Para añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 3.02, y enmendar el inciso (k) del Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de establecer el derecho del conductor o propietario autorizado a no ser responsabilizado por multas administrativas o de tránsito impuestas por hechos ocurridos cuando no figuraba como titular registral del vehículo; prohibir la imposición de restricciones, bloqueos o gravámenes contra vehículos por infracciones atribuibles a un dueño anterior; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Ley 182-2025 añade un inciso (k) al Artículo 3.02 de la Ley 22-2000 y el inciso (k) del Artículo 23.05. Establece que las multas de tránsito, sanciones administrativas y cargos de peaje se adjudiquen únicamente al titular registral al momento de los hechos; obliga a las agencias a verificar el registro del DTOP antes de imponer sanciones y permite reclamar el derecho administrativa o judicialmente. Permite trasladar al expediente del dueño anterior un gravamen por una infracción previa al traspaso, y prohíbe que esa multa, bloqueo o restricción impida el traspaso, la inscripción o la renovación del vehículo; el gravamen conserva preferencia sobre otros gravámenes. Ordena al DTOP y a las entidades que administren estas sanciones establecer sistemas, revisión automática y un canal de reclamación en 90 días; la ley rige de inmediato y aplica retroactivamente a multas, gravámenes y bloqueos o impagos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida aborda la problemática de las multas de tránsito y peajes, un tema que se ha vuelto históricamente contencioso en Puerto Rico debido a las fallas técnicas en los sistemas de cobro electrónico como AutoExpreso y la imposición masiva de multas administrativas, especialmente tras la privatización de las autopistas. La ley busca mitigar el impacto de estas controversias al proteger a los conductores de ser responsabilizados por infracciones de dueños anteriores y asegurar que las sanciones se adjudiquen correctamente.
Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe
La comisión sustituyó “titular registral ” por “adquiriente” al definir cuándo una infracción no puede impedir trámites del vehículo.
En qué va
La Comisión senatorial de Transportación recomendó aprobarla el 26 de septiembre de 2025 y la comisión cameral hizo lo mismo el 13 de noviembre; el Senado la aprobó el 9 de octubre y la Cámara el 13 de noviembre. La Gobernadora la convirtió en la Ley 182-2025 el 19 de diciembre; DTOP y DACO respaldaron la medida, y DTOP indicó que no necesitaba trámites adicionales.
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Última acción · 19 de diciembre de 2025
Ley 182-2025
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (27)
En contra (1)
A favor (53)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para derogar el actual Artículo 23.06 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y sustituirlo por un nuevo Artículo 23.06, a los fines de establecer mecanismos más flexibles con relación a los planes de pago que se conceden para satisfacer las deudas por concepto de multas administrativas; para establecer los términos aplicables a los planes de pago; y para otros fines relacionados.
La Ley 52-2025 deroga y sustituye el Artículo 23.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito, que regula los planes para pagar multas al renovar o solicitar duplicados de licencias y permisos de vehículos. Para deudas de $500 o menos exige un pago inicial de 25% y permite hasta 6 meses para multas en el expediente del conductor o 90 días para multas del vehículo; para deudas de $501 a $1,000 mantiene el 25% inicial y permite hasta 12 meses o 180 días, respectivamente; para deudas mayores de $1,000 exige 15% inicial y permite hasta 48 meses o 365 días. No se aplican recargos mientras se cumple el plan; si este excede 6 meses, la licencia se expide por 12 meses y su renovación requiere certificación de Hacienda, mientras que dos pagos consecutivos sin pagar permiten revocar el permiso anual del vehículo. Para multas con más de 30 días de vencidas al 30 de junio de 2025, autoriza notificar por correo electrónico o correo general y concede 30 días desde la notificación para obtener un descuento de 10% y acogerse a un plan; los primeros $136 millones recaudados por esos planes se destinan a las aportaciones del Gobierno a los planes médicos de empleados públicos.
Para enmendar el inciso (h) del Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de reformar los plazos que los infractores de faltas administrativas de tránsito deberán pagar sus boletos; otorgar derechos a descuentos de hasta un cincuenta por ciento (50%) a infractores que paguen sus boletos por faltas administrativas de tránsito entre los primeros treinta (30) a sesenta (60) días desde haberse expedido el boleto; y para otros fines relacionados.
La medida PS 138 propone enmendar el Artículo 23.05 de la Ley 22-2000 (Ley de Vehículos y Tránsito) para reformar los plazos y descuentos para el pago de multas administrativas de tránsito. Busca otorgar descuentos mayores (hasta 50%) a quienes paguen dentro de los primeros 30 a 60 días, y extiende el plazo general para pagar a 60 días, afectando a todos los conductores que reciban multas administrativas.
Para enmendar el Artículo 23.01 de la Ley Núm. 22 de 2000, según enmendada por la Ley Núm. 102 de 2022, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de hacer automático el Incentivo de Responsabilidad Vial, eliminando la necesidad de presentación física de certificaciones por parte del conductor y estableciendo un procedimiento integrado en los sistemas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para su verificación y aplicación durante el proceso de renovación de licencias vehiculares; y para otros fines relacionados.
La medida PS 949 propone enmendar el Artículo 23.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000, según enmendada por la Ley 102-2022) para hacer automático el Incentivo de Responsabilidad Vial. Este incentivo otorga un descuento del 30% en el cargo base de renovación de licencias vehiculares a conductores sin infracciones en los 12 meses previos. La enmienda busca eliminar la necesidad de presentar certificaciones físicas, integrando la verificación de historial de infracciones en los sistemas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para su aplicación automática durante el proceso de renovación de licencias.
“Para enmendar el Artículo 23.01. de la Ley 22-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de establecer que un quince (15) por ciento del total de los importes de derechos recaudados de conformidad con los Artículos 23.01 y 23.02 de esta Ley serán destinados a los gobiernos municipales; y para otros fines relacionados.”
Esta medida legislativa busca enmendar el Artículo 23.01 de la Ley 22-2002 (Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico). Propone destinar un quince (15) por ciento del total de los derechos recaudados anualmente por concepto de permisos de vehículos de motor, según establecidos en los Artículos 23.01 y 23.02 de dicha ley, a los gobiernos municipales. El restante ochenta y cinco (85) por ciento continuaría destinado a la Autoridad de Carreteras y Transportación.
Para enmendar el Artículo 23.01 de la Ley Núm. 22- 2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer la obligación de emitir y entregar un sello visible que indique el mes de vencimiento del marbete, a fin de facilitar el cumplimiento por parte de personas de edad avanzada y otros sectores con limitaciones tecnológicas; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda el Artículo 23.01 de la Ley Núm. 22-2000 (Ley de Vehículos y Tránsito) para obligar la emisión y entrega de un sello visible que indique el mes de vencimiento del marbete vehicular. El propósito es facilitar el cumplimiento de la renovación a personas de edad avanzada o con limitaciones tecnológicas, complementando el sistema electrónico actual sin sustituirlo.
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