“Para establecer en el Departamento de Salud un Registro de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares en Puerto Rico, con el fin de obtener datos…

Contras

• •La operación queda atada a que se otorguen fondos federales, sin una fuente alterna ni una asignación local en el proyecto. El Departamento de Salud estimó ante la comisión un costo de $200,000, dijo que no tenía esos fondos y pidió recursos recurrentes; además, la Ley 121-2023 ya contemplaba el registro. Justicia y la Oficina del Procurador del Paciente señalaron que el registro ya estaba previsto, y Justicia pidió examinar el riesgo de duplicar esfuerzos. El texto no aclara si la condición de fondos afecta solo las mejoras o también el funcionamiento del registro existente, lo que puede dejar obligaciones de notificación sin una plataforma financiada.
• •La base de datos se describe como comprensiva de todos los casos diagnosticados, pero el deber de reportar a los profesionales depende de que el protocolo uniforme les asigne responsabilidades. El proyecto no fija criterios para esa asignación ni un mecanismo alterno para captar diagnósticos de profesionales que queden fuera, por lo que la cobertura podría ser incompleta.
• •La multa de hasta $500 se aplica, tras condena, a toda persona que viole la ley o sus reglamentos, pero el texto no distingue entre tipos de incumplimiento, no identifica quién responde cuando el obligado es una institución y no especifica si hace falta intención o negligencia. Esa amplitud deja al reglamento y a la aplicación administrativa un margen importante para definir qué conducta puede terminar en una sanción.
• •Aunque exige informes sin datos que identifiquen al paciente y declara su confidencialidad, el proyecto no establece salvaguardas mínimas de acceso, seguridad, conservación o respuesta a filtraciones. La combinación de datos de salud puede permitir reidentificar a personas incluso sin incluir su nombre, especialmente si los informes se usan en investigaciones.