“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, evaluar conforme a las disposiciones…

Contras

• •La Resolución Conjunta establece que si el CEDBI no emite una determinación final en 90 días laborables, la transferencia se entenderá aprobada automáticamente. Esto podría forzar una transferencia sin una evaluación adecuada si la agencia no cumple con el plazo, creando un riesgo de gobernanza y posible discrecionalidad en la aplicación de la ley.
• •El DRNA expresó que la transferencia propuesta no es viable en este momento, ya que se encuentra elaborando un Plan para el Manejo Integrado de los Desperdicios Sólidos que contempla la evaluación estratégica de infraestructuras como la del Antiguo Centro de Transbordo. La medida podría interferir con este plan gubernamental más amplio y basado en datos.
• •El CEDBI recomendó modificar el lenguaje para permitir la evaluación de otros negocios jurídicos además de la transferencia, y destacó la importancia de información detallada sobre la titularidad y gravámenes. Aunque la Comisión no acogió la recomendación, la medida se enfoca estrictamente en la transferencia, omitiendo la posibilidad de acuerdos más flexibles que podrían ser más beneficiosos o seguros para la disposición del bien inmueble.
• •La medida ordena la transferencia a título gratuito, lo cual podría contravenir el principio de maximizar el retorno al erario público, un objetivo de la Ley 26-2017 que creó al CEDBI, a menos que la transferencia gratuita se justifique plenamente por un beneficio social o comunitario excepcional que no está explícitamente detallado en el articulado más allá de la intención de una planta de reciclaje.