Qué propone
Esta medida el Artículo 3 de la Ley Núm. 43-1994, conocida como la 'Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo'. Su objetivo es armonizar las penas y delitos establecidos en dicha ley con el sistema de sentencias fijas del Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012). Establece penas de reclusión fija (de 1 a 5 años) y multas (hasta $25,000 o $250,000) según la cantidad de grabaciones (sonido o audiovisuales) involucradas o si hay reincidencia. Afecta a toda persona o entidad jurídica que viole estas disposiciones.
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Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta medida, P. del S. 64, fue el 8 de septiembre de 2025 y por la Cámara el 4 de mayo de 2026, siendo firmada como Ley 92-2026 el 26 de mayo de 2026. Entró en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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Última acción · 26 de mayo de 2026
Ley 92-2026
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar los Artículos 15, 18, 19, 19-A, 20, 21, 22, 24, 25, 26 y 27(A) de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular" a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico".
La medida PS 41 enmienda la Ley Núm. 8 de 1987 para alinear sus delitos y penas con el Código Penal de Puerto Rico de 2012. Específicamente, modifica los artículos que tipifican delitos relacionados con la propiedad vehicular, como el comercio ilegal de vehículos y piezas, apropiación ilegal, mutilación de números de identificación y posesión de vehículos o piezas con números alterados. Los cambios establecen penas fijas para estos delitos, que varían entre 6 meses y 8 años de reclusión, y en algunos casos, multas adicionales, afectando a personas que cometan estos actos.
Para enmendar la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, específicamente para añadir los incisos (jj) y (kk) al Artículo 14; crear el Título VII con Capítulo Único e incluir los Artículos 310 al 317; y añadir el inciso (k) al Artículo 64, en busca de prevenir y penalizar el uso malicioso de inteligencia artificial"
Esta medida enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para añadir definiciones de Inteligencia Artificial (IA) y Uso Malicioso de IA, crear un nuevo Título VII con delitos específicos relacionados con el mal uso de IA (como uso no autorizado de imagen, ciberacoso, fraude, cibercrimen, discriminación, violación de privacidad, desinformación y manipulación de mercados), y establecer el uso malicioso de IA como circunstancia agravante general. Afecta a cualquier persona que cometa estos actos y a las víctimas de los mismos.
Para añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 87 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico"; renumerar los actuales incisos (b), (c), (d) y (e), como incisos (c), (d), (e) y (f), respectivamente, a los fines de establecer el periodo de prescripción de diez (10) años en delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero cuando la cuantía de tales actos ascienda a quinientos mil dólares ($500,000) o más; enmendar los Artículos 9.05 y 9.06 de la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002"; y enmendar el Artículo 409 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores", a los fines de establecer un período prescriptivo de diez (10) años en los delitos y penalidades tipificados en estas Leyes; y para otros fines relacionados.
Esta ley enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para extender el período de prescripción de delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero a diez (10) años, siempre que la cuantía exceda los $500,000. También extiende este plazo a diez (10) años para delitos y penalidades bajo la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito (Ley 255-2002) y la Ley Uniforme de Valores (Ley 60-1963). La medida afecta a los acusados de estos delitos y a las víctimas o al Estado en la persecución penal.
Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 25 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico” a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 83 de 1963 (Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico) para alinear las penalidades de ciertos delitos relacionados con la pirotecnia con el sistema de penas del Código Penal de Puerto Rico de 2012 (Ley 146-2012). Específicamente, establece que la posesión de más de diez (10) unidades de material pirotécnico constituye un delito grave con una pena fija de tres (3) años de reclusión, además de una multa de hasta diez mil (10,000) dólares. La medida afecta a individuos que infrinjan la ley de pirotecnia, particularmente aquellos que posean cantidades que excedan el límite establecido.
Para enmendar el Artículo 127-A de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar la pena impuesta por cometer el delito de maltrato a personas de edad avanzada.
Esta medida enmienda el Artículo 127-A de la Ley 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para aumentar la pena por el delito de maltrato a personas de edad avanzada. El cambio busca que la pena impuesta por este delito sea mayor que la actualmente dispuesta, lo que afectaría a los perpetradores de dicho maltrato y, en teoría, ofrecería mayor protección a las personas de edad avanzada.
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