Para crear la “Ley para el Establecimiento del Sistema Unificado de Reportes de Incidentes de Violencia de Género en Puerto Rico”, a los fines de desarrollar…

Contras

• •La ley impone a las agencias adaptar y mantener sus sistemas, capacitar personal y cumplir con reportes, pero no asigna fondos concretos ni garantiza recursos recurrentes: solo autoriza a Hacienda a identificar fuentes posibles. El Instituto de Estadísticas advirtió que, sin fondos recurrentes, el sistema podría no ser sostenible; la Oficina del Tribunal también pidió una asignación definida.
• •El alcance de los datos puede ampliarse por decisión del Instituto de Estadísticas, en coordinación con las agencias, para incluir cualquier delito, modalidad o conducta análoga o compatible. Además, la definición abarca daños sociales y la referencia a los artículos 92 al 180 del Código Penal no delimita con claridad qué delitos quedan incluidos. Aunque el texto enumera leyes y delitos, esa combinación deja margen para decidir qué información deben reportar las agencias; la Oficina de Administración de los Tribunales había advertido sobre la amplitud de las categorías y pidió proteger la autonomía judicial.
• •La ley permite, pero no obliga, a la Oficina del Contralor a realizar auditorías independientes anuales. Por tanto, aunque exige informes trimestrales públicos y reportes anuales de cumplimiento de las agencias, no garantiza una revisión externa anual de la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema.