Saltar al contenido

Temas Calendario Legisladores Votaciones Pregúntale Guía

Cargando…

Datos vía OpenStates y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. No afiliado a entidades gubernamentales.Política de Privacidad Términos de Uso

Vivienda y permisos

279 medidas relacionadas. Clasificación automática y aproximada.

PC 1413·Medida·Proyecto (Cámara)

Para enmendar los Artículos 4, 5, 7 y 8 de la Ley 130-2007, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar”, a los fines de fortalecer la creación y adopción de política pública interagencial y multisectorial de los servicios dirigidos a las personas sin hogar; ampliar las facultades de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas del Concilio Multisectorial; garantizar el acceso efectivo, oportuno y no discriminatorio a los servicios y beneficios gubernamentales mediante la eliminación de barreras administrativas y estructurales; fortalecer la Carta de Derechos de las Personas sin Hogar; promover mecanismos uniformes de coordinación entre las agencias y los municipios; y para otros fines relacionados.

Enmienda los Artículos 4, 5, 7 y 8 de la Ley 130-2007. Ordena a las agencias y municipios ofrecer acceso presencial cuando un servicio sea digital y prohíbe exigir requisitos adicionales a los establecidos por reglamento; añade derechos a hacer gestiones personalmente, obtener documentos mediante trámites accesibles y expeditos, y presentar querellas ante el Concilio. Reduce de 26 a un mínimo de 17 la composición del Concilio: baja de 12 a 7 los representantes gubernamentales y sube de 7 a 10 los representantes de sectores interesados, eliminando los puestos expresos de los dos CoC y los dos HMIS, entre otros. También exige evaluaciones, solicitudes de información, planes correctivos y un informe anual, además de protocolos de referidos, capacitación y seguimiento estadístico; entra en vigor inmediatamente.

●2 a favor●3 en contra

Última acción: 20 oct 2026

PS 1193·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar la Sección 2 de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de aclarar la definición de fin o utilidad pública; y para otros fines relacionados.

Enmienda la Sección 2 de la Ley General de Expropiación Forzosa: sustituye la referencia a la propiedad privada bajo el Código Civil anterior por los bienes privados definidos en el Artículo 242 del Código Civil de 2020. Añade que no constituye fin o utilidad pública expropiar para transferir el título a una persona natural o jurídica que desarrollará o utilizará el bien con fines de lucro. Mantiene la declaración de utilidad pública a cargo del Gobernador o de la persona funcionaria o agencia que designe, luego de una audiencia, y exige que se identifique la propiedad afectada. Añade una cláusula que da prevalencia a esta ley sobre cualquier ley, reglamento o norma incompatible, y dispone que entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación.

●1 a favor●3 en contra

Última acción: 20 oct 2026

PS 1560·Medida·Proyecto (Senado)

Para crear la “Ley de Inspección y Recertificación de Edificaciones Existentes de Puerto Rico”, a los fines de establecer un Programa uniforme, obligatorio, periódico y permanente para la inspección, evaluación, certificación y recertificación de las condiciones estructurales y eléctricas de determinadas edificaciones existentes, públicas y privadas; establecer las edificaciones sujetas, exclusiones, términos, periodicidad y criterios de prioridad aplicables; disponer los requisitos mínimos para la inspección estructural, la evaluación preliminar de vulnerabilidad sísmica, la evaluación estructural de segunda fase, la inspección eléctrica y las evaluaciones adicionales; establecer las cualificaciones, responsabilidades, deberes, independencia y conflictos de interés de los profesionales que realicen dichas evaluaciones; establecer los deberes y responsabilidades de los propietarios; disponer las facultades, deberes y responsabilidades de la Oficina de Gerencia de Permisos para administrar, implantar y fiscalizar el Programa; disponer la participación técnica del Comité de Revisión de los Códigos de Construcción; crear el Registro de Inspección y Recertificación de Edificaciones Existentes; establecer clasificaciones uniformes para los resultados de las inspecciones; disponer procedimientos, términos y prioridades para la corrección de deficiencias, evaluaciones adicionales, reinspecciones y cierre de hallazgos; establecer un procedimiento particular para atender condiciones peligrosas; autorizar inspecciones extraordinarias luego de terremotos, huracanes, inundaciones, incendios, explosiones, deslizamientos y otros eventos capaces de comprometer la seguridad de una edificación; disponer procedimientos de auditoría, querellas y fiscalización; establecer obligaciones particulares para inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, edificios públicos e instalaciones esenciales; establecer mecanismos de coordinación municipal e interagencial; disponer medidas de cumplimiento, multas administrativas, reconsideración, revisión y debido proceso; establecer un calendario escalonado de implantación; disponer la continuación de los trabajos relacionados con el Código de Mantenimiento de Propiedades y el “International Property Maintenance Code”; añadir un nuevo inciso (ss) al Artículo 2.3 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 18, el inciso (g) del Artículo 53 y el primer párrafo del Artículo 59 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”; sustituir el mecanismo establecido mediante la Resolución Conjunta 16-2022, preservando los trabajos técnicos y administrativos compatibles con esta Ley; y para otros fines relacionados.

Crea un programa obligatorio de inspección y recertificación estructural y eléctrica para edificios públicos y privados que cumplan los criterios de cobertura. En general, cubre edificios de más de 2,000 pies cuadrados o de tres niveles o más desde los 30 años; las instalaciones esenciales y escuelas desde los 25, y ciertos edificios en zonas de exposición ambiental acelerada desde los 25; luego de la primera inspección, el ciclo sería cada 10 años. La OGPe administraría el programa y el Registro, clasificaría resultados y podría ordenar correcciones o medidas urgentes; la fase operacional comenzaría 18 meses después de la vigencia, con incorporación escalonada de los edificios existentes. Los propietarios pagarían inspecciones, estudios y reparaciones; en condominios, las reparaciones de seguridad de elementos comunes no podrían rechazarse por votación. También propone enmiendas a la Ley 161-2009 y a los artículos 18, 53(g) y 59 de la Ley de Condominios, aunque el texto provisto se interrumpe al comenzar a reproducir la primera enmienda y no permite precisar toda su redacción.

●3 a favor●3 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PS 1590·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 130-2007, según enmendada, conocida como “Ley para crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar”, a los fines de sustituir a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) como miembro permanente del Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar; y para otros fines relacionados.

Enmienda el Artículo 7 de la Ley 130-2007 para sustituir a OCAM por la directora o el director de ODSEC entre los 12 representantes gubernamentales del Concilio. Mantiene el mínimo de 26 integrantes y no altera los siete representantes municipales ni los demás puestos. Elimina la referencia a OCAM y la opción expresa de que esa oficina estuviera representada por otra persona; ODSEC queda nombrada por medio de su directora o director, sin una opción equivalente expresa. La ley comenzaría a regir inmediatamente después de su aprobación.

●1 a favor●1 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PC 961·Medida·Proyecto (Cámara)

Para enmendar el Artículo 59 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”; a los fines de prohibir la suspensión de servicios esenciales (agua potable, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones) por falta de pago de cuotas de mantenimiento, derramas, seguros o multas; disponer mecanismos alternos de cobro; establecer definiciones y salvaguardas; y para otros fines relacionados.

El PC 961 reemplazaría por completo el Artículo 59 de la Ley de Condominios. Prohibiría a las juntas, consejos y administradores suspender agua, electricidad, gas y telecomunicaciones básicas por cualquier deuda condominial; hoy la ley permite suspender servicios que llegan por instalaciones comunes, generalmente tras dos o más plazos adeudados y con aviso previo de 15 días. Mantendría el cobro judicial, el embargo preventivo libre de fianza y la consignación de cánones de alquiler, y permitiría suspender facilidades no esenciales con aviso de 15 días, oportunidad de negociar un plan de pago y sin afectar la habitabilidad o seguridad. También impondría multas administrativas de hasta $5,000 por infracción y encargaría a DACO reglamentos y un registro de querellas y sanciones; las juntas y consejos tendrían 120 días desde la aprobación para ajustar sus reglamentos, y la ley entraría en vigor 90 días después de aprobarse. Al sustituir el artículo vigente, eliminaría además sus penalidades de 10% tras 15 días de atraso, 1% mensual cuando se adeudan tres o más plazos y triple de la deuda por reconexión no autorizada, junto con otros detalles actuales del cobro y la suspensión.

●2 a favor●2 en contra

Última acción: 19 oct 2026

RS 628·Medida·Resolución (Senado)

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva para identificar todas las propiedades, públicas y privadas, bajo el amparo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) con el propósito de crear un Registro Único de Propiedades, y para otros fines.

La R. del S. 628 no enmienda una ley ni crea el Registro Único: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar las propiedades públicas y privadas vinculadas a la ODSEC con miras a ese registro. La Comisión debe rendir informes parciales o finales, con hallazgos y recomendaciones, dentro de 120 días de aprobada la resolución. La Exposición de Motivos estima que hay 742 comunidades especiales, 164,350 unidades de vivienda privadas y 455,500 personas; son estimados expuestos por el autor, no cifras que la resolución verifique. El encargo alcanza directamente a la Comisión y al inventario de propiedades relacionadas con las comunidades atendidas por la ODSEC, pero no ordena que se establezca el registro ni impone expresamente a la ODSEC una entrega específica de datos.

●1 a favor●2 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PC 1255·Medida·Proyecto (Cámara)

Para crear el “Catálogo de Buenas Prácticas en el Manejo de Préstamos Hipotecarios” con el fin de garantizar acceso a la justicia en el manejo de préstamos hipotecarios y durante el proceso de ejecución de hipoteca por parte de las instituciones financieras; y para otros fines relacionados.

Crea por ley el Catálogo de Buenas Prácticas y obliga a toda institución financiera a cumplir nueve prácticas sobre información, mitigación de pérdidas, atención a personas vulnerables, expedientes, mediación, estadísticas y comunicación con proveedores de servicios legales gratuitos. Entre otras cosas, exige conservar registros digitales y físicos, facilitar a la persona consumidora información del préstamo y publicar estadísticas, pero no fija el formato ni la periodicidad de estas últimas. No enmienda ni deroga leyes vigentes, y dispone que entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación. El mandato alcanza a las instituciones financieras, pero el texto no define ese término ni designa quién fiscalizaría su cumplimiento o qué remedio tendría el deudor.

●2 a favor●4 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PS 1591·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar los Artículos 3, 4 y 6 de la Ley 286-1999; añadir los nuevos Artículos 4-A, 4-B y 4-C a los fines de establecer criterios adicionales de elegibilidad; definir causas de inelegibilidad relacionadas con el incumplimiento previo de contratos de usufructo o arrendamiento; establecer parámetros para la disposición de solares remanentes o inservibles; garantizar el debido proceso de ley; establecer mecanismos de reconsideración y revisión judicial; realizar las enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.

Enmienda los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 286-1999 y añade los artículos 4-A, 4-B y 4-C. Para solicitar título, sustituye el requisito de ocupar la parcela cuando se aprobó la ley en 1999 por poseerla legítimamente y usarla como residencia permanente; también añade inelegibilidad por violencia, fraude o engaño, abandono por más de un año, uso ilícito y ciertos incumplimientos de contratos de usufructo o arrendamiento. Para solares remanentes con más de un vecino interesado, elimina la venta obligatoria al mejor postor y deja el procedimiento a reglamentación del Secretario; además, permite solicitar la compra a precio de mercado a quienes usen la parcela para otros fines o hayan incumplido esos contratos. Añade garantías expresas de notificación, oportunidad de presentar evidencia, determinación imparcial y revisión conforme a la Ley 38-2017, modifica el alcance de las exenciones de planificación y permisos, y da al Departamento 180 días para aprobar reglamentos.

●2 a favor●4 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PS 1583·Medida·Proyecto (Senado)

Para crear la "Ley de Divulgación de Información sobre Inundaciones y Riesgo de Inundación en Transacciones de Bienes Inmuebles Residenciales de Puerto Rico"; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la divulgación del historial de inundaciones y del riesgo de inundación asociado a los bienes inmuebles residenciales objeto de compraventa o arrendamiento; disponer el deber de divulgación de las personas vendedoras y arrendadoras; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor y a la Junta de Planificación para adoptar la reglamentación necesaria para la implementación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Crea una ley que obliga a quienes venden viviendas y a quienes arriendan inmuebles residenciales por 30 días o más a entregar, antes de que la otra parte quede obligada, una divulgación firmada y en el mismo idioma del contrato. Debe informar, entre otros asuntos, si los mapas oficiales identifican riesgo de inundación, inundaciones o daños por agua que conozca la parte divulgadora, reclamaciones de seguro y ayudas recibidas; para solares vacíos destinados a vivienda solo exige información objetiva. En arrendamientos vigentes, la divulgación se entrega antes de la primera renovación; se excluye, entre otras transacciones, la venta del edificio residencial completo de 5 o más unidades. La Junta de Planificación y DACO deben adoptar reglamentos dentro de 180 días de la aprobación, y la ley entraría en vigor inmediatamente después de aprobarse.

●2 a favor●3 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PS 1173·Medida·Proyecto (Senado)

Para establecer la “Ley para Simplificar el Sistema de Permisos de Puerto Rico” a los fines de declarar como política pública que los procesos que rigen la emisión de permisos sean sencillos, de suerte que impulsen el desarrollo y el disfrute de la propiedad, sin desplazar nuestra responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales; sustituir el Permiso Único por el Registro de Uso, el cual tendrá un carácter declarativo y se regirá por la Intensidad del Uso Propuesto, así como simplificar los permisos de construcción con la creación de Permiso de Construcción Integrado; enmendar los artículos 1.5, 2.3, 2.7, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4B, 9.6, 9.9, 9.12 y eliminar el actual artículo 8.4A, de la la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, ordenar reglamenatación aplicable y para otros fines relacionados.

Es el texto que aprobó el Senado: un Proyecto Sustitutivo de 868 páginas que funde en un solo Código de Planificación y Permisos dos medidas. Del PS 1183 (la reforma de la administración) toma la estructura: un Código que sustituye la Ley 161-2009, con una Oficina Central de Permisos en el DDEC, un Reglamento Único, profesionales privados que certifican y fiscalización después. De este PS 1173 (de Thomas Rivera Schatz) toma el núcleo: el Permiso Único desaparece y el negocio hace un Registro de Uso declarativo y abre el mismo día si su uso no excede la intensidad permitida al predio, según una Escala de Intensidades de 10 niveles que solo la Legislatura puede cambiar. El permiso de construcción pasa a ser una autocertificación jurada. A diferencia del PS 1183 radicado, la Junta de Planificación no desaparece: se enmienda su ley, baja a 3 miembros y es ella quien adopta el Reglamento Único, que vuelve a estar sujeto a la LPAU y a los tribunales. Deroga 11 leyes, enmienda unas 30 y ordena reclasificar en 6 meses el Suelo Rústico Especialmente Protegido que no sea agrícola ni identifique el DRNA como sensible. El texto con las enmiendas en sala del 13 de octubre no se ha publicado; lo que se sabe de ellas viene del voto explicativo de la senadora Joanne Rodríguez Veve.

●4 a favor●4 en contra

Última acción: 19 oct 2026

PS 1404·Medida·Proyecto (Senado)

“Para crear la “Ley para la Gestión de Fondos de Recuperación Destinados a la Compra de Viviendas y la Repoblación de Municipios”, a los fines de garantizar la adquisición de vivienda libre de discriminación para las personas participantes de programas de recuperación o mitigación tras desastres subsidiados con fondos federales, incluyendo los financiados mediante la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario por Desastre (CDBG-DR) y la Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario para Mitigación (CDBG-MIT); estabilizar la población de los municipios durante los procesos de recuperación y reconstrucción tras desastres; establecer las prácticas discriminatorias que se pretenden erradicar en el acceso a una vivienda; disponer los mecanismos procesales para la tramitación de querellas y las sanciones administrativas aplicables; establecer responsabilidades del Departamento de la Vivienda; facultar a dicho Departamento para adoptar la reglamentación necesaria; disponer que la implantación se realice con recursos existentes y sin asignaciones adicionales del Fondo General; y para otros fines relacionados.”

Crea una ley que prohíbe discriminar contra participantes de programas federales de recuperación o mitigación por usar esos fondos para adquirir, reparar o reconstruir su vivienda principal; alcanza, entre otros, a vendedores, corredores y tasadores, y prohíbe rechazar o alterar las condiciones de una venta por esa razón. Permite presentar querellas ante Vivienda, que debe referirlas a HUD en 2 días laborables; si HUD no atiende en 90 días o decide no intervenir, Vivienda podrá asumir el caso, y podrá imponer multas de $1,000 a $5,000 por violación. Excluye ciertas ventas de entidades religiosas y las de particulares que venden sin corredor, salvo que sean dueños de más de 2 viviendas, y reconoce excepciones como ofertas más favorables de compradores que no usan esos programas. Ordena al Departamento informar sobre requisitos y demoras materiales, y adoptar o enmendar reglamentos en un máximo de 180 días; la implantación se hará con recursos existentes y fondos federales legalmente disponibles, sin asignaciones adicionales del Fondo General, y la ley entraría en vigor tras su aprobación. No deroga disposiciones vigentes.

●3 a favor●4 en contra

Última acción: 16 oct 2026

RS 474·Medida·Resolución (Senado)

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre la implementación y nivel de cumplimiento del Departamento de la Vivienda y de la Compañía de Turismo de Puerto Rico con las disposiciones de la Ley Núm. 105-2025, conocida como “Ley de Alojamiento Temporero para los Residentes de Vieques y Culebra”, particularmente en lo relativo al establecimiento y funcionamiento del programa de alojamiento temporero; la adopción de reglamentación; la formalización de acuerdos interagenciales; el cumplimiento con el término para la implantación del programa; y, para otros fines relacionados.

No enmienda la Ley 105-2025: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar cómo el Departamento de la Vivienda y la Compañía de Turismo cumplen esa ley. La investigación debe cubrir, en particular, el establecimiento y funcionamiento del programa de alojamiento temporero, la reglamentación, los acuerdos interagenciales y el término para implantarlo. La Comisión puede solicitar información y documentos, citar personas y celebrar reuniones, vistas públicas y oculares; debe rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 120 días de la aprobación.

●2 a favor

Última acción: 16 oct 2026

RS 252·Medida·Resolución (Senado)

Para ordenar a las comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las propiedades abandonadas, el manejo de estorbos públicos y expropiaciones forzosas, el cumplimiento de la Ley 114-2024 y el Artículo 4.011 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, así como la evaluación de modelos exitosos en el manejo de propiedades abandonadas, incluyendo los implementados por organizaciones sin fines de lucro y municipios.

La resolución no enmienda ni deroga leyes: ordena a las comisiones senatoriales de Vivienda y Bienestar Social y de Asuntos Municipales investigar las propiedades abandonadas, los estorbos públicos, las expropiaciones y el cumplimiento de la Ley 114-2024 y del Artículo 4.011 del Código Municipal. También les encarga evaluar modelos de manejo de propiedades abandonadas de municipios y organizaciones sin fines de lucro. Para la investigación, autoriza vistas, citaciones, requerimientos de información y documentos e inspecciones oculares. Exige un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes del cierre de la 4ta. Sesión Ordinaria, en noviembre de 2026.

●2 a favor●2 en contra

Última acción: 16 oct 2026

RCC 418·Medida·Res. Conjunta (Cámara)

Para denominar la estructura urbana conocida como Centro Comunal Extensión Sábalos Gardens en el municipio de Mayagüez, con el nombre de Gilberto Pizzini Mitchell.

La Resolución Conjunta denomina la estructura conocida como Centro Comunal Extensión Sábalos Gardens, en Mayagüez, Centro Comunal Gilberto Pizzini Mitchell; no enmienda ni deroga una ley general. Asigna al Departamento de la Vivienda la gestión y los trámites necesarios, conforme a la Ley Núm. 55 de 2 de noviembre de 2021. Entra en vigor inmediatamente después de aprobarse y no establece un plazo para completar esos trámites ni identifica fondos específicos.

●1 a favor●1 en contra

Última acción: 15 oct 2026

PS 1403·Medida·Proyecto (Senado)

“Para enmendar la Ley Núm. 97 de 10 de Junio de 1972, según enmendada , conocida como “Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda”; a los fines de añadirle un nuevo Artículo 4–D; establecer el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad; establecer las facultades y deberes sobre los terrenos del Departamento de la Vivienda; agilizar los procesos de usufructo, arrendamiento y otorgación de títulos; realizar enmiendas técnicas; derogar la Ley 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada; derogar Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada; derogar la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999; derogar los Artículos 73-A, 73-A-1, 74, 75, 76, 76-A, 76-B, 76-C, 76-D, 77, 78 y 79 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941; y para otros fines relacionados.”

Junta en la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda, en un nuevo Artículo 4-D, las reglas para dar usufructos, arrendar y vender solares y conceder títulos de propiedad que hoy están en tres leyes viejas, que deroga enteras: la Ley 35-1969 (títulos de $1 a usufructuarios de las parcelas de la Ley de Tierras), la Ley 132-1975 (viviendas enclavadas en terrenos ajenos) y la Ley 286-1999 (solares gravados o afectados), además de 12 artículos de la Ley de Tierras de 1941. Mantiene el título por $1 para usufructuarios que cumplan y para ocupantes de escasos recursos, pero alarga de 5 a 10 años el plazo en que deben devolver parte del valor si venden, hipotecan o alquilan. Deja al Secretario de la Vivienda, por orden administrativa o reglamento, el límite de ingresos y el precio para quien gane más, que hoy fija la Ley 132. Exige no tener deudas con el Gobierno, ordena a las agencias transferir gratis a Vivienda los terrenos públicos donde haya casas y da preferencia a veteranos, víctimas de violencia doméstica, personas con impedimentos, familias monoparentales y empleados públicos sin propiedades. Rige al firmarse.

●4 a favor●4 en contra

Última acción: 15 oct 2026

RCC 299·Medida·Res. Conjunta (Cámara)

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de Planificación a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto en la Ley 107 del 3 de julio de 1974, según enmendada, al predio de terreno marcado con el número 7 en el plano de Subdivisión de la finca Pasto, sita en el barrio Pasto del término Municipal de Morovis, Puerto Rico; compuesto de quince punto nueve mil seiscientos noventa y ocho cuerdas (15.9698), finca número 7542 inscripción primera, inscrita al folio 147 del tomo 150 de Orocovis, Registro de la Propiedad de Barranquitas, a favor de Don Florentino Negrón Rodríguez y Doña Otilia Jiménez.

Ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de Planificación liberar las restricciones de preservación e indivisión del predio núm. 7 de la finca Pasto, en el barrio Pasto de Morovis, de 15.9698 cuerdas, finca núm. 7542. No es una venta ni un traspaso a un nuevo titular, así que no fija precio; el texto identifica como titulares a Don Florentino Negrón Rodríguez y Doña Otilia Jiménez. La liberación se limita a los predios que sea necesario segregar, con un máximo de 800 metros cuadrados cada uno; no permite segregaciones adicionales y mantiene las restricciones en el remanente. Hay una discrepancia en la identificación registral: la descripción inicial indica tomo 150, mientras la Sección 1 indica tomo 158.

●4 garantías●2 reparos

Última acción: 15 oct 2026

PC 1117·Medida·Proyecto (Cámara)

Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 158 2015, según enmendada, conocida como la “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de añadir un nuevo inciso II que disponga como facultad del Defensor de las Personas con Impedimentos la emisión de una certificación, en forma de un letrero distintivo, para instalaciones públicas y privadas que cumplan sustancialmente con los requisitos de accesibilidad establecidos en la Ley Federal Americans with Disabilities Act (ADA); y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 1117 enmendaba el Artículo 2.08 de la Ley Núm. 158-2015, conocida como la Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI). Proponía facultar al Defensor de las Personas con Impedimentos para emitir certificaciones oficiales, en forma de un letrero distintivo, a instalaciones públicas y privadas que cumplan sustancialmente con los requisitos de accesibilidad de la Ley Federal Americans with Disabilities Act (ADA). La DPI establecería mediante reglamento los criterios y procedimientos para esta certificación. El letrero serviría para informar al público sobre el cumplimiento, y su uso indebido estaría sujeto a sanciones administrativas. Afectaría a establecimientos que busquen esta certificación y a las personas con impedimentos que la usarían como guía.

●2 a favor●4 en contra

Última acción: 9 oct 2026

PS 1335·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar los Artículos 730, 1594, 1602 y 1603, y añadir los nuevos Artículos 1603A, 1603B y 1603C a la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de establecer reglas sobre el uso exclusivo de inmuebles hereditarios, la compensación por frutos civiles, la administración provisional de dichos bienes, y la liquidación de gastos, mejoras y créditos entre coherederos; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa enmienda el Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para establecer reglas claras sobre el uso exclusivo de inmuebles hereditarios por uno o más coherederos, o por terceros relacionados. Crea nuevos artículos (1603A, 1603B, 1603C) y modifica otros (730, 1594, 1602, 1603) para definir cuándo dicho uso genera una obligación de compensación a favor de la comunidad hereditaria o de los coherederos afectados. Establece mecanismos para calcular el valor neto razonable de dicho uso (canon), regular gastos, mejoras y créditos entre coherederos, y autoriza medidas provisionales judiciales para la administración y conservación de estos bienes antes de la partición final. Afecta directamente a herederos, coherederos, herederos aparentes y terceros que ocupen o utilicen inmuebles en una herencia indivisa.

●4 a favor●4 en contra

Última acción: 9 oct 2026

PS 1337·Medida·Proyecto (Senado)

Para enmendar los Artículos 35.6, 35.7 y 35.8 de la Ley Núm. 239-2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, a los fines de aclarar el procedimiento de separación y lanzamiento en cooperativas de vivienda; disponer su relación con el procedimiento ordinario de desahucio; y para otros fines relacionados.

Enmienda los artículos 35.6, 35.7 y 35.8 de la Ley 239-2004, que rigen la separación y el lanzamiento en cooperativas de vivienda. Exige que la notificación al socio incluya los hechos, la decisión, el plazo para desalojar y el derecho a revisión, y que se acompañe de la resolución y una certificación de que se cumplió el procedimiento; también reconoce medidas razonables y proporcionales de protección y exige respetar las salvaguardas de programas estatales o federales de vivienda. Establece que el lanzamiento relacionado con la separación de un socio, incluso contra quien ocupa por medio de este, se tramite por el proceso cooperativo especial y no por el desahucio ordinario; la solicitud debe incluir documentos certificados y el tribunal verifica las garantías mínimas, mientras se mantienen el plazo inicial de 30 días y los 40 días para desalojar después de la orden judicial. La revisión de estas determinaciones tampoco se rige por los requisitos, términos, fianzas o efectos del desahucio ordinario; se permite pedir que el tribunal suspenda el lanzamiento por causa justificada y no se exige fianza para solicitar revisión de la orden, salvo que otra disposición legal la exija expresamente. La ley aplicaría inmediatamente y también a ciertos casos pendientes sin orden final y firme de lanzamiento, sin reabrir decisiones finales ni afectar derechos adquiridos.

●2 a favor●2 en contra

Última acción: 8 oct 2026

RS 618·Medida·Resolución (Senado)

Para ordenar a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre la cantidad de condominios existentes en Puerto Rico sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal; la cantidad de estos que se encuentran debidamente registrados ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, así como en el registro que ordena mantener el Artículo 67 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”; la cantidad de unidades de vivienda y de personas que residen en dichos inmuebles; y para otros fines relacionados.

La R. del S. 618 no enmienda la Ley 129-2020 ni crea derechos u obligaciones para condominios; ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado investigar el inventario de inmuebles bajo propiedad horizontal, sus registros en DACO y en la base de datos del Artículo 67, y la cantidad de unidades y residentes. La investigación incluye desglose por municipio y clasificación residencial, comercial o mixta, además del estado de los registros, estimados de ocupación y población, condición estructural, planes de emergencia, agua, energía y financiamiento para resiliencia. La Comisión debe rendir un primer informe parcial dentro de 90 días de aprobada la resolución, pero el texto no fija fecha para completar la investigación ni para un informe final. No asigna fondos.

●2 a favor●2 en contra

Última acción: 8 oct 2026

PC 1489·Medida·Proyecto (Cámara)

Para añadir los Artículos 3A, 35A, 49A, 49B, 53A y 55A a la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de establecer inspecciones periódicas de seguridad estructural; requerir estudios de reservas por componentes y planes de financiamiento; disponer deberes de documentación, divulgación y corrección; autorizar la implantación coordinada por la Oficina de Gerencia de Permisos y los municipios con jurisdicción; establecer un régimen transitorio y garantías procesales; y para otros fines relacionados.”

Añade los Artículos 3A, 35A, 49A, 49B, 53A y 55A a la Ley de Condominios, creando obligaciones nuevas para edificios residenciales o mixtos de tres o más pisos habitables; excluye del programa periódico las estructuras de hasta cuatro viviendas y tres pisos o menos. Establece inspecciones profesionales a los 30 años y cada 10 años, con un calendario transitorio para edificios existentes: los de 40 años o más completarían la primera fase dentro de 24 meses de la notificación y los de 30 a 39 años dentro de 36 meses; ante deterioro sustancial exige plan de corrección y reparaciones según el riesgo, generalmente iniciadas dentro de 365 días. Exige a todos los edificios sujetos un estudio de reservas por componentes dentro de 48 meses de la vigencia del reglamento, añade aportaciones según las necesidades identificadas y permite financiar déficits preexistentes en hasta cinco ejercicios fiscales si el flujo de fondos cubre las obligaciones a tiempo; para edificios nuevos, el desarrollador paga el informe inicial y el estudio antes de transferir la administración. También impone divulgación de informes a titulares y entrega de información técnica al comprador antes de un contrato vinculante; encarga a OGPe, coordinada con municipios, el reglamento y el registro, y autoriza multas de $100 a $1,000 por infracción, con máximo de $5,000 por procedimiento y sin acumulación diaria automática. No elimina los porcentajes de participación ni las reglas existentes de votación para gastos comunes.

●3 a favor●3 en contra

Última acción: 8 oct 2026

RCC 310·Medida·Res. Conjunta (Cámara)

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones de la Finca I, Proyecto La Victoria S-21-B en el Municipio de Camuy, Barrio Quebrada, en la Carretera 455, Km 0.4 a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de los poseedores usufructuarios don Porfirio Galán Rodríguez y doña María Ramírez Torres; considerándose las restricciones y condiciones de uso agrícola al remanente de la finca.

La medida ordena a la Autoridad de Tierras liberar las condiciones y restricciones de la Finca I, Proyecto La Victoria S-21-B, en Barrio Quebrada, Camuy, en la Carretera 455, Km 0.4, con cabida de 1,000 metros cuadrados, para permitir su segregación a favor de Porfirio Galán Rodríguez y María Ramírez Torres, poseedores usufructuarios. No ordena una venta ni el traspaso de título, y no fija precio; dispone que las restricciones de uso agrícola se consideren para el remanente. La Autoridad tendría un máximo de 60 días desde la aprobación para cumplir.

●1 garantías

Última acción: 8 oct 2026

PC 1375·Medida·Proyecto (Cámara)

Para añadir un nuevo Artículo 4-D a la Ley Núm. 97 de 10 de Junio de 1972, según enmendada , conocida como “Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda”; a los fines de establecer el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad; establecer las facultades y deberes sobre los terrenos del Departamento de la Vivienda; agilizar los procesos de usufructo, arrendamiento y otorgación de títulos; realizar enmiendas técnicas; derogar la Ley 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada; derogar la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada; derogar la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999; derogar los Artículos 73-A, 73-A-1, 74, 75, 76, 76-A, 76-B, 76-C, 76-D, 77, 78 y 79 de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941; y para otros fines relacionados.

La medida propone añadir un nuevo Artículo 4-D a la Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda (Ley 97-1972) para crear el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad. Busca consolidar y agilizar facultades y deberes sobre terrenos del Departamento, incluyendo procesos de usufructo, arrendamiento y otorgación de títulos. Simultáneamente, deroga por completo la Ley 35-1969 (Venta de Parcelas a Usufructuarios), la Ley 132-1975 (Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos) y la Ley 286-1999 (Traspaso/Arrendamiento de Solares y Títulos), además de varios artículos de la Ley 26-1941 (Ley de Tierras).

●4 a favor●4 en contra

Última acción: 8 oct 2026

RCS 154·Medida·Res. Conjunta (Senado)

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, cumplir con la Resolución Conjunta 65-2019, a los fines de transferir la titularidad del Edificio Anexo a la Escuela Superior Central, localizado en la parada veintiuno y medio (21.5), Avenida Ponce de León, Santurce, San Juan, al Fideicomiso de Ballets de San Juan; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta del Senado 154 ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evaluar y determinar el negocio jurídico procedente para la disposición del Edificio Anexo a la Escuela Superior Central, ubicado en Santurce, San Juan, a favor del Fideicomiso de Ballets de San Juan. Se le instruye considerar la transferencia, usufructo, arrendamiento o compraventa, y si se opta por compraventa, evaluar la acreditación de mejoras realizadas por el Fideicomiso al precio. El CEDBI deberá informar a la Asamblea Legislativa el resultado de esta evaluación dentro de noventa (90) días naturales.

●2 garantías

Última acción: 8 oct 2026