Para enmendar la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, a los fines de establecer que, en caso de una pandemia declarada, los miembros de la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, Oficiales Correccionales o sus beneficiarios, tendrán derecho a recibir pensión por incapacidad ocupacional por razón de incapacidad o muerte como consecuencia de haberse contagiado con la enfermedad, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (f)(2) del Artículo 3.026 y el inciso 203 del artículo 8.001 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” con el fin de redefinir el concepto de policía auxiliar, tanto como su alcance; y para otros fines.

La medida PS 131 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para redefinir el concepto y alcance del Policía Auxiliar. Elimina el requisito de certificación por el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico y lo reemplaza por una acreditación por el Comisionado de la Policía Municipal, sujeta a normas municipales. Se les otorga responsabilidades similares a las de un policía municipal y se les considera 'Agente del Orden Público' en el desempeño de sus funciones, con acceso a beneficios del Fondo del Seguro del Estado. Afecta directamente a los municipios y a los ciudadanos que deseen servir como policías auxiliares.

Para enmendar los incisos (h) e (i) de la Sección 2, los incisos (b) y (d) de la Sección 3, el inciso (a) de la Sección 4, añadir una nueva Sección 4-A, enmendar el inciso (a) de la Sección 5 y enmendar la Sección 12 de la Sección 92 de la Ley Núm. 40-2020, según enmendada, conocida como la “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, a los fines de atemperar sus disposiciones a la Ley de la Policía de Puerto Rico; disponer que los recursos del Fideicomiso para el Retiro de la Policía sean utilizados exclusivamente para fines de retiro y para gastos administrativos fiduciarios estrictamente necesarios, razonables, auditables y directamente relacionados con la administración del Fideicomiso; prohibir su uso para el pago de obligaciones patronales ajenas al retiro; aclarar que dicha prohibición no menoscaba los derechos de los miembros activos o retirados de la Policía de Puerto Rico a reclamar los pagos, beneficios o compensaciones que en derecho correspondan; establecer controles, certificaciones, informes, reglamentación y deberes de cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley Núm. 40-2020, conocida como la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía, para restringir el uso de sus fondos exclusivamente a fines de retiro y gastos administrativos fiduciarios estrictamente necesarios. Prohíbe explícitamente el uso de estos fondos para pagar obligaciones patronales ajenas al retiro, como horas extras o liquidaciones, las cuales deben ser cubiertas por las asignaciones presupuestarias ordinarias del patrono. La medida busca atemperar la ley a la Ley de la Policía de Puerto Rico y establece controles y deberes de cumplimiento para la administración del Fideicomiso, afectando principalmente a los miembros activos y retirados de la Policía y a la administración del propio Fideicomiso.

Para establecer que, en caso de fallecimiento de un miembro activo de la Policía de Puerto Rico, sus hijos menores de edad recibirán el cien por ciento (100%) de la pensión que le hubiese correspondido al agente; disponer que dicha pensión se otorgará hasta que los hijos beneficiarios cumplan dieciocho (18) años, o hasta los veintiún (21) años si están matriculados en una institución educativa reconocida luego de haberse graduado de escuela superior; establecer que este beneficio aplicará independientemente de si el fallecimiento ocurrió en cumplimiento del deber o por causas no relacionadas al servicio; y para otros fines relacionados

El Proyecto de la Cámara 1066 propone crear la Ley de Pensión Total por Fallecimiento de Policías Activos. Esta ley dispone que los hijos menores de edad de un miembro activo de la Policía de Puerto Rico que fallezca, sin importar la causa del deceso, recibirán el 100% de la pensión que le hubiese correspondido al agente. El beneficio se extiende hasta que los hijos cumplan 18 años, o 21 si están matriculados en estudios superiores post-secundarios.