Para crear el Fondo de Proyectos de Capital Público del Gobierno de Puerto Rico; añadir la sub-claúsula (i) a la Cláusula (A), del Subinciso (1) del Inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada y conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, para delegar el establecimiento y la administración del Fondo de Proyectos de Capital Público del Gobierno de Puerto Rico, delimitar su alcance, deberes, obligaciones y facultades, en la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Distribución de Sobrantes o del Exceso de Recaudos del Gobierno de Puerto Rico”; disponer el uso al que estarán destinados conforme a un orden de prioridades para los sobrantes certificados por el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto a cada año fiscal; establecer la fórmula de distribución y crear fondos especiales para su implementación.

La medida propone la creación de la Ley de Distribución de Sobrantes o del Exceso de Recaudos del Gobierno de Puerto Rico. Establece un mecanismo para asignar porcentajes fijos de los ingresos excedentes certificados anualmente por el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto a diversas prioridades, incluyendo reducción de deuda pública, alivio contributivo a contribuyentes de ingresos bajos y medianos, fondos de emergencia, mantenimiento de infraestructura hospitalaria, subsidios a facturas de electricidad, compensación a municipios por eliminación de impuesto al inventario, becas médicas y dragado de embalses. Afecta directamente al erario público, a los contribuyentes, a agencias gubernamentales y a la planificación fiscal del gobierno.

Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 103-2006, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico de 2006”, a los fines de disponer que las resoluciones conjuntas y cualquier otra legislación que comprenda el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico, incluirá una sección que evalúe cuantitativa y cualitativamente el impacto eventual en el mediano plazo, de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento a partir de las cuales se elaboraron las referidas legislaciones, en las variables macroeconómicas, en especial en las finanzas públicas, según los requerimientos que se definan vía reglamento, por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

La medida, Proyecto de la Cámara 137, enmienda el Artículo 7 de la Ley 103-2006 (Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico de 2006). Su propósito es obligar a que toda legislación que conforme el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo resoluciones conjuntas, contenga una sección específica. Esta sección deberá evaluar cuantitativa y cualitativamente el impacto a mediano plazo de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento del presupuesto en las variables macroeconómicas, particularmente en las finanzas públicas. Los detalles y requerimientos de esta evaluación serán definidos por reglamento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Afecta directamente a la forma en que se elaboran y presentan los presupuestos anuales, y a los procesos de toma de decisiones legislativas y de planificación gubernamental.

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico”, a los fines de ampliar su acceso a fondos, otorgarle mayor autonomía administrativa y agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica; excluir a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, permitiéndole gestionar sus propios procesos sin interferencias burocráticas; y para otros fines relacionados.

La medida busca enmendar la Ley 44 de 1988 para expandir el acceso a fondos y la autonomía administrativa de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Esto incluye excluir a la AFI de las regulaciones de compras centralizadas de la Ley 73-2019, permitiéndole gestionar sus propios procesos de adquisición, y clarificar su capacidad para acceder a diversos programas de financiamiento federal. El objetivo es agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura crítica, especialmente aquellos necesarios para cumplir con decretos ambientales y aprovechar oportunidades de fondos federales.