Para enmendar los Artículos 2, 4, 7 y 8 de la Ley Núm. 6-2025, conocida como “Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional”, a los fines de incluir al Departamento de la Familia entre las agencias que deberán compartir información en el expediente digital de las personas con diversidad funcional; eximir a la “Puerto Rico Innovation and Technology Service” de la aplicación de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, en los procesos de reglamentación de esta Ley; establecer un término de diez (10) días para que las agencias concernidas digitalicen y almacenen en el expediente digital los documentos de los participantes; realizar correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Personas con diversidad funcional y sus tutores legales, al centralizar su información y facilitar el acceso a servicios. También beneficia a las agencias al estandarizar procesos y a PRITS al tener un rol central en la infraestructura tecnológica.

Preocupa a:

La ciudadanía en general y las organizaciones que abogan por los derechos de personas con diversidad funcional, por la reducción de la transparencia y participación pública en la reglamentación debido a la exención de la Ley 38-2017, y por el riesgo de incumplimiento de los plazos de digitalización por parte de las agencias.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación para la digitalización y mantenimiento recae en las agencias participantes (Salud, Familia, Educación, ARV) y en PRITS. Las decisiones finales sobre la implementación y reglamentación recaen en PRITS, en coordinación con las agencias, pero con una exención a los procesos de la Ley 38-2017.