Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida corno "Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra", a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya; y para otros fines para relacionados.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 49-2003, según enmendada, a los fines de cumplir con la política pública de centralizar los procesos de permisos en la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia gubernamental que le sustituya y para otros fines para relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 2 de la Ley 49-2003 para centralizar la autorización de obras de control de inundaciones y canalización de ríos o quebradas en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP). Anteriormente, estas obras requerían autorización de agencias pertinentes, incluyendo el endoso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Ahora, la OGP será la entidad principal que otorga o deniega el permiso, solicitando previamente comentarios de las agencias, incluido el DRNA. Para solicitudes municipales, existe un plazo de 30 días laborables para la OGP; de lo contrario, se concede de forma tácita.

Para crear la “Ley para la Protección y Restauración de Dunas”; enmendar el Artículo 13 de Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según emendada, conocida como la “Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra”; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Esta medida propone crear la Ley para la Protección y Restauración de Dunas y enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 132 de 1968, que reglamenta la extracción de arena, grava y piedra. Busca proteger las dunas costeras, ecosistemas vitales para la defensa contra el mar y la biodiversidad. La enmienda al Artículo 13 aumenta las sanciones penales por extracción ilegal de materiales de la corteza terrestre, estableciendo multas de entre $100 y $500 o cárcel de hasta seis meses, lo que afecta a cualquier persona o entidad que realice estas actividades sin permiso.

Para enmendar el Artículo 8.4 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de establecer que, si una entidad gubernamental o agencia no emite sus recomendaciones dentro de los términos establecidos a la Oficina de Gerencia de Permisos, se entenderá que no tiene recomendaciones ni objeciones al proyecto propuesto; para establecer que dichas recomendaciones no serán vinculantes, y que la determinación de conceder o denegar un permiso se basará en la totalidad del expediente administrativo; para enmendar el Artículo 19.12 de la Ley 161-2009, supra, para disponer la supremacía de dicha Ley; para enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", a los fines de cumplir con la política pública de agilizar los procesos de permisos, y disponer la obligación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de asesorar, orientar, guiar y apoyar mediante comentarios a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la dependencia gubernamental que la sustituya, y a los municipios concernientes en la toma de decisiones sobre la evaluación de permisos que incidan en la política pública ambiental; así como para disponer que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina de Gerencia de Permisos adopten todas las providencias reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de esta Ley; y para otros fines para relacionados.

La medida, Ley 111-2025, enmienda la Ley 161-2009 ('Ley para la Reforma del Proceso de Permisos') para establecer que la falta de respuesta de una agencia gubernamental dentro de los plazos establecidos (15 días para proyectos ministeriales, 30 días para discrecionales) implicará que dicha agencia no tiene objeciones. Además, las recomendaciones de estas agencias ya no serán vinculantes, y la decisión final de otorgar o denegar un permiso recaerá en la totalidad del expediente administrativo. También se modifica la Ley Orgánica del DRNA para que este departamento asesore y guíe a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) y municipios en decisiones ambientales, pero sin que sus recomendaciones sean vinculantes. Afecta directamente a solicitantes de permisos, agencias gubernamentales con rol consultivo, la OGP y el DRNA.