Para declarar como Reserva Agrícola de Puerto Rico a los terrenos que comprenden el “Bosque” de la “Escuela Especializada Agroecológica Laura Mercado”; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo agrícola de los terrenos; ordenar la promulgación y adopción de una resolución de zonificación especial para estimular la producción y desarrollo agrícola; asignar las responsabilidades de las agencias que tendrán participación en la promoción de los objetivos de esta Ley; describir los límites registrales de los terrenos; fijar los objetivos, deberes y responsabilidades de la escuela; y para otros fines relacionados.

Para adicionar una nueva Sección 3c en la Ley Núm. 19 de 30 de marzo de 1944, según enmendada, con el propósito de declarar reservas agrícolas educativas, los terrenos adquiridos para la enseñanza agrícola en las escuelas pertenecientes al sistema público de educación; establecer la política pública que regirá las disposiciones de esta Sección; crear resoluciones de zonificación especial, para los terrenos aquí declarados como reservas agrícolas educativas; crear planes de desarrollo; delimitar las facultades del Secretario de Educación, con respecto a la implantación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

La medida propone adicionar una nueva sección (3c) a la Ley Núm. 19 de 1944 para declarar como 'reservas agrícolas educativas' los terrenos públicos adquiridos para la enseñanza agrícola en escuelas del sistema público. Establece una política pública para estas reservas, crea resoluciones de zonificación especial y planes de desarrollo, y delimita las facultades del Secretario de Educación en su implementación. Afecta directamente al Departamento de Educación y a las escuelas que utilicen o puedan utilizar estos terrenos para fines educativos agrícolas.

Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo agrícola de los terrenos comprendidos dentro del Valle de Bucarabones en el Municipio de Toa Alta, y declararlos como una reserva agrícola; ordenar la promulgación y adopción de una resolución de zonificación especial para estimular la producción y desarrollo agrícola; prohibir la aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de construcción o de uso en contravención con dicha política pública; prohibir la segregación de fincas en predios menores de veinticinco (25) cuerdas; requerir la identificación de la titularidad de todas las fincas y el deslinde de las fincas con potencial agrícola que sean propiedad privada, de agencias gubernamentales y corporaciones públicas; desarrollar e implantar un plan para el desarrollo integral del Valle de Bucarabones; y para otros fines relacionados.

Esta medida declara la política pública del Gobierno de Puerto Rico para proteger y desarrollar los terrenos del Valle de Bucarabones en Toa Alta como una reserva agrícola. Establece la prohibición de permisos de construcción o uso que contravengan esta política, veda la segregación de fincas a menos de veinticinco (25) cuerdas, y exige la identificación y deslinde de fincas agrícolas. Además, ordena el desarrollo e implantación de un plan integral para el Valle.

Para crear la “Ley para la Protección y Conservación de los Terrenos de Alto Valor Agrícola de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico”; disponer la limitación a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico de realizar ventas, enajenaciones, cesiones, arrendamientos o cualquier acto de disposición sobre terrenos de alto valor agrícola cuando el fin sea incompatible con su uso óptimo; establecer la definición y responsabilidad de designación de los terrenos de alto valor agrícola; imponer restricciones respecto a la aprobación de consultas de ubicación, permisos de construcción, uso o desarrollo por parte de la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y los municipios autónomos; disponer sobre reglamentación; y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley para la Protección y Conservación de los Terrenos de Alto Valor Agrícola de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico". Limita a la Autoridad de Tierras la disposición de terrenos de alto valor agrícola si el fin es incompatible con su uso óptimo. Impone restricciones a la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y los municipios autónomos para la aprobación de permisos sobre estos terrenos, buscando proteger la actividad agropecuaria.