Para enmendar los Artículos 2, 7, 9 y 10 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, a los fines de disponer que toda la información que deba publicarse en los portales de Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las disposiciones de dicha Ley, esté disponible en los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, a los fines de disponer para la publicación de los planes estratégicos de actividades, los planes de ejecución anual y los informes de resultados que todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, vienen obligadas a rendir, en virtud de la Ley 236-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales”; enmendar los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la antes mencionada Ley 236-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales”, con el propósito de atemperar ambas leyes y hacerle correcciones técnicas; enmendar el Artículo 6 de la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), a los efectos de que la PRITS preste asistencia técnica a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, para que estas puedan publicar los aludidos planes e informes, en sus respectivos portales de Internet; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 340 buscaba añadir disposiciones a la Ley de Gobierno Electrónico (151-2004) para requerir la publicación de planes estratégicos, planes de ejecución anual e informes de resultados por parte de todas las agencias. También pretendía enmendar la Ley de Rendición de Cuentas (236-2010) para atemperarla y corregir aspectos técnicos, y asignar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) la asistencia técnica para facilitar dicha publicación en los portales de internet de las agencias. La medida afectaría a todas las agencias del Poder Ejecutivo y a la ciudadanía al intentar mejorar la transparencia y el acceso a información gubernamental.

Para enmendar los Artículos 1, 4, 15 y derogar los Artículos 3 y 4A y añadir unos nuevos Artículos 3 y 4A a la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, a los fines de mejorar la gerencia tecnológica del gobierno con alcances estatutarios uniformes relacionados con la validez legal, la producción, reproducción, utilización, transmisión, recibo, emisión y conservación de los documentos públicos en formatos electrónicos y digitales; y para otros fines relacionados.

La medida PS 70 propone enmendar la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico (Ley Núm. 5 de 1955) para modernizar la gestión de documentos gubernamentales. Busca mejorar la gerencia tecnológica del gobierno al establecer uniformidad estatutaria para la validez legal, producción, reproducción, uso, transmisión, recibo, emisión y conservación de documentos en formatos electrónicos y digitales. Esto aplicaría a todas las agencias y entidades gubernamentales que manejan documentos públicos.

Para enmendar el inciso (y) del Articulo 1.2 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico" a los fines de añadir a las pareias unidas por relación análoga a la conyugal a la definición de pariente; enmendar el inciso (q) del Articulo 2.3 y el inciso (c) del Arhculo 5.7 para disponer dinero recaudado en virtud de una multa administrativa emitida por la Oficina ingresará a las arcas de la Oficina de Etica Gubernamental; para enmendar el Articulo 7.2 a los fines de establecer que el quantum de prueba que se deberá satisfacer en procesos adjudicativos en los que se impute la violación a cualquier inciso de dicha Ley será el de preponderancia de prueba; y para otros fines relacionados.

La medida PS 232 busca enmendar la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico (Ley 1-2012). Amplía la definición de 'pariente' para incluir a parejas unidas por relación análoga a la conyugal, fortaleciendo las normas contra el nepotismo. Reasigna el dinero recaudado por multas administrativas para que ingrese directamente a las arcas de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), buscando mayor estabilidad fiscal para el organismo. Además, restablece el estándar de prueba de 'preponderancia de prueba' en los procesos adjudicativos de la OEG, facilitando la imposición de sanciones.