Qué propone
Esta medida la Ley de Condohoteles de Puerto Rico (Ley 249-2008) para aclarar y modificar disposiciones sobre su alcance y la administración de condohoteles. Introduce la posibilidad de que el Administrador imponga multas y penalidades sin voto de los titulares, suspenda servicios básicos por deudas, y facilita la expansión, contracción y fusión de regímenes de condohotel. También permite la conversión de condominios a condohoteles con menos requisitos y clarifica la participación de unidades comerciales en la toma de decisiones y en el programa de arrendamiento. Afecta principalmente a desarrolladores, administradores de condohoteles, propietarios de unidades (titulares) y potenciales inversionistas en el sector turístico.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta medida, Ley 11-2026, fue el 18 de agosto de 2025 y por el Senado el 10 de noviembre de 2025, siendo firmada por la Gobernadora el 6 de enero de 2026. El trámite legislativo incluyó varias lecturas y aprobaciones con en ambos cuerpos.
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Última acción · 6 de enero de 2026
Ley 11-2026
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar la Ley 129-2020, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de fortalecer los derechos de los titulares, promover la transparencia administrativa y financiera, establecer un Capítulo especial sobre conductas delictivas, penalidades y otras medidas, y ampliar el acceso a remedios judiciales mediante estados provisionales de derecho; enmendar la Ley Núm. 140-1974, conocida como “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, para incluir expresamente las controversias relacionadas con condominios dentro de su ámbito de aplicación; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) y la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho (Ley 140-1974). Fortalece los derechos de los titulares de condominios, promueve la transparencia financiera y administrativa, tipifica delitos específicos relacionados con la administración de condominios con penas de reclusión y multas, y amplía el acceso a remedios judiciales urgentes mediante estados provisionales de derecho. Afecta a todos los titulares de condominios, juntas de directores, administradores y al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, y 25; añadir un nuevo Artículo 17; derogar los Artículos 5, 13, 14 y 20; renumerar los Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 a la Ley Núm. 181-2009, conocida como “Ley de Residencias Turísticas de Puerto Rico a los fines de actualizar y conformar el marco legal y regulatorio aplicable al producto de residencias turísticas al mercado actual; y para otros fines relacionados.
El P. de la C. 970 enmienda la Ley 181-2009, Ley de Residencias Turísticas de Puerto Rico. Actualiza definiciones, elimina la necesidad de aprobación de contratos por DACO (aunque sí deben presentarse), y clarifica el manejo de depósitos y fianzas. Introduce la figura de 'Compensación por Referido' y la exime de las regulaciones de la Ley de Bienes Raíces (Ley 10). Afecta a desarrolladores de residencias turísticas (urbanizadores) y a los compradores de estas unidades.
Para enmendar los Artículos 48, 53, 59 y 69 de la Ley Núm. 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de incluir salvaguardas y protecciones a fondos pagados por los Titulares; evitar conflictos de interés y abusos de poder por las Juntas Directivas; facilitar y agilizar las reclamaciones de los Titulares ante los foros judiciales; para disponer medidas cautelares sobre cheques o cualesquiera otros instrumentos negociables con cargos a la cuenta del Consejo de Titulares; y para otros fines relacionados
El P. del C. 1114 propone enmendar la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para fortalecer la protección de fondos de titulares, prevenir conflictos de interés y abusos por juntas directivas, y agilizar reclamaciones judiciales. Los cambios se centran en los Artículos 48, 53, 59 y 69, afectando a titulares de condominios, juntas directivas y el sistema judicial.
Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 129-2020, mejor conocida como "Ley de Condominios de Puerto Rico", a los fines de establecer que la administración de todo bien imnueble deberá notificar el reglamento a los agentes o corredores de bienes raíces según definidos por la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico", o a un potencial comprador; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda el Artículo 13 de la Ley 129-2020 (Ley de Condominios de Puerto Rico) para obligar a la administración de todo condominio a notificar el reglamento a los agentes o corredores de bienes raíces que tengan bajo su encargo la venta de una unidad, o a un potencial comprador, en un plazo no mayor de 5 días laborables. También requiere que el agente administrador solicite y registre la información de contacto del agente o corredor, y provea su propia información de contacto y la de la Junta de Directores. Si no hay agente administrador, la responsabilidad recae en el Presidente o Secretario de la Junta de Directores.
Para enmendar los Artículos 65, 66 y 69 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de establecer que toda controversia al amparo de esta Ley estará sujeta a un proceso de arbitraje obligatorio; limitar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a la revisión de la validez del proceso y el cumplimiento de derecho de los laudos emitidos; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para hacer obligatorio el arbitraje como método principal para resolver todas las controversias relacionadas con condominios. Limita la función del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a revisar la validez del proceso de arbitraje y el cumplimiento legal de los laudos emitidos, en lugar de adjudicar los casos directamente. Afecta a todos los titulares de condominios, juntas de directores y administradores, transfiriendo la adjudicación de disputas a un foro de arbitraje.
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