Para aprobar la "Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI"; derogar la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico"; instaurar la nueva estructura del Archivo General de Puerto Rico; establecer la política pública sobre la identificación, manejo, protección y conservación de los documentos públicos; crear el Programa de Gestión de Documentos Públicos para el Gobierno, que aplicará a la Rama Ejecutiva, así como a las corporaciones públicas y los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; delinear las funciones del referido Programa y los procedimientos de conservación de documentos e información pública; establecer penalidades por el incumplimiento de esta Ley o de la reglamentación adoptada en su virtud; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La ley delega la creación de reglamentos detallados sobre periodos de retención, clasificación de documentos (incluyendo confidenciales), y procedimientos de disposición a futuras normativas administrativas, lo que podría generar ambigüedad o retrasos en la implementación efectiva de la política pública declarada.
• •Aunque se crean nuevas estructuras y funciones, la ley no detalla explícitamente el financiamiento ni asigna fondos específicos para la operación del Programa de Gestión de Documentos Públicos y la reorganización del Archivo General, dependiendo su funcionamiento de los fondos asignados al Instituto de Cultura Puertorriqueña, lo que podría limitar su alcance y efectividad.
• •La ley establece que los documentos confidenciales solo podrán ser definidos en la reglamentación y deben ser específicos y limitativos, pero no define criterios claros en el articulado para la identificación inicial de qué constituye un documento confidencial, dejando una discrecionalidad significativa a la reglamentación futura.
• •La ley permite que el Archivo General pueda requerir el traslado de documentos de más de cincuenta (50) años de existencia, salvo excepciones, pero también permite que una entidad de la Rama Ejecutiva certifique por escrito que la documentación debe quedar bajo su custodia para uso corriente, lo que podría generar conflictos o impedir el traslado de documentos de valor histórico al Archivo General.