PS 214

Para enmendar las secciones 1020.07, 2071.01., 2072.01, 2072.02,2072.03, 2072.04, 2072.05, 2072.06,2073.01. y 2074.03 de la Ley 60-2019, segrún enmendada…

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Para enmendar las secciones 1020.07, 2071.01., 2072.01, 2072.02,2072.03, 2072.04, 2072.05, 2072.06,2073.01. y 2074.03 de la Ley 60-2019, segrún enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", con el propósito de establecer que, cualquier negocio que se dedique a la construcción, instalación, operación o venta de energia a través de puntos de recarga de vehiculos impulsados mayormente por electricidad, podrá solicitar la concesión de los incentivos contenidos en el antes mencionado Código; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Esta medida el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019) para incluir la construcción, instalación, operación o venta de energía a través de puntos de recarga para vehículos eléctricos como una actividad elegible para recibir incentivos contributivos. Esto aplica a negocios dedicados a esta actividad, otorgándoles beneficios como sobre contribuciones sobre ingresos, propiedad, patentes municipales, arbitrios estatales e impuestos sobre ventas y uso, así como deducciones especiales por inversión. La medida afecta a empresas que desarrollen o presten servicios relacionados con la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Pros

•Incentiva la inversión y el desarrollo de infraestructura para puntos de recarga de vehículos eléctricos, alineándose con la política pública de fomento de movilidad sostenible y reducción de emisiones contaminantes, lo cual beneficia a empresas del sector y a consumidores que buscan opciones de transporte más limpias.
•Extiende beneficios contributivos específicos, como sobre ingresos, propiedad y patentes municipales, y deducciones por inversión, a negocios dedicados a la construcción, instalación u operación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como a la venta de energía a través de estos, por un período de hasta 15 años, buscando así fomentar el crecimiento de este sector estratégico.
•Clarifica que la actividad de operación de puntos de recarga de vehículos eléctricos no se considera una compañía de energía bajo la jurisdicción del Negociado de Energía, evitando así una doble regulación o clasificación errónea que podría limitar su desarrollo.

Contras

•La medida no establece mecanismos de fiscalización específicos ni plazos concretos para la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para los incentivos, más allá de la certificación inicial por parte del Secretario del DDEC, lo que podría generar riesgos de fiscalización y asegurar la correcta aplicación de los beneficios.
•Aunque se busca fomentar la infraestructura de recarga, la medida omite considerar alternativas o requisitos técnicos para asegurar la interoperabilidad, la seguridad de la red eléctrica ante la demanda creciente, o la estandarización de los puntos de recarga, lo cual podría generar fragmentación o ineficiencias a largo plazo.
•La ley base (Ley 60-2019) ya contemplaba incentivos para 'Energía Verde o Altamente Eficiente' y 'Actividades de Infraestructura', pero esta medida añade una categoría específica sin detallar cómo se integrará o si podría duplicar o diluir beneficios existentes para otras actividades de energía limpia, y no se especifican mecanismos para medir el retorno de la inversión pública de estos nuevos incentivos.

Intereses en juego

Beneficia a:: Empresas dedicadas a la construcción, instalación, operación o venta de energía a través de puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como a los consumidores que buscan mayor acceso a infraestructura de recarga.
Preocupa a:: Potencialmente, el fisco por la concesión de incentivos sin mecanismos de fiscalización robustos; y el público en general si la falta de estandarización o fiscalización afecta la seguridad o eficiencia de la infraestructura de recarga.
Quién paga o decide:: El costo de los incentivos es asumido por el fisco (reducción de recaudos). La decisión de otorgar los incentivos recae en el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Perspectiva histórica

Esta medida se inscribe en la larga historia de Puerto Rico de usar incentivos contributivos para atraer inversión y estimular sectores económicos, un modelo que se remonta a "Manos a la Obra" y la Sección 936, y que continúa con la Ley 20/22, ahora consolidada en la Ley 60. El debate histórico sobre estos incentivos, incluyendo si realmente benefician a la población local o si solo favorecen a las corporaciones y desplazan a los residentes, es un antecedente relevante para entender el impacto de esta propuesta.

En qué va

Esta medida, el P. del S. 214, fue el 10 de enero de 2025 y el 20 de octubre de 2025. Posteriormente, fue enviada a la Cámara de Representantes, donde recibió su primer informe de comisión el 29 de enero de 2026.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 29 de enero de 2026

Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 19 (68%)En contra: 6 (21%)Abstenido: 1 (4%)Ausente: 2 (7%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

20 de octubre de 2025

19 A favor6 En contra1 Abstenido2 Ausente

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RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•Incentiva la inversión y el desarrollo de infraestructura para puntos de recarga de vehículos eléctricos, alineándose con la política pública de fomento de movilidad sostenible y reducción de emisiones contaminantes, lo cual beneficia a empresas del sector y a consumidores que buscan opciones de transporte más limpias.
•Extiende beneficios contributivos específicos, como sobre ingresos, propiedad y patentes municipales, y deducciones por inversión, a negocios dedicados a la construcción, instalación u operación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como a la venta de energía a través de estos, por un período de hasta 15 años, buscando así fomentar el crecimiento de este sector estratégico.
•Clarifica que la actividad de operación de puntos de recarga de vehículos eléctricos no se considera una compañía de energía bajo la jurisdicción del Negociado de Energía, evitando así una doble regulación o clasificación errónea que podría limitar su desarrollo.

Contras

•La medida no establece mecanismos de fiscalización específicos ni plazos concretos para la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para los incentivos, más allá de la certificación inicial por parte del Secretario del DDEC, lo que podría generar riesgos de fiscalización y asegurar la correcta aplicación de los beneficios.
•Aunque se busca fomentar la infraestructura de recarga, la medida omite considerar alternativas o requisitos técnicos para asegurar la interoperabilidad, la seguridad de la red eléctrica ante la demanda creciente, o la estandarización de los puntos de recarga, lo cual podría generar fragmentación o ineficiencias a largo plazo.
•La ley base (Ley 60-2019) ya contemplaba incentivos para 'Energía Verde o Altamente Eficiente' y 'Actividades de Infraestructura', pero esta medida añade una categoría específica sin detallar cómo se integrará o si podría duplicar o diluir beneficios existentes para otras actividades de energía limpia, y no se especifican mecanismos para medir el retorno de la inversión pública de estos nuevos incentivos.

Intereses en juego

Beneficia a:: Empresas dedicadas a la construcción, instalación, operación o venta de energía a través de puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como a los consumidores que buscan mayor acceso a infraestructura de recarga.
Preocupa a:: Potencialmente, el fisco por la concesión de incentivos sin mecanismos de fiscalización robustos; y el público en general si la falta de estandarización o fiscalización afecta la seguridad o eficiencia de la infraestructura de recarga.
Quién paga o decide:: El costo de los incentivos es asumido por el fisco (reducción de recaudos). La decisión de otorgar los incentivos recae en el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Perspectiva histórica

En qué va

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