Para enmendar la Sección 6042.08 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, con el propósito de disponer para la suspensión de la licencia para traficar cigarrillos, al por mayor o al detal, o cualquier otra licencia relacionada con cigarrillos, por un término de doce (12) meses, y para imponerle multa administrativa de diez mil (10,000) dólares por cada incidente, sin perjuicio de lo establecido en la “Ley para Corregir la Explotación de Niños Menores de Edad”, a toda persona, natural o jurídica, o dueño o administrador de un negocio o establecimiento comercial que, no solo venda, done, dispense, despache o distribuya, sino que intente realizar acciones inequívocas e inmediatamente dirigidas a vender, donar, dispensar o distribuir cigarrillos, cigarrillos electrónicos, cigarros, tabaco para mascar o cualquier preparación de tabaco que se inhale o mastique a personas menores de veintiún (21) años; aplicar la pena antes descrita a quien induzca, aconseje, incite, persuada, tiente, manipule, coaccione o ayude o que intente inducir, aconsejar, incitar, persuadir, tentar, manipular, coaccionar o ayudar a personas menores de veintiún (21) años de edad a adquirir cigarrillos o cigarrillos electrónicos, cigarros, tabaco para mascar o cualquier preparación de tabaco que se inhale o mastique, entre otros; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La medida delega la imposición de una multa administrativa de $10,000 por incidente y la suspensión de licencias a la agencia fiscalizadora (presumiblemente el Departamento de Hacienda), sin detallar en el articulado los procedimientos de fiscalización, notificación, y el proceso de apelación o revisión de dichas sanciones, lo que podría generar discrecionalidad excesiva o desafíos en la aplicación uniforme.
• •Aunque se mencionan 'licencias relacionadas con cigarrillos', el texto no define claramente el alcance de 'cualquier otra licencia relacionada con cigarrillos', lo que podría crear ambigüedad sobre qué licencias específicas están sujetas a suspensión, abriendo la puerta a interpretaciones amplias o restrictivas por parte de la autoridad administrativa.
• •La penalidad de $10,000 por incidente, si bien sustantiva, no especifica si se aplica por cada menor al que se le vende o por cada transacción, ni establece un mecanismo claro de auditoría o verificación para determinar el número exacto de 'incidentes' en casos de ventas continuas o a múltiples individuos, lo que podría dificultar su aplicación rigurosa y equitativa.
• •El articulado omite considerar la posibilidad de programas alternativos de educación o rehabilitación para los infractores que no sean dueños de grandes corporaciones, o la implementación de medidas de mitigación de ingeniería o tecnológicas que pudieran complementar la prohibición, enfocándose únicamente en sanciones punitivas.