Para enmendar los Artículos 2 y 13 de la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda", a los fines de establecer un nuevo mecanismo de revisión de los parámetros para vivienda de interés social y de clase media; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Ley 100-2025 los Artículos 2 y 13 de la Ley 47-1987: define los ingresos bajos o moderados y de clase media según umbrales de programas de vivienda locales o federales fijados por , y agrupa la vivienda de interés social y la de clase media en una nueva categoría. Para las ventas, establece como tope el límite de precio de FHA para el municipio y permite al Departamento de la Vivienda conceder dispensas de hasta 25%, si documenta razones específicas y objetivas. Autoriza al Secretario de la Vivienda a establecer y revisar anualmente los límites de ingresos y costos máximos, en vez de la revisión cada tres años que disponía el Artículo 13. Además, ordena crear un grupo multisectorial dentro de 15 días para proponer medidas sobre vivienda para venta o alquiler, y extiende la nueva categoría a la implementación de otras leyes y reglamentos locales.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la discusión histórica sobre la vivienda de interés social en Puerto Rico, que ha visto una escasez de inventario y un alza en los costos habitacionales, exacerbada por los huracanes y la proliferación de alquileres a corto plazo. La medida busca actualizar los parámetros para la vivienda de interés social y de clase media, un tema recurrente en la historia de la isla, donde la informalidad en la titularidad y los retrasos en los fondos de recuperación han sido obstáculos constantes.
En qué va
El Senado aprobó la medida el 9 de junio de 2025 y la Cámara el 24 de junio; la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara recomendó aprobarla. Se convirtió en la Ley 100-2025 el 1 de agosto de 2025 y rige desde su aprobación; Vivienda y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda la endosaron, mientras que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio condicionó su endoso a las recomendaciones de esas entidades.
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Última acción · 1 de agosto de 2025
Ley 100-2025
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En contra (5)
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar los artículos 4 y 8, añadir un nuevo Artículo 12, y reenumerar los actuales artículos 12, 13, 14 y 15, como los artículos 13, 14, 15 y 16, respectivamente, en el Ley 147-2011, conocida como “Ley de Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa de Puerto Rico”, con el propósito de corregir cualquier interpretación restrictiva, proteger la diversidad de modelos cooperativos, y fortalecer la política pública de vivienda digna, participativa y solidaria en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La medida enmienda la Ley 147-2011, conocida como Ley de Nuevo Modelo de Vivienda Cooperativa de Puerto Rico. Específicamente, modifica los Artículos 4 y 8, añade un nuevo Artículo 12, y renumeración los artículos subsiguientes. El propósito principal es clarificar que el modelo de cooperativa de titulares no es la única opción permitida, garantizando la viabilidad y protección de modelos alternos como la cooperativa de vivienda mancomunada. Esto afecta a los socios de cooperativas de vivienda y a las comunidades que buscan desarrollar o mantener este tipo de estructuras residenciales.
Para añadir un nuevo inciso (c) y redesignar los actuales incisos (c) a (k) como incisos (d) a (l); añadir un nuevo inciso (m) y redesignar los actuales incisos (1) a (o) como incisos (n) a (q); añadir un nuevo inciso (r) y redesignar los actuales incisos (p) a (s) como incisos (s) a (v); añadir un nuevo inciso (w) y redesignar los actuales incisos (t) a (z) como incisos (x) a (dd), respectivamente, del Artículo 1.03; enmendar el inciso (d) y añadir un inciso (r) al Artículo 2.04; enmendar el Artículo 8.03; añadir los incisos (c) y (d) al Artículo 8.08; y enmendar los incisos (d) y (e) del Artículo 8.11 de la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002", a los fines de autorizar a las cooperativas de ahorro y crédito organizadas bajo sus disposiciones a ser miembros de un Banco Federal de Préstamo para Vivienda y como tales, recibir todos los beneficios de su membresía; permitir la colaboración entre la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, "COSSEC", y el Banco Federal de Préstamo para Vivienda en procesos de Sindicatura y disolución de cooperativas miembros; y para otros fines relacionados.
La Ley 73-2025 enmienda la Ley 255-2002 para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan afiliarse voluntariamente a un Banco Federal de Préstamo para Vivienda, aun cuando no fueran elegibles bajo la ley federal, y acceder a acciones, adelantos, venta de préstamos y otras operaciones autorizadas por el régimen federal. También excluye los adelantos y otras extensiones de crédito de esos bancos del límite local que, para otros préstamos, es el 25% del capital social neto de pérdidas acumuladas. Autoriza a COSSEC a divulgar al banco información confidencial y no pública, incluso sin redactar, sobre cooperativas miembros o solicitantes, y obliga al banco, si COSSEC lo solicita durante una sindicatura o disolución, a presentar en 10 días un itinerario sobre colateral, cuentas y acciones, además de informar opciones disponibles para renovar o reestructurar adelantos. No elimina la prioridad general de pagos en una liquidación, pero impide que se suspendan ciertos derechos del banco sobre su colateral y que ese colateral se liquide o distribuya antes de que se libere el gravamen, salvo que se haya creado con intención real de obstaculizar, retrasar o defraudar a la cooperativa.
Para enmendar el Artículo 5.07 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de priorizar el traspaso de planteles escolares en desuso a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos municipales que los soliciten para el desarrollo de vivienda asequible.
La medida enmienda el Artículo 5.07 de la Ley 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal) para establecer una prioridad en la disposición de planteles escolares en desuso. Esta prioridad se otorga a organizaciones sin fines de lucro y gobiernos municipales que soliciten dichos inmuebles para el desarrollo de vivienda asequible. El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles deberá verificar la disponibilidad del plantel con el Departamento de Educación o la entidad pertinente, y podrá disponer de los bienes por su valor de mercado o por su beneficio al interés público. Afecta directamente a municipios, organizaciones sin fines de lucro interesadas en proyectos de vivienda, y al Departamento de Educación en la gestión de sus propiedades en desuso.
Para enmendar el inciso (h) del Artículo 4 de la Ley Número 97 del 10 de junio de 1972, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda”, a los fines de establecer que, en las expropiaciones forzosas iniciadas por el Departamento de la Vivienda, el único fin público que las justifique sea la construcción de viviendas asequibles para personas naturales o familias que se encuentren bajo el umbral de pobreza federal según los parámetros establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés); y para decretar otras disposiciones complementarias.
Esta medida enmienda el inciso (h) del Artículo 4 de la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda (Ley 97 de 1972). Restringe el uso de la expropiación forzosa por parte del Departamento de la Vivienda a un único fin público: la construcción de viviendas asequibles para personas o familias bajo el umbral de pobreza federal, o la infraestructura necesaria para dichas comunidades. También otorga turno preferente a residentes desplazados para adquirir estas propiedades y exige la revisión de procesos de expropiación en curso que no cumplan con la nueva norma.
Para crear la “Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria de Puerto Rico” o “Ley COPA-PR”, a los fines de otorgar a organizaciones sin fines de lucro calificadas, incluyendo fideicomisos de tierras comunitarias, una oportunidad prioritaria para ofertar por propiedades multifamiliares en venta, con el propósito de expandir y preservar el inventario de viviendas asequibles, combatir el desplazamiento urbano y promover el desarrollo de vivienda social; establecer el proceso de notificación y plazos para ofertas; y para otros fines relacionados.
La medida PS 905, ahora rechazada, buscaba crear la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria de Puerto Rico (Ley COPA-PR). Esta ley otorgaría a organizaciones sin fines de lucro calificadas una oportunidad prioritaria para comprar propiedades multifamiliares en venta, con el fin de preservar viviendas asequibles y combatir el desplazamiento. Establecía un proceso de notificación a propietarios y plazos para que estas organizaciones presentaran ofertas antes de que la propiedad saliera al mercado abierto. El Departamento de la Vivienda tendría un rol central en la certificación de organizaciones y la publicación de intenciones de venta.
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