Para derogar el Artículo 44 del Código Político de Puerto Rico de 1902, según enmendado, a los fines de conformar coherentemente nuestro ordenamiento jurídico con las disposiciones de la Ley Num. 146-2012, según enmendada, conocida corno "Código Penal de Puerto Rico", en lo que respecta a la supresión de delitos, encausamiento, sobreseimiento de acciones y nulidad de sentencias condenatorias, así como, al principio de favorabilidad y de reserva; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Título VI – Delitos Cibernéticos; reenumerar el actual Titulo VI como Titulo VII; reenumerar los actuales Artículos 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309, para ser reenumerados como los Artículos 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 y 385, de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de tipificar delitos cibernéticos y otros conexos de los mismos; y para otros fines relacionados

La medida propone añadir un nuevo Título VI al Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para tipificar y penalizar delitos cibernéticos y otros actos conexos. Esto incluye la reenumeración de artículos existentes y la definición de términos como 'acceso ilícito', 'sabotaje informático', 'pornografía infantil' y 'usurpación de identidad', estableciendo penas específicas para estas conductas. Afecta a cualquier persona que cometa estos delitos y al sistema de justicia criminal al proveer un marco legal más robusto para perseguir ciberdelincuencia.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", a los fines de atemperar y armonizar sus disposiciones a las de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico" ya las de la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico de 2020"; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 1946, conocida como 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba'. El propósito es armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) y la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 (Ley 168-2019). La enmienda busca actualizar y alinear los criterios bajo los cuales se pueden suspender sentencias o conceder libertad a prueba, afectando potencialmente a personas convictas de delitos y al sistema de justicia penal.

Para añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 87 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico"; renumerar los actuales incisos (b), (c), (d) y (e), como incisos (c), (d), (e) y (f), respectivamente, a los fines de establecer el periodo de prescripción de diez (10) años en delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero cuando la cuantía de tales actos ascienda a quinientos mil dólares ($500,000) o más; enmendar los Artículos 9.05 y 9.06 de la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002"; y enmendar el Artículo 409 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores", a los fines de establecer un período prescriptivo de diez (10) años en los delitos y penalidades tipificados en estas Leyes; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Ley Uniforme de Valores. Establece un nuevo periodo de prescripción de diez (10) años para la persecución de delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero, siempre que la cuantía de estos actos ascienda a quinientos mil dólares ($500,000) o más. Afecta directamente la capacidad del Estado para procesar estos delitos financieros graves y a los individuos o entidades que puedan ser acusados de cometerlos.