Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el fin de disponer que será obligación del Ministerio Público estar presente en toda determinación de causa probable para arresto en los que la víctima sea una persona de la tercera edad o adulto mayor; y determinar que el Fiscal Auxiliar que estuvo presente en dicha vista tendrá la responsabilidad de continuar con la asignación de dicho caso, en todas las etapas del procesamiento criminal; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La medida la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico para hacer obligatorio que el Ministerio Público (Fiscalía) esté presente en las vistas de determinación de causa probable para arresto cuando la víctima sea un adulto mayor (60 años o más) en casos de tentativa de asesinato, ciertos delitos graves del Código Penal (Artículos 110, 125-127-D) o violación a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores (Artículo 16 de la Ley 121-2019). Además, establece que el fiscal que asista a esta vista inicial será responsable de continuar con el caso en todas las etapas subsiguientes, en la medida que los recursos lo permitan.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta medida, presentada el 19 de marzo de 2025, fue el 16 de octubre de 2025 y enviada a la Cámara de Representantes. La firman representantes de más de un partido político (PPD, PNP, PIP, Independiente).
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Última acción · 5 de octubre de 2026
: Oficina de la Comisión
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A favor (26)
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“Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el fin de eliminar las facultades que se otorgan en dicha regla al Ministerio Público de someter casos mediante declaración jurada; aclarar la forma y la manera en que se llevará a cabo el procedimiento de determinación o no de causa probable para arresto; la forma y requisitos de la orden de arresto; y lo relacionado a la vista en alzada y el término para llevarla a cabo; y para otros fines relacionados.”
La medida propone enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para eliminar la facultad del Ministerio Público de radicar casos únicamente mediante declaración jurada. En su lugar, se exige una denuncia jurada y examen bajo juramento del denunciante o testigos, salvo excepciones específicas (Ley 54, delitos contra menores/ancianos/incapacitados, agresión sexual, incesto, actos lascivos, arrestos en serie, o operativos con denuncias múltiples). También aclara el procedimiento para la determinación de causa probable para arresto y la vista en alzada.
Para enmendar la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de proveer para que los adultos mayores víctimas de los delitos de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de la obligación alimentaria, abandono de personas de edad avanzada, o negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada, puedan brindar su testimonio fuera de sala, mediante el sistema televisivo de circuito cerrado; y para otros fines relacionados.
La Ley 109-2026 enmienda la Regla 131.1 y extiende también el alcance de las Reglas 131.2 y 131.3 a víctimas que tenían 60 años o más al momento de los hechos. La nueva categoría comprende víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de la obligación alimentaria, abandono o negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada. El tribunal puede autorizar que declaren fuera de sala por circuito cerrado de una o dos vías, pero debe determinar previamente que la presencia del acusado probablemente les causaría un disturbio emocional serio que les impida comunicarse efectivamente; además, deben declarar bajo juramento o afirmación. Como contexto, la Exposición de Motivos afirma que en 2024 más del 26% de la población tenía 60 años o más, alrededor de 850,000 personas, y estima que para 2030 serían más de 965,000, o el 34%.
Para enmendar el inciso (ee) del Artículo 11 de la Ley 76-2013, conocida como "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de disponer que la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada deberá acompañar a los adultos mayores víctimas de delito o maltrato en los procesos que se lleven a cabo en los tribunales o foros administrativos contra personas acusadas de cometer delito o cualquier tipo de maltrato contra el adulto mayor; y para otros fines relacionados.
La Ley 99-2025 enmienda el inciso 11(ee) de la Ley 76-2013 para disponer que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada acompañe y asesore a personas de 60 años o más que sean víctimas de delito o maltrato en procesos judiciales o administrativos contra personas acusadas, siempre que los recursos fiscales lo permitan. Aclara que ese acompañamiento no incluye representación legal directa, salvo que la Oficina tenga los recursos legales y la reglamentación aplicable; además, exige que el personal tenga preparación o experiencia pertinente, según disponga el reglamento. Si hay recursos y lo solicita la persona adulta mayor o la agencia pertinente, la Oficina podrá ofrecer apoyo desde la investigación, antes de presentarse una denuncia o querella; la persona podrá rechazarlo después de recibir orientación, y la falta de personal de la Oficina no permitirá cancelar ni posponer una vista. También obliga a tribunales y agencias ejecutivas a notificar y citar a la Oficina con al menos tres días laborables antes de la vista o evento procesal, salvo urgencia justificada, y ordena reglamentos y acuerdos de colaboración; entró en vigor inmediatamente.
Para añadir un nuevo inciso (b) y redesignar los subsiguientes incisos, respectivamente, del Artículo 14, enmendar el inciso (n) del Artículo 66, el acápite de la Sección Tercera del Capítulo III del Libro Segundo y los Artículos 126, 127, 127-A, 127-C y 127-D de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico de 2012”, a los fines de incorporar el término ‘’Adulto Mayor” en sustitución de “persona de edad avanzada”; y para otros fines relacionados.
La medida buscaba enmendar el Código Penal de Puerto Rico de 2012 (Ley 146-2012) para sustituir el término 'persona de edad avanzada' por 'Adulto Mayor' en varios artículos, incluyendo definiciones, circunstancias agravantes de delitos, y delitos de abandono y negligencia. El propósito era uniformar la terminología utilizada para referirse a personas de 60 años o más.
Para añadir el inciso (ii) al Artículo 14 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de establecer la definición de "persona de edad avanzada o adulto mayor".
La Ley 75-2025 añade al Artículo 14 del Código Penal la definición de “persona de edad avanzada o adulto mayor” como toda persona de 60 años o más. La definición se aplica, salvo que el contexto indique otra cosa, a las referencias a esos términos en el Código, incluida la agravante del Artículo 66(n) y los delitos de protección a personas de edad avanzada. Si el tribunal aplica esa agravante, el Artículo 67 permite aumentar hasta un 25% la pena fija; esta ley no crea un delito ni cambia esa escala de pena. No elimina una disposición concreta, pero incluye una cláusula general para derogar o enmendar las disposiciones incompatibles, y rige desde su aprobación.
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