Qué propone
La medida la del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Ley 15-1931) para añadir tres nuevos incisos a la Sección 13, ampliando las facultades de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). Concretamente, otorga jurisdicción a la OMA para atender reclamaciones sobre diferencias en el pago del salario mínimo bajo la Ley 47-2021, adjudicar otras controversias que determine el Secretario del Trabajo por (siempre que no impliquen daños y perjuicios), y atender reclamaciones sobre acomodo religioso en el empleo según la Ley 4-2017. Esto afecta a empleados y patronos al expandir el foro administrativo para resolver estas disputas.
Pros
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Intereses en juego
En qué va
Esta Ley (Ley 69-2026) fue el 12 de junio de 2025 y por el Senado el 23 de marzo de 2026, siendo firmada por la Gobernadora el 28 de abril de 2026. Entró en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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Última acción · 28 de abril de 2026
Ley 69-2026
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“Para añadir los incisos (8) y (9) a la Sección 13 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”, y enmendar dicha sección para ampliar la jurisdicción y establecer nuevas facultades a la Oficina de Mediación y Adjudicación; y para otros fines relacionados.”
La medida propone añadir dos incisos (8) y (9) a la Sección 13 de la Ley Núm. 15 de 1931, conocida como la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). El objetivo es ampliar la jurisdicción y otorgar nuevas facultades a la Oficina de Mediación y Adjudicación del DTRH. Afecta directamente a los procesos de mediación y adjudicación de disputas laborales y a los empleados y empleadores que interactúan con esta oficina.
Para enmendar la Sección 15 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”, a los fines de autorizar al Negociado de Asuntos Legales a representar a empleados que hayan pactado utilizar el arbitraje como método, para resolver las controversias que surjan al amparo del contrato privado de empleo y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para autorizar al Negociado de Asuntos Legales (NAL) a representar a empleados en disputas laborales que hayan acordado resolver mediante arbitraje bajo sus contratos privados de empleo. Esto amplía el alcance de la representación legal que el DTRH puede ofrecer a los trabajadores en el sector privado.
Para enmendar la Sección 15 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida corno "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos", a los fines de autorizar al Negociado de Asuntos Legales a representar a empleados que hayan pactado utilizar el arbitraje corno método, para resolver las controversias que surjan al amparo del contrato privado de empleo y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Sección 15 de la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Ley 15-1931) para autorizar al Negociado de Asuntos Legales (NAL) a representar a empleados en arbitrajes voluntarios pactados en sus contratos de empleo privado. También faculta al NAL para representar a trabajadores en otros foros administrativos laborales que se creen por ley. La ley entra en vigor inmediatamente tras su aprobación.
Para crear la Junta Apelativa de Relaciones Laborales de Puerto Rico como el ente cuasi-judicial exclusivo encargado de la adjudicación de controversias laborales en Puerto Rico; derogar los Artículos 3 y 10, renumerar los Artículos subsiguientes y enmendar los actuales Artículos 2, 4, 6, 8 y 15 la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”; derogar la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada; enmendar los Artículos 2, 4 y 5 de la Ley Núm. 333-2004, según enmendada; derogar el Plan de Reorganización 2-2010, según enmendado; con el propósito de establecer la estructura y funciones del nuevo ente cuasi-judicial, unificando las competencias de la Comisión Apelativa del Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación; centralizar la adjudicación de controversias laborales para mejorar la eficiencia y agilidad del sistema; eliminar redundancias y optimizar la prestación de servicios mediante la consolidación de funciones; disponer para la transferencia de fondos, propiedad y el traslado de recursos humanos al nuevo ente; atemperar el ordenamiento jurídico vigente con la nueva estructura y la política pública del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa crea la Comisión Adjudicativa de Asuntos Laborales de Puerto Rico (CAALPR) como un ente cuasi-judicial único para resolver controversias laborales. Consolida funciones de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Enmienda varias leyes clave, incluyendo la Ley de Relaciones del Trabajo (Ley 130-1945), la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público (Ley 45-1998) y la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Ley 8-2017). Afecta a empleados públicos y privados, patronos, organizaciones obreras y funcionarios del gobierno, centralizando la adjudicación de disputas laborales.
Para añadir un nuevo Artículo 5-A a la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, a los fines de establecer el deber de justa representación de las organizaciones obreras; disponer su término prescriptivo; aclarar el efecto de laudos arbitrales; y para otros fines relacionados.
La medida propone añadir un nuevo Artículo 5-A a la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (Ley Núm. 130 de 1945). Este nuevo artículo establecería el deber de 'justa representación' para las organizaciones obreras que actúan como representantes exclusivos de los empleados. Define los parámetros de esta representación, establece un término prescriptivo de un año para reclamaciones por incumplimiento, y aclara el efecto de los laudos arbitrales en relación con reclamaciones individuales. Afecta directamente a los empleados unionados y a las organizaciones obreras que los representan.
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