“Para conceder al Departamento de la Familia la facultad para licenciar y supervisar los establecimientos privados y públicos existentes en Puerto Rico…

Contras

• •La medida impone al Departamento de la Familia responsabilidades sustancialmente ampliadas sin una asignación presupuestaria específica ni un análisis detallado del costo de implementación, lo que la Gobernadora vetó por considerarla inviable fiscal y operativamente.
• •El esquema de inspecciones obligatorias (al menos trimestrales) a todos los establecimientos representa un reto significativo de capacidad operacional para el Departamento de la Familia, que la propia agencia indicó no tener los recursos humanos ni fiscales necesarios para asumir.
• •Aunque se crea un Fondo Especial mediante tarifas y multas, dichos ingresos son prospectivos y no garantizan los recursos iniciales necesarios para implantar la ley de manera ordenada y responsable, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera inicial del programa.
• •La medida, en su versión original, excluía explícitamente las condiciones de salud mental del alcance de la ley, dejándolas bajo la competencia de ASSMCA, pero la definición de 'persona con impedimento' podría haber generado ambigüedad o litigios si no se clarificaba adecuadamente, aunque enmiendas posteriores intentaron aclarar esto.