Para enmendar los Artículos 2.03 y 15.03 de la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico", con el fin de uniformar sus disposiciones con la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico"; y para otros fines relacionados.
Qué propone
los Artículos 2.03 y 15.03 de la Ley de Salud Mental para reemplazar la referencia al Artículo 168 del Código Penal de 2004 por el Artículo 156 del Código Penal . La remisión aplica a hospitalizaciones sin criterios clínicos y a la institucionalización de adultos o menores que, tras estabilizarse, no cumplen los criterios del nivel de cuidado en que permanecen y se les priva de uno menos restrictivo y de mayor autonomía. El Artículo 156 dispone reclusión por un término fijo de tres años cuando se prueba restricción de libertad agravada; el Artículo 155 exige que la restricción ilegal y sustancial de la libertad se haga a propósito o con conocimiento. El Artículo 156(e) no exige expresamente que el autor conozca la condición mental de la persona, aunque el Código dispone como regla general que el elemento subjetivo también aplica a las circunstancias del delito. La Exposición de Motivos describe la referencia anterior como delito grave de cuarto grado; el texto nuevo remite a la pena fija de tres años del Artículo 156.
Pros
Intereses en juego
En qué va
La Ley 187-2026 está desde su aprobación el 17 de agosto de 2026. El Senado aprobó la medida el 9 de marzo sin ; la Cámara la aprobó con enmiendas el 16 de junio y el Senado concurrió el 19 de junio.
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Última acción · 17 de agosto de 2026
Ley 187-2026
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar los Artículos 4.13, 4.14 y 4.15 de la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a los fines de establecer el procedimiento para la presentación y tramitación de peticiones de evaluación, detención temporera e ingreso involuntario cuando la persona adulta no cuente con familiar, tutor legal, encargado o red de apoyo disponible; autorizar a determinados funcionarios, profesionales o representantes institucionales a activar o gestionar dicho procedimiento; establecer salvaguardas clínicas, judiciales y procesales; y para otros fines relacionados.
El Proyecto del Senado 1295 enmienda los Artículos 4.13, 4.14 y 4.15 de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000). Su propósito es establecer un procedimiento claro para solicitar evaluaciones, detenciones temporeras e ingresos involuntarios de adultos que no tienen familiares, tutores o red de apoyo disponible. Autoriza a ciertos funcionarios e instituciones a iniciar estos procesos y establece salvaguardas clínicas, judiciales y procesales para proteger los derechos del individuo.
Para enmendar los Artículos 1.06, 3.06, 4.14 y 4.15 de la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 4.13A; a los fines de crear la figura del Representante de Apoyo de Emergencia en Salud Mental para personas adultas que, durante una crisis de salud mental, no cuenten con familiar, tutor legal, encargado, representante autorizado o red de apoyo disponible; establecer sus funciones, límites, duración, designación, deberes de notificación y salvaguardas; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 1296 enmienda la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000) para crear la figura del Representante de Apoyo de Emergencia en Salud Mental. Este representante será designado por el tribunal o provisionalmente por una institución para asistir a adultos en crisis de salud mental que carezcan de red de apoyo. Sus funciones son limitadas a apoyo, enlace, notificación y coordinación temporal, sin poder sustituir la voluntad, derechos o decisiones legales de la persona, y se aplicará en casos de ingreso involuntario y extensiones de hospitalización.
“Para enmendar la sección 10 de la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, con el propósito de permitir que un equipo de especialistas de salud mental adscritos a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción puedan atender ordenes de ingreso involuntario a hospitalización según lo dispuesto en la Ley Núm. 408 de 2000; para enmendar el Artículo 4.12 de la Ley Núm. 408-2000, denominada “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, con el propósito de brindarle la capacidad al tribunal de asignar equipos de especialistas de comportamiento humano para llevar a cabo ordenes de ingreso involuntario a hospitalización; y para decretar otras disposiciones complementarias.”
Esta medida enmienda la Ley Núm. 67 de 1993 y la Ley Núm. 408 de 2000 (Ley de Salud Mental de Puerto Rico). Permite que equipos de especialistas en salud mental adscritos a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASMSCA) ejecuten órdenes judiciales de ingreso involuntario a hospitalización, en lugar de la Policía de Puerto Rico. También faculta a los tribunales a asignar estos equipos especializados para realizar dichas intervenciones.
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 67-1993, según enmendada, conocida como la "Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción", a los fines de añadir un nuevo inciso (o) que ordene a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) desarrollar, implementar y supervisar un currículo de intervención y tratamiento especializado para personas convictas por delitos sexuales, incluyendo convictos en el sistema correccional y ex confinados mientras permanezcan inscritos en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores creado por la Ley Núm. 266-2004, según enmendada; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 266-2004, según enmendada, para añadir un nuevo inciso (f) que requiera participación obligatoria en dicho currículo; establecer protocolos de colaboración con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y su proveedor privatizado de servicios médicos, Physician Correctional; requerir métricas anuales de evaluación y reportes a la Asamblea Legislativa; promover la prevención de reincidencia y la rehabilitación; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Ley de ASSMCA (67-1993) y la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales (266-2004) para que ASSMCA desarrolle e implemente un currículo de intervención y tratamiento especializado para personas convictas por delitos sexuales. Este currículo sería obligatorio para convictos en el sistema correccional y ex convictos inscritos en el Registro de Delincuentes Sexuales. Se establecen protocolos de colaboración con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y su proveedor (Physician Correctional), y se exige la presentación de métricas anuales y reportes a la Asamblea Legislativa.
“Para enmendar la Regla 241 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, con el propósito de atemperar sus disposiciones a la jurisprudencia constitucional vigente y establecer que ante una determinación de no procesabilidad permanente la persona deberá dejarse en libertad u ordenarse la internación civil al amparo de la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, Ley 408-2000, según enmendada”; y para decretar otras disposiciones complementarias.”
La medida PS 669 enmienda la Regla 241 de las Reglas de Procedimiento Criminal para clarificar que una determinación de no procesabilidad permanente de un acusado no puede ser base para imponer una medida de seguridad o internación en una institución, salvo que se inicien procedimientos civiles de internación bajo la Ley de Salud Mental. Si no se determina riesgo o beneficio de tratamiento, la persona debe ser liberada. Afecta a personas acusadas de delitos que, por incapacidad mental, no pueden ser procesadas judicialmente.
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