Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, evaluar conforme a las…

Contras

• •La Sección 1 solo ordena evaluar la viabilidad, pero la Sección 3 dice que el inmueble será transferido. La medida no aclara el precio ni cómo armoniza esa frase con el Artículo 5.07 de la Ley 26-2017, que contempla disponer de bienes por su justo valor en el mercado o velando por su uso para el interés público. El CEDBI indicó que no autoriza transferencias de título gratuitas y que la disposición debe ajustarse a la tasación y a la normativa vigente. Por eso, la medida no garantiza que Rincón obtenga el título ni identifica fondos para cubrir un posible costo.
• •El DTOP queda exento de hacer reparaciones antes del traspaso y, si este se perfecciona, el Municipio debe asumir la administración y el mantenimiento dentro de un año. La medida no exige como condición previa una inspección de ingeniería ni asigna dinero para reparaciones u operación, aunque la Ley 26-2017 faculta al CEDBI a inspeccionar propiedades. Así, Rincón podría asumir gastos cuya cuantía no queda establecida en el texto.
• •La Sección 4 no define qué significa que el Municipio asuma «activamente» la administración y el mantenimiento, ni quién determina si incumplió. Tampoco aclara si, una vez transferido el título, este revierte al Gobierno o qué trámite permitiría recuperarlo cuando la resolución quede sin efecto. Esa falta de reglas puede dejar incierto quién controla la propiedad si surge una disputa.
• •La medida impone el plazo de 90 días laborables, pero no exige un informe público sobre el resultado, una notificación formal al Municipio ni establece qué consecuencia administrativa procede si las agencias no cumplen a tiempo. Esto limita el seguimiento público del mandato.