. La medida también extiende este beneficio a empleados de la Rama Judicial, Legislativa y , quienes no estaban cubiertos por la definición original de 'empleado' en la Ley 95.

Pros

•Permite que empleados públicos que ya cuentan con cubierta médica familiar (por cónyuge o familiar) reciban la aportación patronal de su empleo como un subsidio para gastos médicos no cubiertos (copagos, deducibles, etc.), en lugar de perderla. Esto amplía el beneficio directo para el empleado que ya tiene una cobertura principal.
•Extiende el derecho a recibir la aportación patronal como subsidio para gastos médicos no cubiertos a empleados y funcionarios de la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa y las , quienes estaban excluidos de la Ley 95 original, garantizando equidad en el acceso a este beneficio.

Contras

•La medida establece un mecanismo de reembolso que requiere que el empleado presente 'evidencia fehaciente' de los servicios médicos recibidos y pagos realizados. La que se establezca para este proceso podría ser compleja, lenta o restrictiva, dificultando el acceso efectivo al subsidio para algunos empleados.
•La implementación del reembolso para gastos no cubiertos podría generar duplicidad de beneficios o esquemas de gasto no contemplados inicialmente en la Ley 95, lo que podría tener un impacto fiscal no totalmente evaluado, a pesar de que la OPAL indicó que los fondos provendrían de aportaciones patronales ya existentes.
•La ACODESE advierte que convertir la aportación patronal en un estipendio en efectivo podría dificultar la fiscalización del uso real de los fondos públicos, ya que el dinero se transferiría directamente al empleado, y recomienda un análisis actuarial y fiscal detallado previo a la implementación.
•La medida delega la adopción de para su implementación al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con ASES y OCS, dentro de 180 días. La efectividad y uniformidad de esta reglamentación, especialmente en cuanto a la 'evidencia fehaciente' y el 'procedimiento uniforme y expedito', es crucial y su diseño podría generar vacíos o dificultades operacionales.

Intereses en juego

Beneficia a:: Empleados públicos que ya tienen cubierta médica familiar a través de su cónyuge o familiar, y que ahora pueden recibir la aportación patronal de su empleo como subsidio para gastos médicos no cubiertos. También beneficia a empleados de la Rama Judicial, Legislativa y que antes no estaban cubiertos por la Ley 95.
Preocupa a:: La Administración Pública y las entidades gubernamentales que deberán implementar el mecanismo de reembolso, gestionar la evidencia de gastos y establecer la , lo que podría implicar costos administrativos y de fiscalización. También preocupa a las aseguradoras y al fisco por el potencial impacto fiscal y la complejidad operativa.
Quién paga o decide:: Los fondos provienen de las aportaciones patronales ya consideradas en los presupuestos de las agencias y entidades gubernamentales. La implementación y final recae en el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con ASES y OCS, y en las autoridades correspondientes de la Rama Judicial, Legislativa y .

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

Añade la posibilidad de que la aportación patronal se reciba como estipendio o subsidio mediante reembolso para gastos médicos no cubiertos, y extiende la aplicación de la Ley 95 a ramas y previamente excluidas.

En qué va

La medida fue el 15 de septiembre de 2025 y el 11 de junio de 2026, tras pasar por varias comisiones y recibir informes. Actualmente, está en trámite en el Senado, donde fue referida a comisión el 15 de junio de 2026.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 15 de junio de 2026

Referido a Comisión(es)

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 42 (79%)En contra: 3 (6%)Abstenido: 1 (2%)Ausente: 7 (13%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Cámara · Aprobada

11 de junio de 2026

42 A favor3 En contra1 Abstenido7 Ausente

Ver cómo votó cada quien

A favor (42)

En contra (3)

Abstenido (1)

Morey Noble, Ángel

Ausente (7)

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Qué propone

Pros

•Permite que empleados públicos que ya cuentan con cubierta médica familiar (por cónyuge o familiar) reciban la aportación patronal de su empleo como un subsidio para gastos médicos no cubiertos (copagos, deducibles, etc.), en lugar de perderla. Esto amplía el beneficio directo para el empleado que ya tiene una cobertura principal.
•Extiende el derecho a recibir la aportación patronal como subsidio para gastos médicos no cubiertos a empleados y funcionarios de la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa y las , quienes estaban excluidos de la Ley 95 original, garantizando equidad en el acceso a este beneficio.

Contras

•La medida establece un mecanismo de reembolso que requiere que el empleado presente 'evidencia fehaciente' de los servicios médicos recibidos y pagos realizados. La que se establezca para este proceso podría ser compleja, lenta o restrictiva, dificultando el acceso efectivo al subsidio para algunos empleados.
•La implementación del reembolso para gastos no cubiertos podría generar duplicidad de beneficios o esquemas de gasto no contemplados inicialmente en la Ley 95, lo que podría tener un impacto fiscal no totalmente evaluado, a pesar de que la OPAL indicó que los fondos provendrían de aportaciones patronales ya existentes.
•La ACODESE advierte que convertir la aportación patronal en un estipendio en efectivo podría dificultar la fiscalización del uso real de los fondos públicos, ya que el dinero se transferiría directamente al empleado, y recomienda un análisis actuarial y fiscal detallado previo a la implementación.
•La medida delega la adopción de para su implementación al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con ASES y OCS, dentro de 180 días. La efectividad y uniformidad de esta reglamentación, especialmente en cuanto a la 'evidencia fehaciente' y el 'procedimiento uniforme y expedito', es crucial y su diseño podría generar vacíos o dificultades operacionales.

Intereses en juego

Beneficia a:: Empleados públicos que ya tienen cubierta médica familiar a través de su cónyuge o familiar, y que ahora pueden recibir la aportación patronal de su empleo como subsidio para gastos médicos no cubiertos. También beneficia a empleados de la Rama Judicial, Legislativa y que antes no estaban cubiertos por la Ley 95.
Preocupa a:: La Administración Pública y las entidades gubernamentales que deberán implementar el mecanismo de reembolso, gestionar la evidencia de gastos y establecer la , lo que podría implicar costos administrativos y de fiscalización. También preocupa a las aseguradoras y al fisco por el potencial impacto fiscal y la complejidad operativa.
Quién paga o decide:: Los fondos provienen de las aportaciones patronales ya consideradas en los presupuestos de las agencias y entidades gubernamentales. La implementación y final recae en el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con ASES y OCS, y en las autoridades correspondientes de la Rama Judicial, Legislativa y .

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