Para enmendar el Artículo 33 de la Ley 355-1999, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999”, con el propósito de aclarar que el treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos por concepto de derechos e imposición de multas conforme a las disposiciones de dicha Ley, serán remitidos a los municipios en los cuales ubiquen los rótulos y anuncios que los generaron, independientemente de que sean autónomos o cuenten con una oficina de permisología establecida.

Para enmendar el Artículo 6.026 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de disponer que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y las demás agencias públicas concernidas, destinen no menos del noventa (90%) por ciento del cobro de exacción por impacto para ser utilizado, específicamente, en mejoras, servicios, conservación y mantenimiento de las facilidades públicas que se afecten por el desarrollo al cual se le impone dicho cargo; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 6.026 de la Ley 107-2020 (Código Municipal) para exigir que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y otras agencias públicas destinen al menos el noventa por ciento (90%) de los fondos recaudados por concepto de exacciones por impacto. Estos fondos deben ser utilizados específicamente para mejoras, servicios, conservación y mantenimiento de las facilidades públicas afectadas por el desarrollo que generó el cargo. La Junta de Planificación tendrá 60 días para enmendar su reglamento y la Autoridad de Carreteras y Transportación también deberá ajustar su reglamento en el mismo plazo.

Para enmendar los Artículos 7.138, 7.148 y 7.162 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de fijar para los años fiscales 2024 al 2028, la imposición contributiva sobre el valor del inventario a base de un promedio de valoración de inventarios y de la tasa de contribución vigente para el año 2024-2025, según publicada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; para otorgar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales la facultad de requerir al Departamento de Hacienda aquella información o datos pertenecientes a los contribuyentes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, sin que esta se entienda como una renuncia a las obligaciones del Departamento o del Gobierno de Puerto Rico para con el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, todo lo cual permitirá tener un mecanismo que resuelva finalmente la sustitución del impuesto al inventario; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para fijar la imposición contributiva sobre el valor del inventario de comerciantes y negocios para los años fiscales 2024 al 2028. Permite a los contribuyentes elegir entre la tasa vigente de 2024-2025 sobre el valor actual de inventario, o una base de cálculo promediada utilizando valores de inventario de años anteriores (2021-2023 para negocios existentes). También otorga al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la facultad de requerir información al Departamento de Hacienda para resolver la sustitución del impuesto al inventario.

Para enmendar la Sección 4, de la Ley Núm. 37 de 18 de enero de 2024, a los fines de aclarar las disposiciones sobre la vigencia de dicha Ley, que enmendó varias disposiciones de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida buscaba enmendar la Sección 4 de la Ley 37 de 2024 para clarificar la vigencia y retroactividad de dicha ley, la cual a su vez enmendó el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). El objetivo declarado era resolver problemas administrativos y de implementación de programas, especialmente aquellos relacionados con vivienda asequible bajo el Programa de Sección 8, que se vieron afectados por la retroactividad original de la Ley 37-2024. Afecta directamente a los municipios, agencias gubernamentales y a las aproximadamente 50,000 familias que se benefician de programas de vivienda subsidiada.