“Para enmendar el Artículo 30.040 inciso (c) y el Artículo 31.090 de la Ley 77 de 19 de Junio de 1957, según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de brindar mayor agilidad en los procesos de pagos entre aseguradoras y médicos proveedores de servicios de salud, así como mayor transparencia y capacidad de negoción a los proveedores individuales en el proceso de contratación para prestar servicios de salud.”

“Para enmendar la Sección 2 del Artículo 6 de la Ley 72-1993, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de establecer un pago mínimo obligatorio equivalente a las tarifas federales de Medicaid para todos los servicios médicos cubiertos bajo este programa; fortalecer las facultades de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) en la fiscalización y cumplimiento de esta disposición; imponer sanciones a las aseguradoras que incumplan con el pago de tarifas justas; establecer un mecanismo de apelación para médicos que reciban pagos inferiores a los establecidos por la presente Ley; y para otros fines relacionados; y para otros fines relacionados.”

La medida PS 404 enmienda la Ley 72-1993 para establecer un pago mínimo obligatorio a médicos por servicios cubiertos bajo Medicaid en Puerto Rico, equivalente a las tarifas federales de Medicaid. Busca fortalecer las facultades de fiscalización de la Administración de Seguros de Salud (ASES), imponer sanciones a aseguradoras que no paguen tarifas justas, y crear un mecanismo de apelación para proveedores. Afecta directamente a las aseguradoras que administran planes de Medicaid, a los médicos que prestan servicios a beneficiarios de este programa, y a la ASES en su rol de supervisión.

Para crear la “Ley de la Reforma Médica para la Eficiencia, Salud y Agilidad”, a los fines de crear eficiencia, transparencia y agilidad en la operación del sistema de salud de Puerto Rico mediante la regulación del proceso de reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras o planes médicos, tanto en la esfera privada como bajo el Plan Vital; para crear el Fondo REMESA; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley REMESA, que regula el proceso de reclamaciones entre proveedores de servicios de salud y aseguradoras (privadas y Plan Vital). Establece plazos estrictos para la adjudicación (15 días) y pago (24 horas) de reclamaciones electrónicas, con penalidades por atraso (intereses del 0.5% diario). Crea el Fondo REMESA, financiado con 5-10% del Plan Vital, para estabilización hospitalaria, retención de personal y repago de préstamos a subespecialistas. También agiliza la credencialización de proveedores a 60 días y permite la apertura de redes por el Secretario de Salud si el acceso está comprometido.

Para enmendar el inciso (s) del Artículo 26.060 de la Ley Núm. 194-2011, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de establecer que la responsabilidad de la coordinación de beneficios es una mancomunadamente compartida de las organizaciones de seguros de salud o aseguradores, de sus intermediarios y de los proveedores participantes y cuáles serán los parámetros para tramitar la coordinación de beneficios de servicios de salud de los pacientes; añadir los sub-incisos 14 y 15 al inciso (a) del Artículo 17 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de proveer alternativas para que el paciente, asegurado o consumidor pueda presentar querellas administrativas; requerir la redacción de un Reglamento conforme a los parámetros de esta Ley y establecer campaña educativa; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico y la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Establece que la coordinación de beneficios (COB) entre múltiples planes de salud es una responsabilidad compartida mancomunadamente entre aseguradores, sus intermediarios y los proveedores de servicios de salud. También crea nuevas vías para que los pacientes presenten querellas administrativas y ordena la redacción de un reglamento y una campaña educativa. Afecta directamente a pacientes con doble cobertura de salud, a las organizaciones de seguros de salud, a los intermediarios de seguros y a los proveedores médicos.