Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 238-2004, mejor conocida como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, según enmendada, para añadir…

Contras

• •Comparado con las penas que establece hoy el Artículo 27, el texto reduciría la pena fija por maltrato de 10 a 3 años, por maltrato agravado de 12 a 4 años y por amenazas de 6 a 2 años; mantendría en 5 años la pena por restricción de libertad. Para maltrato, exige emplear fuerza, violencia, intimidación o persecución «para» causar daño; en una modalidad exige saber que el daño a otra persona causará daño emocional. La amenaza contra un tercero también exige ese conocimiento. El texto no exige expresamente conocer las circunstancias que agravan el maltrato, y en la restricción de libertad la referencia a «conocimiento» es al de la víctima, no expresa un requisito general de intención del autor. La diferencia de penas no supone por sí sola que la reducción sea desproporcionada, pero sí rebajaría sustancialmente las sanciones vigentes.
• •El Artículo 27 propuesto no incluye el delito de maltrato mediante negligencia que hoy está en el Artículo 27(E). La ley vigente fija 2 años de reclusión, o 3 si lo comete el operador de un establecimiento, y permite hasta $10,000 de multa si el establecimiento es una persona jurídica; el texto del proyecto no establece una pena sustituta para esa conducta. El delito vigente requiere obrar con negligencia y tener el deber legal o judicial de prestar alimentos y cuidado.
• •El proyecto reemplazaría el Artículo 2 vigente con una lista que omite definiciones actuales como abandono, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, establecimiento, familiar e indemnidad sexual. Como los nuevos artículos usan conceptos de maltrato, abuso y cuidado, esa eliminación dejaría esos términos sin las definiciones que hoy aporta la ley.
• •Frente al texto vigente, el procedimiento propuesto reduciría quién puede solicitar protección por un menor: limita esa solicitud a padres, madres y tutores, mientras la ley actual también incluye, entre otros, a responsables, personal escolar, cuidadores y funcionarios autorizados. Además, el proyecto no incluye la notificación al Departamento de la Familia cuando el caso involucra a un menor ni las opciones de aviso por mensaje de texto que hoy aparecen en la ley.