Para establecer el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico, establecer como política pública la garantía a la inclusión, la diversidad y el respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas, mandatar un censo dirigido a recopilar información estadística sobre la comunidad sorda en Puerto Rico, y para otros fines relacionados.

Para establecer el reconocimiento oficial del Lenguaje de Señas Puertorriqueño (LSPR) como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida PS 618, vetada por la Gobernadora, buscaba el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico. Establecía como política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar la inclusión y el respeto a los derechos lingüísticos, y facultaba a la Oficina del Enlace con la Comunidad Sorda a realizar estudios y recomendaciones para promover, preservar y fortalecer la LSP, incluyendo sus variantes regionales. Afectaba directamente a la comunidad sorda, a las agencias gubernamentales y al sistema educativo.

Para crear la “Ley del Registro de Personas con Discapacidad Auditiva en Puerto Rico”, a los fines de establecer un registro oficial que recopile y mantenga información estadística sobre las personas con discapacidad auditiva en Puerto Rico; disponer sobre su administración y objetivos; establecer las guías para su implantación; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud. Establece un registro oficial para recopilar y mantener información estadística sobre personas sordas, con el fin de mejorar la planificación de políticas públicas, la asignación de recursos y la prestación de servicios. La ley se implementará utilizando recursos existentes, sin asignación de fondos adicionales ni creación de nuevas plazas, y el Departamento de Salud tiene 180 días para adoptar el reglamento.

Para enmendar el Artículo 1.03, añadir un nuevo Artículo 10.08, y reenumerar los actuales Artículos 10.08 al 10.13 como los Artículos 10.09 al 10.14, respectivamente, de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 170-2002, según enmendada; y derogar la Ley Núm. 240-2002, a los fines de consolidar las disposiciones relativas a la alfabetización en Braille de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, promoviendo su evaluación individual y asegurando la igualdad de oportunidades educativas; y para otros fines relacionados.

La medida PS 88 enmienda la Ley de Reforma Educativa (Ley 85-2018) para consolidar y fortalecer las disposiciones sobre alfabetización en Braille para estudiantes ciegos y parcialmente ciegos. Crea un nuevo Artículo 10.08 que establece propósitos, procesos de evaluación y planificación (PEI), estándares de instrucción, requisitos para materiales educativos y certificación de maestros en Braille. También modifica la Ley 170-2002 para redirigir fondos excedentes de programas de ayuda familiar exclusivamente a la implementación de estas disposiciones de Braille, y deroga la Ley 240-2002, que trataba temas similares. Afecta directamente al Departamento de Educación, maestros, estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, y sus custodios.

Para añadir un nuevo Artículo 21 a la Ley 22-2021, conocida como "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico" a los fines de requerirle a la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico, la creación y publicación obligatoria de un catálogo de todos los servicios gubernamentales disponibles dirigidos a la comunidad sorda de Puerto Rico; reenumerar los actuales Artículos 21, 22, 23 у 24 сomo Artículos 22, 23 24 у 25, respectivamente; y para otros fines relacionados.

La medida PS 802, ahora Ley 48-2026, añade un Artículo 21 a la Ley 22-2021. Requiere que la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico cree y publique un catálogo obligatorio de todos los servicios gubernamentales disponibles para la comunidad sorda. También reenumera artículos existentes y establece mecanismos de colaboración y financiamiento para la Oficina. Afecta directamente a la comunidad sorda al mejorar el acceso a la información y a las agencias gubernamentales que deben proveer datos para este catálogo.

Para enmendar el inciso (g) del Artículo 5 de la Ley Núm. 22-2021, conocida como “Ley de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 23 del Capítulo II de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Facilidades de Salud”, a fin de requerir que exista un intérprete de señas en sus instituciones para asistir a las personas sordas en sus interacciones médicas; y efectuar correcciones técnicas.

La medida enmienda la Ley 22-2021 para expandir las facultades de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda, especificando que debe proveer servicios de interpretación y enlace en el Departamento de Salud y facilidades médicas. También enmienda la Ley 101-1965 (Ley de Facilidades de Salud) para requerir que las facilidades de salud acrediten la existencia de intérpretes de señas como requisito para la concesión de licencias, permitiendo mecanismos como contratación directa, acuerdos externos o interpretación remota. Afecta directamente a personas sordas que requieren servicios médicos y a las facilidades de salud públicas y privadas.