Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 129-2020, mejor conocida como "Ley de Condominios de Puerto Rico", a los fines de establecer que la administración de todo bien imnueble deberá notificar el reglamento a los agentes o corredores de bienes raíces según definidos por la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como "Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico", o a un potencial comprador; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 65, 66 y 69 de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de establecer que toda controversia al amparo de esta Ley estará sujeta a un proceso de arbitraje obligatorio; limitar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a la revisión de la validez del proceso y el cumplimiento de derecho de los laudos emitidos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020) para hacer obligatorio el arbitraje como mecanismo principal para resolver controversias entre titulares, juntas de directores y administradores. La jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) se limitará a revisar la validez y legalidad de los laudos arbitrales emitidos, en lugar de adjudicar los casos de hecho. Afecta directamente a los residentes de condominios, juntas de directores y administradores, quienes deberán someter sus disputas a este proceso de arbitraje obligatorio.

Para enmendar la Ley 129-2020, conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, a fin de crear comités de conciliación dentro de las asociaciones de condominios para la resolución de disputas entre condómines; establecer su composición, funciones y procedimientos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 129-2020, conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, para restablecer y crear comités de conciliación dentro de cada asociación de condominios. Estos comités tendrán la función de mediar disputas entre condóminos, atender reclamaciones contra el Agente Administrador y la Junta de Directores, y evaluar y aprobar planes de pago para cuotas de mantenimiento atrasadas. Su objetivo es ofrecer una alternativa más ágil y económica a los procesos judiciales y administrativos actuales, afectando a todos los condóminos y las administraciones de condominios en la isla.

Para derogar el Artículo 65, añadir un nuevo Artículo 65 y añadir un nuevo Artículo 66A a la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, a los fines de aclarar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), y del Tribunal de Primera Instancias para atender las controversias que se susciten bajo dicha Ley; y establecer un nuevo Proceso Adjudicativo Expedito Alterno ante DACO para atender la impugnación de acuerdos, determinaciones, omisiones o actuaciones del Consejo de Titulares, de la Junta de Directores, del director, presidente o del secretario de la Junta de Directores o del Síndico en los condominios con al menos un apartamento de uso residencial; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa busca reformar la Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley Núm. 129 de 2020) para clarificar la jurisdicción entre el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Tribunal de Primera Instancia en disputas de condominios residenciales. Crea un nuevo Proceso Adjudicativo Expedito Alterno ante el DACO, con un plazo estricto de 60 días para resolver impugnaciones contra el Consejo de Titulares, la Junta de Directores o el Síndico, requiriendo que el querellante presente toda la evidencia necesaria desde el inicio. Afecta directamente a los titulares de apartamentos en condominios con al menos una unidad residencial y a las juntas directivas y síndicos de estos condominios.