Para enmendar la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de proveer para que los adultos mayores víctimas de los delitos de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de la obligación alimentaria, abandono de personas de edad avanzada, o negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada, puedan brindar su testimonio fuera de sala, mediante el sistema televisivo de circuito cerrado; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el fin de disponer que será obligación del Ministerio Público estar presente en toda determinación de causa probable para arresto en los que la víctima sea una persona de la tercera edad o adulto mayor; y determinar que el Fiscal Auxiliar que estuvo presente en dicha vista tendrá la responsabilidad de continuar con la asignación de dicho caso, en todas las etapas del procesamiento criminal; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para hacer mandatorio que el Ministerio Público (Fiscalía) esté presente en toda vista de determinación de causa probable para arresto cuando la víctima sea una persona de la tercera edad o adulto mayor. El Fiscal Auxiliar que asista a dicha vista tendrá la responsabilidad de continuar con la asignación de ese caso en todas las etapas subsiguientes del procesamiento criminal. Esto afecta directamente a las víctimas mayores y a la estructura operativa de la Fiscalía.

Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”, a los fines de excluir de los beneficios de sentencia suspendida y libertad a prueba a toda persona convicta por violar una orden de protección expedida al amparo de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, así como por los delitos establecidos en los Artículos 126, 127, 127A, 127B, 127C, 127D de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba (Ley 259 de 1946) para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 2. Esto excluye de los beneficios de sentencia suspendida y libertad a prueba a toda persona convicta por violar una orden de protección a favor de adultos mayores (Ley 121-2019) o por cometer delitos específicos contra adultos mayores o personas incapacitadas (Artículos 126-127D del Código Penal).

Para añadir el inciso (ii) al Artículo 14 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de establecer la definición de "persona de edad avanzada o adulto mayor".

La medida PS 55 enmienda el Artículo 14 de la Ley 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para añadir una definición clara de 'persona de edad avanzada'. Establece que se considerará como tal a toda persona de sesenta (60) años o más. Este cambio busca eliminar ambigüedades en la aplicación de circunstancias agravantes en la imposición de penas cuando la víctima es un adulto mayor, afectando así la interpretación y aplicación de delitos que involucren a esta población vulnerable.