Para añadir un nuevo inciso (20) al Artículo 4 de la Ley Núm. 195 - 2012, según enmendada, conocida como "La Carta de Derechos del Estudiante", para reconocer el derecho de los estudiantes a participar en programas y actividades cívico-militares de cadetes en la comunidad escolar; enmendar el inciso (n) del Artículo 9.01 de la Ley Núm. 85 - 2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el propósito de reconocer el derecho de los estudiantes a no ser objeto de discrimen u hostigamiento por motivo de su participación en estos programas y actividades; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9.07 del Capítulo IX de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a fin de definir y prohibir expresamente la violencia escolar; hacer sus disposiciones extensivas a la violencia escolar; y proveer que además del personal escolar y los estudiantes de las escuelas públicas, los padres, tutores y encargados de estos últimos tengan la oportunidad de participar en programas, orientaciones, actividades y talleres de capacitación para adquirir conocimiento y herramientas sobre la política pública relativa a la violencia escolar y el hostigamiento e intimidación entre estudiantes o el personal escolar, abarcando las sanciones o medidas disciplinarias aplicables que conllevan dichos actos o conducta y la responsabilidad de todos estos al respecto.

La medida enmienda el Artículo 9.07 de la Ley Núm. 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para definir y prohibir explícitamente la violencia escolar, además del acoso escolar (bullying) ya contemplado. Extiende la aplicabilidad de las disposiciones a la violencia escolar y amplía la oportunidad de participar en programas de capacitación sobre el tema a padres, tutores y encargados, además del personal y estudiantes de escuelas públicas. Afecta directamente a toda la comunidad escolar (estudiantes, personal, padres/tutores) y al Departamento de Educación en la implementación de estas definiciones y programas.

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 220 de 21 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como “Ley de la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada”, a los fines de: (1) fortalecer y modernizar los mecanismos de divulgación, publicación y acceso continuo a la Carta de Derechos mediante medios digitales y divulgación multicanal; (2) establecer un Enlace de Apoyo a la Estudiante Embarazada y un Plan Individual de Continuidad Académica; (3) incorporar expresamente la aplicabilidad y responsabilidades del sistema universitario público, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, para la divulgación, acomodos académicos y referidos a recursos de salud materno-infantil; (4) requerir divulgación anual por correo electrónico institucional y colocación en centros de consejería y salud estudiantil, cuando existan; (5) requerir que se divulguen rutas claras de querellas y protección contra represalias; (6) requerir certificaciones y métricas mínimas de cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada (Ley 220 de 2004) para modernizar la divulgación de derechos mediante medios digitales y multicanal. Establece un Enlace de Apoyo y un Plan Individual de Continuidad Académica (PICA) para estudiantes embarazadas en el sistema público de educación, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Requiere divulgación anual, rutas claras de querellas, protección contra represalias y certificaciones de cumplimiento por parte de las instituciones educativas.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 85-2017, según enmendada, conocida como "Ley contra el hostigamiento e intimidación o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico", también conocida como "Ley Alexander Santiago Martínez"; y el Artículo 9.07 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de ampliar la definición de intimidación o acoso cibernético (cyberbullying); y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 85-2017 (Ley Alexander Santiago Martínez) y la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para ampliar la definición de acoso cibernético (cyberbullying). Específicamente, la Ley 85-2017 ahora incluye explícitamente la creación de perfiles o la publicación de contenido en línea bajo una identidad falsa o sin consentimiento, con el fin de acosar, intimidar o dañar a un estudiante. Afecta a estudiantes, instituciones educativas públicas y privadas, y al personal docente, al clarificar y extender el alcance de lo que constituye cyberbullying, incluso si las acciones ocurren fuera del entorno escolar.